Primero fue expulsado de una milicia fronteriza, luego el FBI halló una ‘fábrica’ de armas en su hogar de San Diego
Joshua Pratchard fue sentenciado en Arizona la semana pasada a más de seis años de prisión.
TUCSON, Ariz. — Joshua Pratchard estaba entusiasmado por unirse a Arizona Border Recon, un grupo civil armado que patrulla la frontera entre Estados Unidos y México en busca de migrantes no autorizados y narcotraficantes. Quizá entusiasmado de más, pensaron algunas personas dentro del conjunto.
Pratchard había conducido más de siete horas desde su hogar, en San Diego, hasta un puesto remoto en el desierto del sur de Arizona en enero de 2018, llevando un silenciador y un rifle ilegal de cañón corto. Aunque estaba ansioso por participar en su primera misión, rápidamente se enfureció cuando el líder del grupo, Tim Foley, le informó que no se le permitiría tener un silenciador en su arma mientras patrullaba. Más aún, cuando Foley le explicó que los miembros de la milicia no podían “ponerle las manos encima” a los inmigrantes no autorizados, ni restringirlos físicamente, el recluta “se enojó visiblemente”, escribieron los fiscales del gobierno, más tarde.
A pesar de estar en la lista de personas prohibidas de poseer armas, un hombre del condado de Los Ángeles pudo acumular un arsenal de 28 armas antes de que las autoridades confiscaran las armas de fuego recientemente, anunciaron el miércoles las autoridades.
La primera misión de reconocimiento fronterizo de Pratchard con el grupo terminó siendo la última: Foley, preocupado por el comportamiento del posible vigilante y probablemente también disgustado porque Pratchard seguía discutiendo con él sobre cómo la milicia debía llevar a cabo su patrullaje, lo echó de la agrupación, de acuerdo con los registros judiciales. Pero no fue esa la última vez que el residente de San Diego hizo el largo viaje hasta las tierras fronterizas de Arizona, y sus problemas sólo estaban comenzando.
Sin que él lo supiera, presente durante su única salida con Arizona Border Recon había un informante del gobierno, que avisó del hecho al FBI. Eso, a su vez, desencadenó una investigación sobre Pratchard, quien la semana pasada fue sentenciado a más de seis años de prisión por llevar adelante lo que los fiscales describieron como una “fábrica de armas de fuego y municiones” desde su casa. Aunque sus condenas por delitos mayores le impedían tener armas, Pratchard sencillamente había comenzado a fabricar las suyas y, tal como explicó en una conversación grabada: “Simplemente se vuelven adictivas; no puedes parar”.
Entre los muchos problemas con el ‘Gran Debate de las Armas’ en estos días es que la multitud que está a favor de éstas sostiene que es una batalla de una guerra cultural, y los que se oponen quieren fingir que no es así.
El hombre de 38 años quería unirse a Arizona Border Recon porque “creía que era una forma de retribuir a su país, para ayudar a garantizar que la frontera no fuera invadida por drogas, delincuentes y una invasión de extranjeros ilegales”, escribieron sus abogados en un memo de la sentencia. Cuando eso no funcionó, comenzó a asistir a misiones de reconocimiento con la fuente confidencial del FBI, haciendo varios viajes al sur de Arizona para poder patrullar las montañas juntos.
En una audiencia de junio de 2018 en el Tribunal de Distrito de EE.UU para Arizona, un agente especial del FBI, Ryan McGee, testificó que la fuente confidencial había recibido instrucciones de mantener a Pratchard alejado de cualquier lugar donde se pudieran detectar migrantes, y que si veían a alguno, debían marcharse de inmediato. Él, por supuesto, no lo sabía, y en una conversación grabada preguntó si era probable que se toparan con algún “equipo itinerante”, un término que se refiere a bandidos que roban drogas, dinero en efectivo y armas de fuego a personas que cruzan la frontera. “Estoy deseando que ocurra”, le dijo a la fuente según los informes.
Nadie debería poder comprar o poseer, bajo ninguna circunstancia, un arma diseñada para matar a un ejército de personas o a una manada de elefantes.
Los dos entablaron una relación cercana: el informante incluso pasó una noche en la casa de Pratchard, en San Diego, y conoció a su esposa y su hijo pequeño. En poco tiempo, el aspirante a vigilante reveló que había comenzado a fabricar sus propias armas y municiones en su hogar, donde tenía una armería completa. Las grababa con números de serie fraudulentos, expuso, escogiendo fechas significativas como los cumpleaños de su esposa e hijo, y se las daba a familiares y amigos. La fuente le compró dos, y le pagó por ellas miles de dólares.
No está claro cuántas armas fabricó Pratchard en su taller casero: las autoridades encontraron sólo cuatro cuando allanaron el sitio, en junio de 2018, junto con otras cuatro armas de fuego que estaban registradas a nombre de su esposa. Pero también descubrieron que tenía equipamiento para crear muchas más, y suficiente pólvora para fabricar casi 9.000 rondas de municiones. Otras tres armas y unas 300 rondas de municiones fueron incautadas de la Ford F-150 de Pratchard.
Inicialmente, el FBI aplazó el arresto de Pratchard por cargos federales de armas de fuego porque querían averiguar a cuántas personas le vendía, y si era parte de una red de tráfico de armamento más grande, McGee testificó el año pasado. Pero en última instancia, dijo el agente, las autoridades determinaron que “el riesgo no valía la pena la recompensa” si para ello debían permitir que Pratchard permaneciera en la comunidad. Los fiscales federales, que sostuvieron con éxito durante esa misma audiencia que el sujeto representaba un peligro para la sociedad y que debía ser detenido sin fianza, señalaron una grabación en la que el acusado le hablaba a su perro. “Ve a buscarlo”, le dijo al animal, según los reportes. “Atrápalo. Ve a buscar a ese mexicano”.
Antes de que agentes federales lo arrestaran frente al Casino Del Sol, en Tucson, en junio de 2018, Pratchard tenía lo que los fiscales caracterizaron como “un largo historial de violencia e ira sin resolver”. Se alistó en el Cuerpo de Marines cuando era adolescente, pero fue dado de baja deshonrosamente menos de tres años más tarde, cuando fue hallado culpable de vender píldoras de éxtasis. En 2007, un lustro después del juicio en el tribunal militar, fue filmado pisoteando repetidamente la cabeza de un hombre al que había dejado inconsciente durante una pelea en una celebración del Oktoberfest, en San Francisco, según los registros judiciales.
Más tarde admitió que había golpeado al hombre hasta a “una pulgada de su muerte”, se declaró culpable de un cargo de agresión grave y fue sentenciado a tres años de libertad condicional y un año de reclusión comunitaria, según muestran los registros judiciales. En 2014, fue arrestado cuando su esposa le dijo a la policía que la había abusado verbalmente; le dijo que tenía cinco segundos para marcharse antes de que la lastimara, luego la levantó y la arrojó sobre la cama. Los cargos fueron desestimados.
Los registros judiciales proporcionan poca información sobre cómo, o por qué, una fuente confidencial del gobierno llegó a participar de Arizona Border Recon el año pasado. En una audiencia de junio de 2018, McGee fue circunspecto y afirmó que la agencia ocasionalmente investiga a las milicias cuando hay acusaciones de que el grupo está violando la ley. Cuando se le preguntó si el FBI se había infiltrado en Arizona Border Recon, el agente respondió: “Tenemos fuentes que han informado sobre esa agrupación”.
Foley, quien no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios el jueves por la noche, afirmó que Arizona Border Recon no es una milicia, aunque el testimonio de la corte revela que el FBI ciertamente lo considera así. En entrevistas anteriores, les dijo a los periodistas que el grupo no está violando ninguna ley, y que cree que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aprecia su ayuda. Jan Fields, una portavoz de la agrupación, declaró al Arizona Daily Star que le pidieron a Pratchard que se fuera porque quebró las normas al usar un silenciador y porque no había hablado sobre sus problemas médicos.
En febrero, Pratchard se declaró culpable de 13 cargos, incluida la posesión de un arma de fuego por un delincuente, la transferencia sin licencia de un arma de fuego y la posesión de un arma de fuego no registrada. Sus abogados argumentaron en el memorando de sentencia que probablemente haya sufrido de una enfermedad mental diagnosticada erróneamente a lo largo de su vida, alegando que recibió educación especial a una edad temprana y que fue tratado por déficit de atención (TDA), ansiedad y estrés postraumático en varios momentos. Ya en prisión, un psiquiatra lo diagnosticó como bipolar. A Pratchard también le habían recetado opioides después de caerse de un andamio y fracturarse la espalda, señalaron sus abogados. Las drogas, que todavía estaba tomando al momento de su arresto, provocaron cambios de humor y exacerbaron sus problemas de salud mental existentes. “La enfermedad mental no es una excusa”, escribieron los legistas defensores Dan Cooper y Laura Udall. “Sin embargo, sí da cuenta de aspectos críticos del comportamiento de Josh, que parecen inexplicables”.
También destacaron el trabajo de caridad de Pratchard, fundador de la organización sin fines de lucro Second Chance Fields, para restablecer los campos de juego en San Diego.
El martes, cuando fue sentenciado a 75 meses en una prisión federal, le dijo entre lágrimas al juez que había “tomado una decisión realmente estúpida”, informó el Daily Star. Se había obsesionado tanto con la fabricación de armas, que ese pasatiempo ilegal se interpuso en el camino de sus relaciones, hasta el punto de que comenzó a poner excusas a su esposa para no ir a la iglesia, explicó. “Ya no quiero tener nada que ver con las armas”, dijo. “Son la desgracia de mi existencia”.
Noori Farzan es redactora de planta de The Washington Post.
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