Aumenta número solicitudes de licencias para indocumentados pese a amenazas

Los Ángeles —  La promesa electoral del presidente electo, Donald Trump, de incrementar las deportaciones ha provocado un aumento del número de solicitudes de licencias de conducir en California por parte de unos indocumentados que confían en que las autoridades estatales protegerán su información personal.

“Es una de las razones por las que me vine para este estado, por lo menos quiero manejar con tranquilidad y creo que aquí las autoridades están un poco más al lado de los que no tenemos papeles”, dijo a Efe el jornalero José Hernández.

Igual que este mexicano, de 37 años, miles de inmigrantes están solicitando un permiso para poder conducir en el Estado Dorado amparados por la ley AB-60.

El Departamento de Motores y Vehículos (DMV) de California reveló que el pasado noviembre se expidieron 14 mil licencias para inmigrantes indocumentados, número incluido en los 806.000 permisos tramitados en los casi dos años de implementación de la medida.

El vocero de DMV, Armando Botello, aclaró que las autoridades policiacas estatales y federales, incluyendo el Servicio de inmigración y Aduanas (ICE), como parte de una investigación, pueden tener acceso a la información contenida en el registro de licencia de cualquier conductor, sin importar si el documento fue obtenido bajo la norma AB-60.

No obstante, agregó, los agentes no podrán saber si el conductor obtuvo su permiso bajo la ley que favorece a los indocumentados.

Las autoridades federales sólo tendrían acceso al nombre, género, descripción física, dirección, fecha de nacimiento y número de licencia de conducir.

“El DMV toma muy en serio el resguardo de la información personal de todos los portadores de licencias de manejar”, aseguró Botello.

Asegurado por esta promesa, Hernández decidió aventurarse a pedir, por primera vez, una licencia legal expedida por una autoridad.

“Tengo la matrícula consular, pero hay mucha gente que no toma en cuenta la información, entonces por lo menos si a uno le pasa algo que sepan como se llama, que no es tan invisible”, confesó el inmigrante, que se mudó desde Arizona a California hace seis meses.

No obstante, ante la posibilidad de que la Administración Trump exija a los estados revelar el estatus migratorio de sus conductores, los líderes de California ya se alistan para enfrentar una batalla legal con vistas a proteger la información y la confianza que miles de residentes depositaron en sus autoridades.

“Hemos consultado con nuestros abogados para asegurarnos que las autoridades federales no puedan acceder a esa información en cualquier proceso de deportación”, dijo a Efe el presidente encargado del senado Kevin de León.

La pelea sobre la privacidad de la información relacionada con el estatus migratorio de los conductores podría darse en las cortes y las organizaciones proinmigrantes ya están listas para dar la batalla.

Julia Harumi Mass, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, aseguró que pese a que la legislación AB-60 tiene fuertes protecciones de privacidad, es importante revisar estas regulaciones para que sean suficientemente fuertes.

Por otra parte, los activistas que se oponen a la inmigración indocumentada como Dave Ray, portavoz de la Federación para la Reforma Migratoria Americana (FAIR), han insistido que California está violando la ley federal al prohibir compartir esta información con el ICE.

Los opositores de la AB-60, que este próximo primero de enero cumplirá dos años de existencia, argumentan que la norma serviría para alentar el fraude en las votaciones a partir del 2017.

En esa fecha también entrará en vigor la ley AB1461, conocida como “Motor-Voter”, norma que registrará automáticamente a los conductores con licencia para que puedan votar. Sin embargo, las autoridades del DMV aseguran que existen mecanismos para saber quien es elegible para registrarse y quien no.

Mientras la batalla de amenazas y defensas sigue, los activistas y abogados de inmigración recomiendan a los indocumentados que tramitaron la licencia de conducir que cumplan con las normas de tránsito y paguen las multas de las que son acreedores.

“Si no pagas una multa de tránsito puedes terminar en la cárcel, y de ahí puede comenzar una pesadilla que puede terminar en una corte de inmigración o deportación”, advirtió Fernando Romo, abogado de inmigración.

Para el concejal por el Distrito 1 de Los Ángeles, Gil Cedillo, quien luchó por más de una década para que los indocumentados del estado pudieran obtener la licencia de conducir, las personas beneficiadas con este documento deben dar ejemplo de su buen uso, comprar el seguro de su auto y mantener un buen récord.

“Yo entiendo y agradezco esa oportunidad. Ahora lo difícil es pasar el examen, pero estoy seguro que lo voy a hacer y les voy a demostrar que merezco esa licencia”, afirmó Hernández.