Organizaciones pro-inmigrantes piden al presidente Trump otorgue un TPS a los trabajadores esenciales
Los Ángeles — En la campaña presidencial los inmigrantes fueron calificados como “violadores” y “criminales” por el entonces candidato Donald Trump, ahora en medio de la pandemia los trabajadores, en su mayoría indocumentados, en industrias como los alimentos se convirtieron en esenciales para el presidente.
Ese mismo discurso y accionar del presidente Trump es utilizado hoy por más de 200 organizaciones pro-inmigrantes que han volcado sus esfuerzos en apoyo a los trabajadores esenciales, por lo que están pidiéndole al mandatario que apruebe un Estatus de Protección Temporal (TPS).
“Si los trabajadores han sido declarados esenciales, lo correcto es que no solo se les reconozca su importancia, sino que también se les proteja”, manifestó Guadalupe Gómez, presidente de la Federación Zacatecana de Los Ángeles, en entrevista con Los Angeles Times en Español.
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El programa TPS es una potestad que está en manos del presidente otorgar, el cual brinda un permiso de trabajo, un número de seguro social y protege contra la deportación a los beneficiarios de manera temporal.
Este tipo de amparo han recibido inmigrantes de Honduras y Nicaragua debido al paso del huracán Mitch en 1998, al igual que oriundos de El Salvador a causa de devastadores terremotos en el 2001.
Juan José Gutiérrez, presidente de Vamos Unidos USA, aseguró que el pasado 1 de junio se le envió una carta al presidente Trump con la firma de las más de 200 organizaciones y líderes que se han sumando a esta iniciativa que busca hacer justicia con los trabajadores que exponen sus vidas durante la pandemia.
“Lo justo es que el presidente actúe de forma decisiva y contundente, y les dé en lo legal el mismo reconocimiento que ya les dio cuando ordenó que no se podía parar la producción de carne”, acotó el activista sobre el inicio de la campaña que impulsan con organizaciones en todo el país.
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El pasado 28 de abril, Trump firmó una orden ejecutiva en la que obligó a las empacadoras de carne del país a permanecer abiertas, muchas de ellas habían cerrado debido a los contagios por coronavirus entre los trabajadores, como parte de la “infraestructura crítica” en Estados Unidos, según dijeron funcionarios de la administración a ABC News.
Al encontrarse en la primera línea, el riesgo de contagio y muerte es mayor. En un estudio del Environmental Working Group, se informa que al menos 60 instalaciones de procesamiento de alimentos fuera de la industria de envasado de carne han visto brotes, a la fecha indican que más de 1.000 trabajadores han sido diagnosticados con covid-19, reportó Bloomberg.
En eso se basan los líderes comunitarios para abogar no solo por los empleados de plantas de alimentos, sino también por los trabajadores agrícolas, choferes, empleados de supermercados, trabajadores de la salud y limpieza, entre otras industrias que por ser esenciales no han dejado de trabajar durante la pandemia.
“Es un mínimo que les podemos brindar a esos trabajadores esenciales; ¿cómo pueden ser llamados héroes sin beneficios?”, razonó Francisco Moreno, vocero del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem), detallando que están pidiendo un amparo migratorio por lo menos para 3 años.
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Los firmantes de la carta sostienen que en el campo de la agricultura hay unos 2.1 millones de trabajadores y unos 4 millones en la industria de salud, a quienes se beneficiaría con esta propuesta del TPS.
En ese sentido, Gutiérrez sostiene que la ventaja de este recurso legal es que no necesita pasar por el Congreso, solo se necesita que el presidente lo emita tal como ha ocurrido en el pasado con desastres naturales, como terremotos y huracanes, en naciones extranjeras.
“Creemos que la misma lógica debe de imperar ahora porque aquí estamos hablando de una emergencia nacional que ya suma más de 40 millones de desempleados, 2 millones de infectados con coronavirus y más de 100 mil muertos”, puntualizó el activista mexicano.
En este momento, los países que tienen el beneficio del TPS se encuentran en el limbo, tal es el caso de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití, entre otros.
Casi desde que asumió el poder, Trump anunció la cancelación de ese programa; sin embargo, en la actualidad está en manos de las cortes, hasta donde ha llegado la disputa después de que se presentaron demandas para evitar que los amparados a ese alivio migratorio sean deportados.
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