‘Solo te queda pedirle a Dios’: padre que vive en zozobra por violencia en Centro América

LOS ÁNGELES —  La aparente normalidad con la que Mario Mejía acude a su trabajo esconde el calvario de todos los días. Este empleado de un estudio cinematográfico en Hollywood, radicado en California en el 2001, admite que tener a parte de su familia en suelo centroamericano no solo le ha quitado el sueño.

“Tienes trabajo, pero no lo tienes todo; a veces no puedes concentrarte al 100 por ciento”, aseguró a HOY el inmigrante oriundo de El Salvador. “Siempre estás pensando qué le puede pasar a tus hijos. Te vas a la cama y no sabes qué hacer. Si a alguien no le ha pasado no lo puede entender”.

Este inmigrante se mantiene en vilo desde que el derramamiento de sangre arreció en Guatemala, El Salvador y Honduras. Lejos quedaron los conflictos civiles, el último concluyó en suelo chapín en diciembre de 1996, pero las secuelas manifestadas a través de las pandillas son más devastadoras.

Como consecuencia, desde el 2010 han ingresado a Estados Unidos más de 200 mil menores de edad no acompañados. Sin embargo, en el 2014 la ola migratoria más grande de los últimos tiempos rompió los récords, con alrededor de 68,541 niños y adolescentes cruzando el Río Grande.

El golpe es más duro para unos que para otros. En esta migración forzada algunos jóvenes lograron su libertad y obtuvieron asilo; sin embargo, hay casos de menores de edad que enfrentan una detención indefinida. En el año fiscal 2015 se reportaba que estaban 618 jóvenes en esta condición.

“Es desesperante que vengan y caigan preso, se les está dando un trato inhumano”, valoró Edvin Donado, inmigrante guatemalteco quien sufre a la distancia por la amenaza de pandillas y narcotráfico en la región donde vive su hijo de 16 años de edad, en el oriente del país.

“Nadie quiere invertir. No se puede poner una venta de tortillas, un restaurante o una empresa más grande derivado de la violencia. Es frustrante ver que la única válvula de escape es la migración arriesgando la vida”, aseguró el chapín. “No es una broma, es un peligro latente el que se vive”.

Migración forzada

En el momento que la mayor ola migratoria de menores no acompañados se gestaba en Centro América, la investigadora estadounidense Elizabeth Kennedy se encontraba en El Salvador, llegó a esa nación en octubre de 2013 y permaneció ahí hasta finales del 2014.

Kennedy, originaria de Texas, estudia a la niñez migrante desde hace seis años respaldada por la Universidad Estatal de California en San Diego. En una de sus investigaciones revela que al menos 83 muertes ocurrieron desde enero de 2014 después de ser deportados a esa región.

Al conocer sobre la detención que viven cientos de menores, algunos con un encierro mayor a los 20 meses, la investigadora plantea que no se está enfocando en las necesidades de los niños; además, cuestiona que existan centros con hasta 700 adolescentes y que la atención no es la adecuada.

“No es la respuesta correcta para recibirlos”, aseveró Kennedy. “Mi mayor preocupación es por la salud mental dentro de las cárceles, son tratados como reos. Si la situación no es estable de donde vienen, como ocurre en la mayoría, se deprimen y quieren suicidarse”.

Este ambiente es el que está empujando a muchos jóvenes a firmar la salida que no es voluntaria. “No se trata simplemente de trasladarlos a un centro penal, los jóvenes vienen huyendo de traumas”, enfatizó la especialista advirtiendo que las autoridades deben procurar la reunificación.

El trato y la discreción para colocar a los menores en un albergue o en un centro carcelario, es el aspecto en el que enfatiza Faye Hipsman, experta en migración y coordinadora de programa de California en el Instituto de Política Migratoria (MPI), con sede en Washington D.C.

“[Las decisiones] son en algunos casos subjetivas”, aseveró la analista, agregando que algunas instalaciones no son adecuadas, aunque el gobierno federal debería revisar cada mes sin reúne las condiciones seguras para darle la atención adecuada a los niños no acompañados.

A juicio de Ángela Sanbrano, presidenta del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), con las detenciones prolongadas las autoridades están favoreciendo al final a las empresas privadas, citando que en Adelanto, California el gobierno paga 160 dólares diarios por cada persona detenida.

“En esa discreción hay mucho abuso; es que se trata de un negocio que le da trabajo a quienes los cuidan y a los mismos centros, el incentivo son los fondos. Para terminar esta situación se va a necesitar mucha presión”, aseguró la activista angelina.

En el 2013, una orden emitida por el juez federal Terry Hatter dictaminó que todo inmigrante en proceso de deportación, cuyo caso se encuentra pendiente, a los seis meses de permanecer en detención tiene derecho a audiencia de fianza. Este caso es conocido como Rodríguez vs. Robbins.

A la luz de este fallo, Karla Navarrete, abogada de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla), señaló que si alguien “pasa más de seis meses es una violación inconstitucional, porque no deben tener a nadie detenido de manera indefinida”.

Mario Mejía, por su parte, no pasa un día sin pensar en la seguridad de su hija [14 años de edad] e hijastro [17]. En la actualidad, sostiene que ir a la tienda y a la escuela es para los adolescentes un camino bajo amenaza. La tranquilidad que él respira en California es la que anhela para ellos.

“Las autoridades no entienden que las familias quieren reunirse por la situación del país, lo que quieres es tener una vida normal”, aseguró el joven salvadoreño con la esperanza de tener a los suyos cerca, mientras tanto afirma que “te mortificas todos los días, solo te queda pedirle a Dios por ellos”.