Ley podría impedir redadas en zonas de trabajo; presionan para su aprobación

LOS ÁNGELES —  El asambleísta David Chiu (D-San Francisco) y varias organizaciones están presionando a los legisladores estatales para ayudar a trabajadores inmigrantes a tener un alivio de “la migra”, por lo menos dentro de sus lugares de trabajos.

A través de la Ley de Protección de Trabajadores Inmigrantes (AB-450), se prohibiría a los agentes de inmigración realizar redadas en los lugares de empleo sin una orden judicial.

Además, el proyecto de ley que tiene hasta el viernes para ser aprobado por el Senado, evitaría que los empleadores divulguen la información de privacidad de los empleados, tales como el número de seguro social o su estado migratorio.

“En un ambiente de división y temor, California debe seguir defendiendo a sus trabajadores, vigilar sus valores y asegurarse de que sus leyes protejan a todos nuestros residentes”, dijo Chiu a través de un comunicado.

Esta declaración fue difundida justo un día después de que el presidente Donald Trump anunciara la anulación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca).

Chiu admite tener temor de que las redadas se intensifiquen y añade que la ley debe respaldar a aquellos que ayudan a la economía a florecer, entre los que se encuentran los campesinos, los trabajadores de la construcción y los que prestan servicios hospitalarios.

Según la controladora estatal Betty Yee, si California fuera su propio país, este sería la sexta economía más grande del mundo con un producto interno bruto anual de 2.4 mil millones de dólares.

Entretanto, la mano de obra de inmigrantes indocumentados vale más de 180 mil millones de dólares anualmente.

Uno de los grupos mayormente beneficiados por el proyecto de ley serian los campesinos, el cual aproximadamente 70 por ciento en California trabajan de forma ilegal en Estados Unidos, según investigadores de la Universidad de California en Davis.

SEIU California y California Labor Federación también presionan para la aprobación del proyecto.

“California tiene la oportunidad de liderar la nación y demostrar que la respuesta al odio estúpido y al ataque indiscriminado a los inmigrantes es el respeto por los derechos legales de cada individuo”, manifestó David Huerta, presidente de SEIU-USWW.

A juicio de Huerta, esta medida también ayuda a los trabajadores a conocer sus derechos y ofrece a los empleadores claridad sobre la acción apropiada que deben tomar cuando los agentes la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) apuntan a sus negocios con incursiones indiscriminadas.

“California debe tomar todas las medidas posibles para asegurar que nuestros lugares de trabajo no se conviertan en sitio de detención ilegal y violaciones desenfrenadas”, agregó el líder sindical.

De acuerdo a los simpatizantes, uno de cada 10 trabajadores en California es inmigrante indocumentado.

Por su parte, la Cámara de Comercio de California y la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos han expresado su oposición al proyecto de ley.

La AB 450 “penaliza a un empleador por elegir cooperar con las autoridades federales de inmigración”, sostiene en un comunicado de la cámara.

Como resultado, agrega la gremial, a los empleadores se les niega “el derecho de determinar el mejor curso de acción para su negocio bajo estos difíciles circunstancias”.