Se acercan plazos urgentes para los estudiantes universitarios internacionales que luchan por permanecer en EE.UU
Los sistemas de UC, el Estado de California y los Colegios Comunitarios se unen a la lucha para impedir que los funcionarios de EE.UU impidan el acceso a los estudiantes internacionales si las clases se impartirán en línea.
Con una fecha límite urgente que se acerca el miércoles, la fuerza colectiva de los tres sistemas públicos de educación superior de California, que educan a casi 3 millones de alumnos, se han unido a la lucha legal para evitar que las autoridades federales de inmigración prohíban estudiantes internacionales en Estados Unidos si sólo toman cursos en línea este otoño.
Dos demandas separadas por la Universidad de California y el fiscal general estatal Xavier Becerra junto con la Universidad Estatal de California y los colegios comunitarios de California, han puesto a la principal universidad de investigación pública del país y a los dos sistemas de educación superior públicos más grandes detrás del esfuerzo por detener la orden federal.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU emitió una directiva el 6 de julio que exige que los estudiantes internacionales que sólo toman clases en línea abandonen el país y prohíbe que se emitan visas a nuevos alumnos con horarios de cursos similares en línea.
Los funcionarios de la escuela de Los Ángeles dicen que el año escolar comenzará el 18 de agosto, pero planean tomar un camino cauteloso para reabrir los campus, ya que persiste la preocupación por la salud y la seguridad en medio del brote de coronavirus.
Según la nueva política, los campus que planean la instrucción totalmente en línea este otoño deben presentar un plan revisado de cursos presenciales para sus estudiantes internacionales antes del miércoles. Aquellos que proyectan una combinación de clases en línea y presenciales deben hacerlo antes del 4 de agosto. Los tres sistemas de California, cuyos campus planean diversos cursos de otoño para estar todos o en su mayoría en línea, dicen que los plazos son casi imposibles de cumplir.
El MIT y la Universidad de Harvard han presentado otras demandas, con 180 colegios y universidades uniéndose a un escrito amicus y siete estudiantes graduados internacionales en USC, UC Irvine y UCLA.
La Universidad de California presentó su demanda federal el viernes por la noche en el Distrito Norte de California argumentando que la directiva federal devastaría a los aproximadamente 37.500 alumnos internacionales que estudian en los campus de UC. La directiva también pondría en peligro la investigación de UC y dificultaría la instrucción, ya que la mayoría de los asistentes de enseñanza son estudiantes graduados, muchos de ellos de otros países, alegó la demanda.
En UC Berkeley, por ejemplo, el 29% de todos los estudiantes de posgrado y aproximadamente el 50% de todos los alumnos de posgrado de ingeniería podrían verse obligados a abandonar el país a menos que tomen clases en persona. En UCLA, uno de cada cinco estudiantes de posgrado son de otros países.
“La decisión de ICE muestra un desprecio insensible por los estudiantes, que se verían obligados a regresar a las aulas abarrotadas y en particular a la planta docente de mayor edad a la que COVID-19 les representa un mayor riesgo y se les consigna al mismo destino”, dice la demanda. “Forzar tal reapertura cuando ni los alumnos ni las universidades tienen tiempo suficiente para reaccionar o abordar los peligros adicionales para la salud y la seguridad de sus comunidades crea caos y sólo aumenta el riesgo de propagación del virus COVID-19”.
Además, la pérdida de miles de estudiantes internacionales, que pagan la matrícula completa, dañaría en gran medida las finanzas de la universidad y la capacidad de utilizar los ingresos para la ayuda financiera de los californianos, argumenta la demanda.
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La segunda demanda, presentada por Becerra en el Distrito Norte el jueves, señaló que la directiva federal traería daños “inmediatos e irreparables” al estado y sus instituciones educativas. El sistema de colegio universitario estatal de 115 campus alberga a 21.754 estudiantes internacionales y el sistema Cal State de 23 campus había anticipado una inscripción de otoño de 10.300 alumnos de fuera del país.
Una portavoz de ICE declinó hacer comentarios, citando litigios pendientes.
Ambas demandas argumentan que la directiva de ICE fue “arbitraria y caprichosa” en violación de la Ley de Procedimientos Administrativos. Alegan que los funcionarios emitieron la orden abruptamente sin advertencia específica u oportunidad para comentarios públicos y no pudieron proporcionar una explicación razonada ni considerar los estragos que crearía.
Las reglas de inmigración generalmente requieren que los estudiantes internacionales no tomen más de una clase, o tres créditos, en línea para calificar para las visas. ICE levantó esa regla el 13 de marzo, cuando el presidente Trump declaró el brote de coronavirus como una emergencia nacional, y permitió que los alumnos se quedaran incluso si sus clases eran en línea por completo. Pero las autoridades de inmigración cambiaron de rumbo con la nuevo orden.
La demanda de UC señala que es posible que los estudiantes internacionales no puedan continuar su educación desde sus países de origen debido a las diferencias de zona horaria, acceso a internet y otras barreras.
Los estudiantes de UC de Siria, Somalia y Yemen, por ejemplo, enfrentarían una guerra civil y crisis humanitarias en curso que harían que el acceso a internet y el estudio fueran “casi imposibles”. Los de Etiopía se verían obstaculizados por una suspensión actual del gobierno del acceso a internet. Al menos un estudiante proviene de Corea del Norte, “un país conocido por la represión tanto a sus ciudadanos como al libre flujo de información” donde la educación puede exponerlos a un peligro personal, afirma la demanda.
“Bajo cualquier circunstancia, la forma y la rapidez con la que ICE anunció e intenta implementar su nueva política sería impactante en un sistema que defiende el estado de derecho y la opinión pública sobre las reglas de la agencia antes de que se concreten”, argumenta la demanda. “El hecho de que la situación se presente en el contexto de un empeoramiento de la crisis de salud pública en este país lo hace no solo ilegal, sino también cruel y peligroso”.
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