Los Ángeles tendrá que invertir $200 millones en vivienda para contrarrestar la demanda de discapacitados

El concilio de la ciudad de Los Ángeles votó a favor de poner fin a una batalla legal tras acordar invertir 200 millones de dólares en vivienda accesible para personas discapacitadas.

El acuerdo finaliza una demanda impuesta en el 2012 contra la ciudad y su equipo de desarrollo que ya no existe, donde se les acusaba no haber asegurado la construcción de apartamentos asequibles con los fondos federales accesibles a este sector.

Entre los términos la ciudad tendrá que crear un proceso de regulación donde las construcciones sean monitoreadas para la seguridad de vivienda accesible.

La querella fue sometida en nombre de Independent Living Center del sur de California, Fair Housing Council de San Fernando Valley y Communities Actively Living Independent Free, tres organizaciones que abogan por las necesidades de estos individuos.

Bajo el acuerdo, la ciudad tendrá que invertir un total de 20 millones anualmente durante 10 años para la construcción o mejoramiento este año de por lo menos 4 mil unidades accesibles.

Asimismo, el concilio acordó pagar por lo menos 20 millones de dólares en honorarios de abogados, otros 4.5 millones de dólares en daños para las víctimas y alrededor de un millón de dólares de otros gastos extras.

En una declaración, el alcalde Eric Garceti indica que el acuerdo “permite resolver un tema legal con un nivel predecible de inversión”. Y agrega que “Los Ángeles es una ciudad que se destaca por la inclusión y el acceso [de servicios] para todos’’.

“Si no hemos estado a la altura de ese compromiso, tenemos que solucionarlo
lo más rápido posible”, sostiene.

La demando surgió luego de que las organizaciones recibieron quejas de varias personas diciendo que tenían dificultades para encontrar apartamentos asequibles a pesar de sus condiciones.

Fue entonces cuando se inició una investigación donde se reveló que no existían planes de construcción de hogar para esta comunidad en Los Ángeles.

Autumn Elliott, una abogada de derechos para las personas deshabilitadas que representó a las tres organizaciones demandantes, sostuvo que el acuerdo es significativo.

“Es el único en su tipo que conozco que va a resultar en vivienda para miles de personas necesitadas”, agregó Elliott.

En total, el acuerdo cubre el desarrollo de hasta 47 mil unidades en unos 700 desarrollos.

En la actualidad, los desarrollos de vivienda que reciben fondos federales están obligados a construir por lo menos un 5 por ciento de sus unidades en hogares accesibles para personas con discapacidad motriz así como otro 2 por ciento accesible para las personas que son ciegas o sordas.

Los abogados de los grupos dijeron que el litigio en contra del equipo de desarrollo que ya no existe en la ciudad, va a continuar.