Las escuelas tradicionales del LAUSD y las charter necesitan aprender a compartir

La tensión entre las escuelas charter y las tradicionales del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés) nunca ha sido mayor que en este momento. El distrito tiene dificultades financieras como resultado de la baja inscripción, mientras que un nuevo grupo filantrópico llamado Great Public Schools Initiative planea financiar más charter, que atraigan a más estudiantes del LAUSD. Éste es sólo uno de sus muchos puntos de fricción.

Pero un problema específico -compartir los campus entre ambas clases de escuelas- alborotó más sentimientos de lo necesario. La propuesta que se dio a conocer antes de la reunión de la Junta Escolar de este martes es un buen intento de reparar conflictos, pero necesita más trabajo.

Bajo una disposición de la Proposición 39, aprobada en el año 2000, la ley exige que los distritos escolares ofrezcan su espacio sobrante a las charter a cambio de un pago. Aunque en aquel momento los votantes habrán pensado que la proposición se refería a escuelas que, de lo contrario, estarían cerradas, en realidad el espacio está generalmente por debajo del cupo completo.

Algunos pocos arreglos han funcionado sin problemas, pero no ha sido así en la mayoría de los casos. Cualquiera se sorprendería de lo complicado que puede ser definir quésignifica un ‘aula vacía’. El distrito puede decir que una habitación que ‘parece vacía’ es, en realidad, un laboratorio de computación. La charter podría responder que en ese espacio nunca se imparten clases de computadora.

Y ¿cómo debe dividirse el espacio? ¿El distrito escolar, por ejemplo, debería acortar o cambiar sus horarios de recreo para acomodar a los estudiantes de la charter?

Ref Rodríguez, miembro de la Junta Escolar de LAUSD y cofundador de un grupo de escuelas charter propone crear un comité conformado por líderes del distrito y de las escuelas autónomas, para hallar un sistema más transparente y amistoso en este proceso, que se denomina como “locación dual”.

Francamente, es difícil imaginar a las dos partes solucionando amistosamente este intrincado problema. Las escuelas charter y las públicas tradicionales, que a menudo tienen culturas muy diferentes, compiten actualmente por recursos que son escasos. Un grupo de terceros, que sea aceptable para ambas partes, podría tener mejor suerte en tender puentes sobre esa brecha.

También es importante que la Junta establezca, desde el principio, las reglas claras del juego. A las escuelas tradicionales no debería exigírseles que renuncien a los salones de clase que se usan para impartir clases o realizar programas especiales, o que cambien sus horarios de receso, gimnasio o del servicio de cafetería, para acomodar a las escuelas charter. Y a éstas últimas instituciones educativas, que frecuentemente tienen menos estudiantes por salón, no se les debería dar, por ejemplo, un aula para sólo 15 estudiantes cuando a la otra escuela con la que comparte el campus se le concede un espacio para 25 o 30 alumnos. Eso no es equidad. Al mismo tiempo, es deshonesto e injusto que una escuela del distrito asegure que necesita el campo de juego durante todo el día, o que debe tener un aula especial para el laboratorio de ciencias cuando no tiene equipamiento especial para ello y nadie lo usa.

La intervención de un tercero para arbitrar estos conflictos sería beneficiosa, y sin dudas mejor que dejar que el espacio utilizable de los salones de clase se pierda en la disputa.

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Traducción: Diana Cervantes.

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