Fiscalía de California quiere terminar con las deportaciones fast-track
El fiscal general de California pidió el lunes al secretario interino de Seguridad Nacional (DHS) que revoque una regla del gobierno del presidente Trump que amplía las deportaciones por vía rápida para los inmigrantes no autorizados que no pueden probar que han estado en el país durante al menos dos años.
Bajo estas deportaciones, oficialmente conocidas como deportaciones expeditas, las personas no reciben las protecciones del debido proceso legal disponibles en casos normales de deportación, como el derecho a un abogado o a una audiencia ante un juez de inmigración.
El procurador general Xavier Becerra dijo que la política del gobierno de Trump es otro intento de “intimidar a las familias inmigrantes vulnerables”.
ICE puede arrestar y deportar más rápidamente a los inmigrantes indocumentados en cualquier parte de Estados Unidos - sin necesidad de ir ante un juez de inmigración - bajo una nueva política anunciada por la administración Trump.
“La regla permite a las oficinas de inmigración que expulsen a la gente del país en el acto desde cualquier lugar de Estados Unidos, prácticamente sin supervisión ni revisión”, dijo Becerra en un comunicado. “Es imprudente, peligroso y arriesga la deportación de residentes legales y solicitantes de asilo legítimos, quienes, por ley, deberían estar exentos”.
La deportación rápida existe desde 1996. En 2004, el gobierno federal lo aplicó exclusivamente a los inmigrantes no autorizados que habían estado en el país menos de 14 días y se encontraban a menos de 100 millas de la frontera.
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Sin embargo, este año, el gobierno de Trump amplió la aplicación de la deportación rápida para incluir a todos los inmigrantes no autorizados que han estado en el país menos de dos años y están detenidos en cualquier lugar del país.
Becerra, que se unió a otros 19 fiscales generales al escribir una carta al Departamento de Seguridad Nacional para detener la implementación de esta política, cree que existe un alto potencial de errores y consecuencias no deseadas.
Sergio Carrillo ya había sido esposado en el estacionamiento de Home Depot cuando apareció un oficial vestido con un uniforme del Departamento de Seguridad Nacional.
Por ejemplo, Becerra cree que debido a que la regla del gobierno de Trump carece de estándares legales claros, los funcionarios de inmigración pueden imponer una carga de la prueba inconsistente o poco clara a las personas detenidas. Los residentes legales, ciudadanos estadounidenses, asilados y otros con protección legal podrían ser deportados por error, dijo el fiscal general.
Además, Becerra dice que la nueva norma podría resultar en separaciones de familias. Por ejemplo, los hogares de estatus mixto, es decir, las familias formadas tanto por residentes legales como por indocumentados, podrían separarse.
Otra preocupación es que es menos probable que los inmigrantes denuncien delitos o busquen atención médica debido a la preocupación por esta nueva norma.
Cuando el gobierno de Trump anunció la nueva regla de deportación por la vía rápida en julio, los funcionarios dijeron que su objetivo era proteger la seguridad nacional y reducir la creciente acumulación de casos en los tribunales de inmigración.
“El efecto de ese cambio será mejorar la seguridad nacional y la seguridad pública, a la vez que se reducen los costos del gobierno, al facilitar la pronta determinación de la inmigración”, según un aviso del Departamento de Seguridad Nacional.
La carta con respecto a la regla de deportación fast-track es sólo el último ejemplo del fiscal general de California que desafía las políticas de la administración Trump en la corte.
El mes pasado, el procurador general Becerra pidió una orden judicial preliminar contra la ampliación de las expulsiones aceleradas. También se unió a una coalición de 20 fiscales generales en una demanda que cuestionaba el intento del gobierno de Trump de eliminar el Acuerdo de Transacción Extrajudicial de Flores, que ofrece protección para los niños bajo custodia de inmigración.
A principios de este año, Becerra también demandó al gobierno federal por lo que describió como una desviación ilegal de fondos públicos para construir un muro fronterizo a lo largo de la frontera sur.
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