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Las 10 órdenes y propuestas de Trump más repudiadas por pro inmigrantes y dónde están ahora

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Desde el inicio de su candidatura en el 2015, Donald Trump ha construido su plataforma alrededor de la comunidad inmigrante prometiendo la construcción de un muro y criticando la inmigración en cadena.

Muchas de estas propuestas y ordenes que han llegado desde tomar el asiento han sido llevadas a corte, y han puesto a Trump como el presidente más anti inmigrante de todos los tiempos ante las organizaciones pro inmigrantes. Ahora, de llegar a la presidencia Biden, los activistas recalcan que el trabajo para incluir a la comunidad aun sigue vigente.

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Cancelación de DACA: La Orden Ejecutiva de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia del presidente Obama de 2012 permitió que unos 800,000 adultos jóvenes (“Dreamers”) traidos ilegalmente Estados Unidos cuando eran niños trabajaran legalmente sin temor a ser deportados. El presidente Trump anunció en septiembre de 2017 que estaba cancelando esta Orden Ejecutiva. La cancelación del programa fue suspendida por orden judicial y la Corte Suprema dictaminó en junio de 2020 que la decisión de la administración Trump de poner fin a DACA fue arbitraria y violó la Ley de Procedimiento Administrativo.

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Cancelación del TPS: El gobierno federal otorga Estatus de Protección Temporal a los inmigrantes en el país a raíz de emergencias nacionales en sus distintos países de origen. La administración Trump anunció que cancelaría dicho estatus para los inmigrantes dándoles fechas limites para salir del país. El 11 de enero de 2018, durante una reunión en la Oficina Oval sobre la reforma migratoria, los legisladores demócratas propusieron restaurar el estatus de protección temporal en estos países como parte de la legislación migratoria de compromiso. En respuesta, según se informa, Trump dijo: “Esos idiotas nos envían a la gente que no quieren”, y sugirió que, en cambio, Estados Unidos debería aumentar la inmigración desde “lugares como Noruega” y países asiáticos. Varias demandas han logrado detener parcialmente la cancelación.

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Regla de Carga pública: Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración implementan la regla para indocumentados que busquen la residencia en todo el país. Estos deben demostrar que se pueden sostener económicamente por sí solos sin ayuda del gobierno. En otras palabras, si ha recibido algún beneficio público como Medicaid, cupones de alimentos, asistencia social o vales de vivienda pública, durante más de 12 meses dentro de cualquier período de tres años se considerará una “carga” para el país. La regla ha sido objeto de litigios en curso, pero la corte le ha dado la luz verde a Trump para continuar aplicándola mientras se discute.

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Separación de niños en la frontera: En febrero de 2018, la administración Trump había comenzado la práctica de separar a los niños menores de edad que ingresan a Estados Unidos de los padres o familiares que los acompañaban, incluidas las personas que solicitan asilo. El 7 de mayo de 2018, el Departamento de Justicia anunció una política de “tolerancia cero” al cruce no autorizado de la frontera con México. Bajo esta política, las autoridades federales separaron a miles de niños de sus padres, familiares u otros adultos que los acompañaban a cruzar la frontera ilegalmente: los padres fueron enviados a cárceles federales en espera de su audiencia mientras los niños fueron retenidos en albergues. Hasta ahora mas de 500 menores están separadas de sus padres, quienes no pueden ser hallados.

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La eliminación de “acción médica diferida”: El 7 de agosto de 2019, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos canceló un programa llamado “acción médica diferida”, que permitía a los inmigrantes permanecer en el país temporalmente mientras ellos o sus hijos reciben tratamiento por afecciones médicas graves o potencialmente mortales. La única excepción fue para las familias de militares. Sin hacer ningún anuncio público, el servicio envió cartas a varias familias cuyos hijos están recibiendo tratamiento bajo este plan, diciéndoles que su permiso para estar en el país sería revocado en 33 dias. Ante la protesta pública, este cambio de política se revirtió en septiembre. En octubre de 2019, el director interino de USCIS, Ken Cuccinelli, testificó posteriormente en una investigación del Congreso que solo él había tomado la decisión de finalizar el programa.

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Aumento de tarifas de inmigración- El 8 de noviembre de 2019, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración propusieron oficialmente aumentos de tarifas para equilibrar su presupuesto. Por primera vez, impondría una tarifa ($ 50) en las solicitudes de asilo dentro de los Estados Unidos (no en la frontera) y los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ($ 275), y también aumentaría la tarifa para que los titulares de tarjetas verdes soliciten ciudadanía de $640 a $1170. A pocas horas de entrar en vigor una regla federal el 2 de octubre, un tribunal federal en California impuso una orden judicial preliminar para congelarla. El Tribunal del Distrito Norte de California bloqueó la regla.

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Cambios en el programa de reasentamiento- El presidente Trump redujo el límite en la cantidad de refugiados reasentados en los Estados Unidos de 110,000 establecido por el presidente Obama a 30,000 para el año fiscal 2019 y 18,000 para el año fiscal 2020. Trump también agregó cuotas para refugiados de países particulares y para aquellos que buscan asilo por motivos religiosos. El 21 de noviembre, tres agencias de reasentamiento demandaron para bloquear la orden, argumentando que evitaría que miles de refugiados se reunieran con sus familias.

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Ciudadanía por nacimiento- En 2015, antes de ser elegido para la presidencia, Trump propuso revertir la ciudadanía por nacimiento para los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes ilegales (a los que algunos denominan “bebés ancla”). Trump dijo el 30 de octubre de 2018 que tenía la intención de eliminar, mediante una orden ejecutiva, el derecho de ciudadanía a las personas nacidas en Estados Unidos a ciudadanos extranjeros.

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Cambios a la inmigración legal- La administración Trump adoptó la Ley de reforma de la inmigración estadounidense para una economía fuerte (RAISE) en agosto de 2017, que busca reducir los niveles de inmigración legal a los Estados Unidos en un 50% al reducir a la mitad el número de tarjetas verdes emitidas. El proyecto de ley también impondría un límite de 50,000 admisiones de refugiados al año y pondría fin a la lotería de diversidad de visas. El 22 de abril de 2020, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en medio del coronavirus COVID-19 que redujo significativamente la emisión de tarjetas verdes a inmigrantes. Con pocas excepciones, la orden se refiere a miles de padres inmigrantes, hijos adultos y hermanos de ciudadanos y poseedores de un verde que actualmente buscan inmigrar a los Estados Unidos

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Un moro en la frontera- El famoso muro entre la frontera Mexico-Estados Unidos fue una promesa como presidente, mismo que tendría que ser pagado por el gobierno mexicano. La barrera serviría para detener lo que describió como un flujo de inmigrantes ilegales y drogas a través de la frontera. Antes de asumir el cargo, había 654 millas (poco más de 1,000 km) de barrera a lo largo de la frontera sur, compuesta por 354 millas de barricadas. Ahora, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. En su informe de estado del 6 de octubre, la frontera sur tiene 669 millas de “barrera primaria”, la primera estructura que encontrarán las personas que se dirigen de México a EE. UU., Y 65 millas de barrera “, que generalmente corre detrás de la estructura primaria como un obstáculo adicional. Se han construido alrededor de 350 millas más de barrera, según CBP, compuesta por estructuras de reemplazo y una nueva barrera secundaria y se planean otras 378 millas, de acuerdo a cifras de Yahoo.

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