20 años de soledad sufrió ciudadana deportada cinco veces, ahora amenaza con demanda millonaria

Una ciudadana de Estados Unidos amenaza a la administración de Donald Trump con una millonaria demanda, luego de asegurar que ha vivido más de veinte años de sufrimiento extremo al ser arrestada, encarcelada y deportada indebidamente por las autoridades migratorias.

La historia de Sofía Johnson-Acevedo empezó con su padre estadounidense y veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien se enamoró de una mexicana en su visita a Sonora, México.

Sofía nació unos meses después en esa región en 1962, para luego ser traída por sus padres a Estados Unidos, cuando tenía menos de un 1 año de edad.

Ahí se produjo el primer error: su entrada fue registrada como una menor migrante a la cual le otorgaron una “Green Card” en lugar de la ciudadanía automática, la que le correspondía de acuerdo a la Ley de Inmigración, por ser hija de un ciudadano estadounidense.

Años más tarde, durante los noventas, Sofía fue encontrada culpable por posesión de sustancias tóxicas y se declaró culpable de posesión de mercancía robada.

Al ser detenida, su estado legal de “residente” puso en alerta a las autoridades y la reportaron la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sin embargo, Sofía terminó cumpliendo una condena en una prisión federal-criminal y no en un centro de detención para inmigrantes indocumentados, lo que conllevó a una doble violación de sus derechos humanos.

Al cumplir su “condena” y con la supuesta “residencia permanente” revocada, en ausencia en una corte migratoria a donde nunca fue citada. Sofía fue deportada a Tijuana en cinco diferentes ocasiones que intentó cruzar.

En la primera deportación, ella pasó casi nueve años en prisión por supuestamente “falsificar su ciudadanía”.

La ciudadana pide justicia

Keith Ayers, uno de los abogados de Sofía, ha sometido una carta de demanda en contra el gobierno federal, para que reembolse a la mujer con una suma de $25 millones, por las negligencias cometidas en su contra durante años.

El gobierno no solo no investigó su reclamo de ciudadanía, sino que acusaron a Sofía de los delitos federales de reingreso ilegal y reclamo falso de ciudadanía estadounidense, dijo Ayers.

El gobierno tiene seis meses para responder a la carta, antes de que una demanda sea sometida.

“El gobierno debió saber que Sofía era ciudadana por todo el ‘camino’ de documentos en su caso. En mis 10 años de experiencia como abogado, no he visto ningún caso con tanta gravedad como este”, sostuvo el jurista.

“Literalmente el gobierno le quitó a Sofía casi 20 años de su vida a lado de su familia, y sin contar los años que estuvo en prisión por un delito que nunca cometió. Encima de eso, como hija de un veterano de la guerra ciudadano, el gobierno la ignoró”, añadió.

Ayers sostiene que los daños que sufrió Sofía son irreparables. Y sostiene que si el gobierno hace caso omiso de la misiva que pide el reembolso, procederán a demandar y responsabilizar al departamento de inmigración y todos los departamentos involucrados.

Sofía vivió en las calles de Tijuana en donde literalmente fue una mujer sin patria, sin los documentos oficiales mexicanos ni tampoco de Estados Unidos. Impedida para trabajar, con problemas con el idioma español.

“El gobierno me quitó todo”

En sus propias palabras, Sofía, de 56 años de edad, llora cada vez que cuenta su historia.

“Siento una frustración extrema porque las autoridades federales nunca me hicieron caso, a pesar de que yo les decía la verdad”, dijo.

“Cuando sufrí mis deportaciones y mi encarcelamiento no solo me hicieron daño a mí las autoridades, sino también a mi hija de 14 años a la cual tuve que dejar por mucho tiempo, a mi madre y familia. No estuve ahí cuando mi hija se casó, no compartí tiempo con mis nietos como debí hacerlo”, acotó.

Ahora enferma de la espalda y en una andadera, Sofía le achaca su degeneración física a ‘la migra’, ya que en Estados Unidos pudo haber tenido un médico que la atendiera.

“Mi madre de 85 años de edad vive en la pobreza y sin hogar, mi hermano de 58 años con epilepsias y sin poder trabajar también se ha quedado sin hogar, y lastimosamente yo no puedo ayudarlos”, dijo.

Cuando se le pregunta a Sofía qué es lo que espera del gobierno, su respuesta es “justicia a sus 20 años de soledad”.

“Nunca me van a compensar por los años lejos de mi familia, una vida truncada, frustrada y sola, pero el dinero que me puedan dar puede cubrir necesidades físicas”, agregó.

Los últimos dos años

Luego de un largo proceso e investigaciones, el abogado Ayers y el abogado Jason Wright, lograron que un juez admitiera el derecho natural a la ciudadanía de Sofía; en el 2016, Ayers fue a Tijuana a recoger a Sofía.

Al llegar a la frontera, el agente preguntó por los documentos de Sofía; el abogado trató de explicarle que tenía un permiso especial para cruzar a Estados Unidos y regularizar su situación.

La respuesta del agente fue inesperada: no solo no creyó en la palabra del abogado, sino que lo obligó a bajarse del auto, lo esposó y encerró en un cuarto junto a otros inmigrantes, todos en ropa interior.

“Si un abogado como yo puede ser detenido y esposado por tres horas, qué le pueden hacer a otras personas que no conocen sus derechos”, pregunta Ayers.

Sofía fue finalmente devuelta a México seis meses después. El Consulado de Estados Unidos en Tijuana, expidió un pasaporte americano para que finalmente pudiera regresar legalmente a ‘su país’.

Actualmente, la mujer vive en Lancaster, padeciendo de una delicada salud física y emocional, y una devastada situación económica.

El exfiscal de inmigración Eric Price, asegura que este dramático caso lo pueden estar pasando otros ciudadanos de Estados Unidos, que sufren de la falta de instrucción de agentes migratorios.

“Este es el caso más extremo, pero lo vemos suceder. Donde ICE no sigue los protocolos y no ve si las personas son ciudadanas, les da penalidades sin ver que tienen papeles”, dijo.

Jacqueline Stevens, profesora de ciencias políticas de la Northwestern University, quien supervisa la Deportation Research Clinic, asegura que entre enero de 2011 y septiembre de 2014, los tribunales de inmigración descubrieron 256 casos del gobierno que intentaba deportar a ciudadanos estadounidenses.

El mismo estudio encontró que desde 2003, más de 20,000 ciudadanos estadounidenses han sido injustamente detenidos o deportados por ICE. Eso es casi 120 ciudadanos estadounidenses al mes.