Piden desaparición de las multas bajo fianza para los encarcelados porque afecta a latinos

LOS ÁNGELES —  Activistas a favor de las minorías de escasos recursos instaron a los funcionarios, estatales y locales, a ponerle fin a las fianzas en efectivo, que las personas detenidas en la cárcel deben entregar para salir en libertad.

La petición surge de un nuevo estudio del Proyecto Million Dollar Hoods, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que destaca el desproporcionado “Precio de la Libertad”.

Solo el año pasado, se gastaron casi 41 millones de dólares en depósitos de fianzas no reembolsables en el estado, y más de 3.6 mil millones de dólares recaudados en fianza en efectivo.

“El sistema roto actual esencialmente criminaliza la pobreza”, señala el estudio.

Asimismo, mantiene a las personas de bajos ingresos, incluida una cantidad desproporcionada de latinos y afroamericanos, detenidos en la cárcel antes del juicio, simplemente porque no pueden pagar la fianza, mientras que los acusados ricos pueden comprar su libertad con facilidad.

“Los Ángeles opera el sistema carcelario más grande de Estados Unidos. El costo del encarcelamiento es más que fiscal, y afecta desproporcionadamente a las comunidades negras, latinas, de mujeres, pobres y trabajadoras en nuestro vecindario”, dijo Kelly Lytle-Hernández, profesora de estudios afroamericanos en UCLA.

“Ahora es el momento de aprobar la reforma de la libertad bajo fianza y proporcionar fondos sólidos para garantizar una implementación exitosa”, agregó.

Haciendo eco del hallazgo, el concejal del Distrito 8 de Los Ángeles, Marqueece Harris Downson, declaró que durante mucho tiempo, las comunidades negras y latinas se han enfrentado a un sistema de fianzas fundamentalmente injusto, que se supone debería proporcionar un trato igual ante la ley.

“Ahora tenemos la oportunidad de cumplir esa promesa, y asegurarnos de que a cada persona se le ofrece una oportunidad equitativa en nuestro sistema de justicia, mientras se mantienen intactas a las familias y las comunidades”, añadió.

Ivette Alé, co-coordinadora estatal de la organización Californianos Unidos por un Presupuesto Responsable, uno de los grupos que pide el cambio, advierte que “mientras una ola de reformas bajo fianza está barriendo el país, Los Ángeles debe permanecer vigilante de las llamadas ‘reformas’ que están siendo impulsadas para reemplazar la fianza monetaria”.

“Replicar los sistemas de desigualdad racial, mediante el uso de instrumentos de evaluación de riesgos, basados en el algoritmo de sesgo y el uso de la tecnología para aumentar la vigilancia de las comunidades negras y latinas, mediante el uso de grilletes electrónicos, solo servirá para ampliar el alcance del encarcelamiento”, dijo Alé.

“Lo que Los Ángeles necesita es una transformación de nuestro sistema previo al juicio, que se centre en satisfacer las necesidades de nuestra comunidad”, sostiene la activista.

Community Coalition (CC), otra organización que pide el cambio, aseguró que al priorizar la libertad de los acusados adinerados, las disparidades económicas continúan en pie.

El sistema como se encuentra en la actualidad, “afecta a las personas de color e injustamente los mantiene alejados de sus familias”, dijo Alberto Retana, presidente y director ejecutivo de CC.

El informe de UCLA indica que las tasas de detenciones de latinos sin hogar, se duplicaron entre el 2011 y 2016, lo que representa el 53 por ciento del aumento en todas las detenciones de personas indigentes.

En California, a los adultos que enfrentan cargos criminales se les garantiza el derecho a la libertad antes del juicio, excepto en algunos casos. Una forma de asegurar esa libertad es pagar fianzas.

En el Departamento de Policía de Los Ángeles, por ejemplo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, las poblaciones raciales más afectadas fueron los residentes latinos y negros.

Se estima que estas dos comunidades pagaron en combinación unos 19,614,938 de dólares y otro 10,169,118 de dólares respectivamente en depósitos no reembolsables de fianzas. Además, se pagaron 7,884,391 de dólares en nombre de mujeres a cambio de su libertad provisional.