Los familiares de personas asesinadas por agentes del orden enfrentan largas esperas para obtener respuestas
Sentada entre la audiencia en una reunión reciente en el ayuntamiento, Julie Díaz-Martínez levantó una pila de papeles para presentar al sheriff del condado de Los Ángeles Alex Villanueva.
Era una demanda, le dijo, presentada en nombre de familias como la suya, cuyos familiares fueron asesinados por los agentes del sheriff. Buscaban registros en el marco de la ley SB 1421, la nueva norma de transparencia que exige que las agencias del orden de California revelen registros previamente confidenciales relacionados con la mala conducta policial y los usos graves de la fuerza.
Desde que la ley entró en vigencia, el 1º de enero, el Departamento del Sheriff ha enviado miles de solicitudes de registros de miembros del público, incluidas organizaciones de noticias y vigilantes de la policía, lo cual ha provocado una acumulación que ha retrasado las respuestas, señaló el departamento.
Pero la demanda, presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en el sur de California, sostiene que el departamento se ha resistido a divulgar registros, por ejemplo, exigiendo que quienes buscan información brinden detalles específicos, como los nombres de los agentes.
De las solicitudes a 400 agencias del orden en virtud de la Ley de Registros Públicos de California, “LASD es la única agencia en el estado que denegó el pedido de ACLU en su totalidad al afirmar que la solicitud tenía un “alcance demasiado amplio y que era incapaz de producir registros receptivos”, dice la demanda.
Los retrasos han sido particularmente difíciles para las familias que buscan reunir detalles sobre encuentros fatales y cualquier acción disciplinaria para los agentes involucrados. “Esto no me permite hacer ningún tipo de cierre”, reconoció Demetra Johnson, cuyo hijo de 16 años, Anthony Weber, fue asesinado a tiros en febrero del año pasado.
En marzo, Johnson solicitó todos los registros relacionados con la investigación sobre la muerte de su hijo. El Departamento del Sheriff informó que los agentes vieron un arma en la cintura del adolescente, pero no se recuperó ningún arma de la escena. La mujer le dijo a The Times que aún no ha recibido ningún documento, pero quiere que brinden respuestas. “Espero que muestren exactamente lo que sucedió”, manifestó Johnson, una de los tres demandantes mencionados en la denuncia. “También deseo saber: ¿Este oficial lo ha hecho antes? ¿Lo ha estado haciendo desde entonces? Y si es así, tenemos que responsabilizar a este hombre”.
Villanueva dijo en la audiencia del ayuntamiento que su agencia generó más de 1.400 registros desde que el proyecto se convirtió en ley, pero aún tiene un retraso de aproximadamente 3.300 solicitudes. No está claro cuántos de los 1.400 a los que hizo referencia fueron en directa respuesta a los pedidos en el marco de la ley SB 1421. También señaló que buscó fondos de la Junta de Supervisores para 11 miembros adicionales del personal, así como software de redacción para facilitar las solicitudes. “Espero que, para fin de año, hayamos llegado al menos a la mitad”, agregó Villanueva. “Y vamos a acelerar el ritmo, a medida que capacitemos a más personas en esto... De 2018 a 2019, la demanda ha crecido probablemente más del 5.000%”.
El sheriff sugirió que la demanda, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en el sur de California, era prematura y se negó a permitir que Díaz-Martínez le entregara los papeles. Díaz-Martínez no es parte de la denuncia presentada por ACLU, que fue patrocinadora de la ley SB 1421, pero perdió a su nieto, Paul Rea, en un tiroteo en junio pasado. “Puedes presentarlo de la manera correcta, no aquí”, le dijo Villanueva.
En un comunicado, el Departamento del Sheriff anticipó que está “trabajando diligentemente para satisfacer un mandato importante no financiado” de la Legislatura.
Titulares de Hoy
“Nuestros esfuerzos de mitigación presupuestaria nos han dejado con una capacidad insuficiente para manejar el diluvio de miles de solicitudes de documentos PRA de la SB 1421. Desafortunadamente, la financiación hasta la fecha para contar con suficiente personal y equipo en la satisfacción de estas demandas aún no se ha recibido”, explica el comunicado.
Un portavoz del condado detalló que el departamento fue autorizado para contratar cinco puestos en el año fiscal 2018-2019, en pos de cumplir con las solicitudes derivadas de la SB 1421. Y este año fiscal, recibió $512.000 para financiar un abogado y un asistente legal, así como más de $200.000 para financiar los costos de horas extra que ayuden al departamento a cumplir con las solicitudes más rápidamente.
El hijo de Johnson recibió un disparo una tarde, el año pasado, cuando dos agentes respondieron a denuncias de que un joven con jeans azules y una camisa negra apuntaba con un arma de fuego a un conductor, en la cuadra 1200 de West 107th Street, señalaron las autoridades. El conductor, según el audio parcial de la llamada, dijo que temía por su vida.
Mientras caminaban, los agentes se encontraron con un chico de 16 años que coincidía con la descripción del sospechoso, y vieron una pistola metida en sus pantalones, según declaraciones del Departamento del Sheriff.
Cuando le ordenaron que no se moviera, el adolescente se fue corriendo hacia un complejo de apartamentos que es conocido como lugar de reunión de pandillas, comentaron las autoridades. Después de ingresar en un patio, se volvió hacia los agentes y uno de ellos efectuó unos 10 disparos. Los vecinos rápidamente acudieron al patio. El arma no fue encontrada; las autoridades afirmaron que esta desapareció durante la conmoción.
Johnson calificó esa acusación de ridícula y dijo que su hijo estaba desarmado. El asesinato de Anthony provocó semanas de protestas en el sur de Los Ángeles, y los líderes del condado resolvieron una demanda presentada por su familia por $3.75 millones. “Quiero que se sepa, aunque mi hijo no era el niño perfecto, en ese momento no había hecho nada malo para garantizar que lo mataran así”, comentó Johnson.
Desde que Anthony fue asesinado, Johnson dijo que no permitirá que su hijo más pequeño, de 13 años, vaya caminando a la escuela. Cuando otro hijo, de 19 años -quien está en el ejército de EE.UU- la visita, ella lo obliga a tomar un Uber hasta la biblioteca, ubicada a siete cuadras de distancia.
“Solía ser la policía; creía que eran una cierta protección”, dijo Johnson. “Pero ahora no siento que mis hijos tengan ningún tipo de protección”.
Vinly Eng perdió a su hermana, Jazmyne Eng, en 2012 cuando los agentes del sheriff del condado de Los Ángeles respondieron a un reporte de que la mujer de 40 años sostenía un martillo en el vestíbulo del Asian Pacific Family Center.
Cuando no respondió a las instrucciones para soltar el martillo, los agentes intentaron dispararle con una Taser. Luego dijeron que la mujer levantó el martillo y comenzó a avanzar hacia un agente. El compañero de este disparó su arma y la golpeó en el pecho.
En mayo, Eng, uno de los demandantes, solicitó los registros disponibles mediante la ley SB 1421, relacionados con los cuatro agentes que respondieron a la llamada. La denuncia señala que, dentro de los 12 segundos de hacer contacto visual con la mujer, un agente le disparó con su Taser (arma de electrochoque) y otro la baleó.
Ambos fueron disciplinados por apresurar sus acciones y no tomar decisiones tácticas acertadas cuando la mujer sufría una crisis de salud mental, según un informe de supervisión del condado emitido en 2013.
“Todas las familias deben ser informadas ampliamente acerca de cómo se responsabiliza a los oficiales por las acciones que toman la vida de otro, especialmente cuando una revisión consideró que las acciones estaban fuera de protocolo, como en el caso de mi hermana. Conocer esta información es importante para promover la justicia hacia Jazmyne, y que mi familia tenga consuelo”, afirmó Eng por correo electrónico.
Zachary Wade buscó registros similares relacionados con el asesinato de su sobrino Nephi Arreguín, de 21 años, quien fue baleado por un oficial del sheriff en mayo de 2015 mientras estaba en su automóvil en Cerritos. Funcionarios del condado afirmaron que Arreguín desobedeció las órdenes y chocó al oficial con su vehículo.
“Incluso hoy, este día, después de todos estos años, todavía no he recibido ninguna información”, expresó Wade. “Cuando haces preguntas al respecto, nadie quiere dar respuestas. Quieren seguir en silencio. Por supuesto, eso es nuevamente traumatizante”.
El condado de Los Ángeles resolvió mediante acuerdos los juicios presentados por las familias de Eng y Arreguín. En ambos casos, la oficina del fiscal de distrito del condado concluyó que cada agente había actuado en legítima defensa al usar la fuerza letal.
The Times es parte de una coalición de 40 organizaciones de noticias llamada California Reporting Project, que está reuniendo y analizando registros dados a conocer en el marco de la ley SB 1421.
La Oficina del Inspector General, que supervisa el Departamento del Sheriff, también se ha quejado de la falta de transparencia durante el liderazgo de Villanueva. Según un informe que la oficina publicó en agosto, numerosas solicitudes de registros públicos en virtud de la norma SB 1421 quedaron sin respuesta.
El reporte también establece que el Departamento del Sheriff bloqueó al inspector general para que no revise los paquetes de empleo -incluidas las verificaciones de antecedentes y las pruebas de polígrafo- de los candidatos a puestos de agentes, lo cual plantea la preocupación de que se hayan atenuado las normas de contratación para ampliar el grupo de candidatos.
El inspector general Max Huntsman afirmó recientemente a la Comisión de Supervisión Civil del Sheriff que no obtuvo una respuesta del Departamento del Sheriff sobre el informe, desde que este se publicó. “La única respuesta que hemos recibido es lo que acabas de escuchar, que es: ‘Si nos dicen lo que no hemos entregado, estaremos encantados de resolverlo’, dijo. “No sé qué más puedo hacer además de ponerlo en un informe, en un sitio web público”.
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