Demandan a ICE por trasladar indocumentados de Orange a otro estado
LOS ÁNGELES — Activistas pro-inmigrantes demandan formalmente al gobierno federal por remover a los inmigrantes indocumentados que se encuentra en las cárceles del condado de Orange fuera de California.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presenta la queja en Santa Ana para impedir la acción de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), afirmando que el traslado de detenidos a otro estado es inconstitucional.
Don Barnes, sheriff del Condado de Orange, anunció a fines de marzo que sus cárceles ya no estarían abiertas para detenidos de la agencia federal. Según oficiales del condado, se deben tener camas disponibles para los residentes que ingresan con enfermedades mentales a estos lugares.
Barnes ha rescindido el contrato con ICE, por lo que la entidad deberá buscar otro lugar donde poner a por lo menos unos 300 detenidos indocumentados.
La demanda de ACLU afirma que “la transferencia de estos inmigrantes a cientos o miles de millas de distancia, hará extremadamente difícil para los inmigrantes mantener su representación legal o acceder a los tribunales”.
ACLU discute que las transferencias son innecesarias, y que ICE tiene el poder de decidir un lugar en el Sur de California para hospedar a los indocumentados sin llevarlos lejos.
La decisión de ICE, de acuerdo a la querella, “viola las leyes federales y constitucionales de la ley porque la constitución no permite al gobierno cortar la relación de abogado y cliente mediante la transferencia de individuos mientras sus casos permanecen pendientes’’.
La demanda habla también de lo difícil que los traslados del estado pueden ser para los familiares de estas personas, y el incremento de dificultad para ayudarlos en sus trámites.
Por su parte, ICE sostiene que intentan alojar a algunos de los detenidos cerca de su ubicación de detención original para reducir las transferencias, pero no dieron comentarios sobre el litigio.
La portavoz del Sheriff del Condado de Orange, Carrie Braun, señaló que esa agencia no tiene poder para decidir sobre los detenidos.
La abogada Monica Glicken, del Centro de Derecho Público, que se está asociando con ACLU en la demanda, dijo que ICE tiene todo tipo de alternativas a la cárcel que pueden usar, como el arresto domiciliario o el monitoreo por GPS.
Las únicas razones legales para mantener a los detenidos bajo custodia serían si se consideraron un riesgo de vuelo o un peligro para la comunidad, dijo Glicken, agregando que los detenidos sin antecedentes penales puedan ser puestos en libertad.
Glicken acusó a los funcionarios federales de mantener a muchos detenidos bajo custodia como un “disuasivo”.
“Están tratando de enviar un mensaje a otros inmigrantes que no debería venir aquí”, concluyó.
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