En California, los detenidos en centros de ICE con fines de lucro pronto podrán demandar en caso de abuso o daños

Este domingo, el gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley, respaldado por defensores de los derechos de los inmigrantes, que exige una mayor responsabilidad por parte de las empresas que manejan los centros de detención federales en California.

El Proyecto de Ley de la Asamblea 3228 (AB 3228) permite a las personas demandar a los operadores de centros de detención privados por no cumplir con los estándares de atención descritos en el contrato y no cobrar costos y honorarios de abogados “razonables”. El proyecto es el primero en su tipo en el país, afirman sus partidarios.

Se trata del último giro en la lucha entre los líderes de California, los funcionarios federales de Inmigración y Control de Aduanas y las corporaciones que administran las cuatro instalaciones de detención de inmigrantes en el estado.

Los defensores afirman que las empresas de prisiones privadas fueron protegidas por un plan de supervisión que les permite violar los estándares mínimos de atención de forma regular. “Se debe poner el más alto nivel de escrutinio en cualquier entidad con fines de lucro”, enfatizó Hamid Yazdan Panah, director de defensa de la organización sin fines de lucro Immigrant Defense Advocates, que patrocinó el proyecto de ley. “Tenemos que estar seguros de que no están poniendo las ganancias por encima de las vidas humanas”.

El AB 3228 se basa en el AB 32, que prohibió las nuevas prisiones y centros de detención privados después del 1º de enero y pidió el cierre de las instalaciones existentes para 2028.

Días antes de que el AB 32 entrara en vigor, los funcionarios de ICE firmaron contratos por un total de casi $6.500 millones con las tres compañías que manejan las instalaciones de la agencia en California. Los convenios tienen términos de 15 años, incluidas dos extensiones por cinco años, que terminan en 2034.

Una de esas empresas, el Grupo GEO, demandó al gobernador Gavin Newsom y al procurador general Xavier Becerra, alegando que el AB 32 es un “intento transparente del estado de detener las iniciativas de detención del gobierno federal dentro de las fronteras de California” y solicitó a la corte que prohíba al estado el cumplimiento de la ley. GEO, uno de los operadores de prisiones privadas más grandes del país, administra las instalaciones de ICE en Adelanto y Bakersfield.

La administración Trump avanzó con una demanda similar, y las dos se consolidaron en procedimientos judiciales. En un fallo provisional de julio pasado, un magistrado federal de San Diego sugirió que era probable que desestimara la mayor parte del caso contra California.

Según los informes presentados ante el secretario de estado de California, GEO gastó $73.400 combinados de enero a junio en cabildeo contra el AB 3228 y otro proyecto que buscaba ampliar el acceso a la asesoría legal en los centros de detención de inmigrantes, pero que finalmente no avanzó en la Legislatura.

Esta legislación surge en medio de crecientes informes de negligencia médica y abuso dentro de los centros de detención privados en todo el país. La semana pasada, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes publicó los resultados de una investigación de 14 meses sobre contratistas con fines de lucro de ICE, que encontró que varios detenidos murieron después de recibir atención médica inadecuada, incluido un hombre que falleció en el centro de detención de Adelanto, al noreste de Los Ángeles.

El asambleísta Rob Bonta (D-Oakland), autor de los proyectos AB 32 y AB 3228, consideró la promulgación de este último como una victoria para los derechos humanos y la justicia. “Así California pone a nuestra gente en primer lugar”, afirmó. “Nuestros valores dejan en claro que nadie está por encima de la ley. Los centros de detención privados con fines de lucro deben rendir cuentas ante las violaciones atroces de los derechos humanos y el daño a la salud, la seguridad y el bienestar de los californianos, especialmente durante la pandemia de COVID-19”.

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