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Juez le dice a Biden que no puede impedir las deportaciones y cancela la moratoria

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Un juez federal le prohibió al gobierno del presidente Joe Biden imponer una moratoria a la mayoría de las deportaciones, lo que enfureció a varios activistas comunitarios.

Biden propuso la pausa de 100 días en las deportaciones durante su campaña como parte de una revisión más amplia de la aplicación de la ley de inmigración haciéndola oficial al entrar a la presidencia, pero el juez federal de distrito Drew Tipton, emitió una orden judicial solicitada por Texas, que argumentó que la moratoria violaba la ley federal y corría el riesgo de imponer costos adicionales.

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Ahora, las agencias de inmigración pueden continuar las deportaciones a su ritmo normal.

Angela Sanbrano, líder proinmigrante, sostuvo en respuesta que la orden judicial preliminar de Tipton es injusta.

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“Esto le da luz verde a las agencias de ICE a que sigan ejerciendo practicas plasmadas de abuso de autoridad y violación del debido proceso”, dijo Sanbrano.

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“Por ese motivo urge una reforma migratoria justa y humana”, dijo enfatizando que en muchas estancias las familias deportadas no tienen antecedentes criminales.

Sin embargo, Tipton, un juez designado por Trump, dictaminó el 26 de enero que la moratoria violaba la ley federal sobre procedimientos administrativos. Dijo que Estados Unidos no demostró por qué se justificaba una pausa de deportaciones.

Para Francisco Rivera, presidente de la Mesa Redonda Centroamericana, es probable que la decisión del juez sea cambiada, pero No quedó claro si la administración de Biden apelará el último fallo de Tipton.

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“Es justo y necesario tener ese alto porque los inmigrantes ya han sufrido mucho bajo Trump”, dijo Rivera.

Biden ha propuesto un amplio proyecto de ley de inmigración que permitiría la legalización de aproximadamente 11 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.

También ha instituido otras pautas sobre a quién deben dirigirse los agentes de inmigración y fronterizos para su aplicación, al mismo tiempo pidió el estudio de la regla de carga pública impuesta a los que piden la residencia.

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