¿Quiénes son los inmigrantes exentos a la regla de ‘carga pública’?
Los Ángeles — Después de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 27 de enero de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ahora puede implementar la regla de “carga pública” relacionada con el motivo de inadmisibilidad. Sin embargo, muchos se preguntan quiénes se encuentran exentos.
En promedio, 544.000 personas solicitan la residencia permanente cada año, de ellos unos 382.000 son de categorías que serían objeto de la nueva revisión, de acuerdo con el gobierno.
Según las autoridades federales, las solicitudes de procesamiento consular con entrevistas a partir del 24 de febrero de 2020 pueden completar el nuevo formulario de cuestionario de carga pública, DS-5540, y serán evaluadas bajo la reciente regla.
Los funcionarios consulares tienen instrucciones de no negar un caso basado en una carga pública sin antes darles a los solicitantes la oportunidad de completar el DS-5540 y proporcionar documentación de respaldo, si aún no lo han hecho.
¿Quiénes están exentos de la regla?
No obstante, recalcan que la carga pública no se aplica a todos los inmigrantes. Esta ley afecta principalmente a quienes buscan el estatus de residente permanente a través de peticiones de miembros de la familia.
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Muchas categorías de inmigrantes están exentas del cargo de inadmisibilidad por ser considerados carga pública, incluso si pueden estar solicitando el estado o una tarjeta de residencia. Los titulares de la visa U, los titulares de la visa T, los asilados, los refugiados y muchas más categorías están exentos.
Las leyes de carga pública no se aplican en el proceso de naturalización, a través del cual los residentes permanentes legales solicitan convertirse en ciudadanos estadounidenses.
Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA están exentas.
Las mujeres que están embarazadas y reciben Medicaid o que necesitan asistencia pública no estarán sujetas a las nuevas normas durante el embarazo y en los 60 días posteriores al nacimiento del bebé.
El subsidio para personas de bajos recursos conocido como Medicare Part D no será considerado una prestación social. Tampoco las prestaciones que reciben los menores de edad hasta los 21 años, ni la ayuda para emergencias médicas, programas que ofrecen almuerzo escolar, adopciones u hogares temporales, préstamos estudiantiles e hipotecas, albergues para indigentes y apoyo en caso de desastres naturales.
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Las personas que sirven en las Fuerzas Armadas estarán exentas. Y las nuevas reglas no serán aplicadas en forma retroactiva.
Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA). Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano también son excluidos.
Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.
Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.
Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.
Activistas se encuentran abogando para que la regla no llegue a convertirse en fija.
Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.
La regla aún se discute
Cabe recordar, que la normativa aún es discutida en las cortes, pero la regla final se aplicará sólo a las solicitudes mataselladas a partir del 24 de febrero de 2020. Por otra parte, el DHS no considerará el uso o la solicitud de un solicitante para los beneficios públicos no monetarios recién agregados recibidos antes del 24 de febrero de 2020.
Las solicitudes de ajuste de estado que ya están pendientes con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y las mataselladas antes del 23 de febrero de 2020 se adjudicarán según los criterios vigentes antes de la nueva regla.
¿Cómo trabajará USCIS ahora?
USCIS tendrá a su cargo evaluar si los solicitantes han recibido ayuda pública. Además, para otorgar estatus de residente tendrán en cuenta factores hasta ahora fuera de los parámetros como la educación, el salario y la salud.
¿Cómo cambian las nuevas reglas la prueba de “carga pública”?
De acuerdo a Immigration Legal Resource Center (ILRC), hasta ahora, el uso de la mayoría de los beneficios públicos no era una barrera para el estatus legal en Estados Unidos, que ha sido la política durante al menos dos décadas.
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Las nuevas reglas castigan la recepción de programas vitales de salud, vivienda y nutrición, incluidos Medicaid financiado con fondos federales, apoyo SNAP (anteriormente conocidos como cupones de alimentos) y beneficios de vivienda de la Sección 8.
Sin embargo, agregar la consideración de estos beneficios al análisis de la carga pública tiene un impacto legal limitado, ya que la mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el camino hacia una “green card” no tienen acceso a estos beneficios, o si lo hacen, entonces están en una categoría de inmigrantes exentos de carga pública.
Además, las nuevas reglas ordenan a los oficiales de inmigración que consideren varios factores relacionados con la situación económica, la educación y la salud de un inmigrante.
Al hacerlo, las nuevas reglas alientan a los oficiales a usar su propio criterio para tomar decisiones importantes sobre si una persona puede inmigrar a Estados Unidos. La consideración discrecional de estos factores bajo las nuevas reglas afectará a los solicitantes de tarjetas de residencia de familias de bajos ingresos.
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