Las tiendas Curacao llegaron a un acuerdo por una demanda de estafa a personas de bajos ingresos

La cadena minorista Curacao acordó pagar $10.5 millones para resolver parcialmente una demanda presentada por la oficina del fiscal general de California alegando que la compañía explotó a su base de clientes, en su mayoría inmigrantes de habla hispana, a través de publicidad engañosa, tarifas ilegales, cobro ilegal de deudas y abusos del sistema judicial de reclamos menores.

Los abogados estatales presentaron una demanda en 2017 contra la empresa matriz de Curacao, Adir International, y su director ejecutivo, Ron Azarkman, alegando que las tiendas se habían concentrado durante años en latinos de bajos ingresos, que no tenían acceso a fuentes tradicionales de crédito.

Curacao estafó a estos clientes, alegaron los abogados estatales, negándose a vender productos a los precios anunciados y agregando garantías, accesorios, servicios de instalación, a menudo sin el conocimiento o consentimiento del consumidor.

Cuando los clientes se retrasaban en los pagos, Curacao enviaba a cobradores de deudas para “acosarlos” no solo a ellos, dice la demanda del estado, sino también a sus familiares y empleadores. Los clientes eran amenazados con litigios, arrestos y la confiscación de sus hogares, según la demanda.

Curacao con frecuencia entablaba demandas por deudas morosas, y presentaba entre 250 y 400 por reclamos menores cada mes, según la querella. Debido a que la compañía usaba anteriormente un servidor de proceso no registrado que fabricaba pruebas de servicio, algunos clientes se enteraron de las sentencias por incumplimiento dictadas en su contra sin tener siquiera la oportunidad de defenderse en la Corte, acusaron los abogados estatales.

El acuerdo, anunciado este martes, reservará $10 millones en alivio de la deuda para los clientes de Curacao.

La compañía también pagará $500.000 en multas civiles y acordó exhibir una declaración de derechos del cliente en las tiendas, vender artículos a precios anunciados, divulgar todos los términos del contrato a los clientes, limitar el cobro de deudas a una llamada telefónica por día a los morosos y utilizar un servidor de procesos con licencia, que emplee un sistema de rastreo GPS.

Curacao también se comprometió a contratar a un supervisor de cumplimiento y presentar informes anuales a la oficina del fiscal general. El acuerdo no resuelve las acusaciones de que Curacao participaba en prácticas de seguros y planes de protección de pagos ilegales.

“Curacao afirmaba ser parte de la comunidad latina del sur de California”, remarcó el procurador general Xavier Becerra en un comunicado. “Luego procedió a defraudar a personas de bajos ingresos, hispanohablantes e inmigrantes con poca o ninguna experiencia en la celebración de contratos de financiamiento a largo plazo”.

Ariela Nerubay, representante de Curacao, afirmó que la compañía estaba “extremadamente complacida” de anunciar el acuerdo, que no incluye la admisión de responsabilidad, y que finalmente pueden “dejar este tema atrás para seguir enfocándonos en servir a la comunidad a la cual siempre apoyamos”.

Azarkman, el director ejecutivo de la cadena, destacó en una declaración en 2017 que Curacao, empresa que fundó con su hermano en el centro de Los Ángeles en 1983, “no era una compañía de miles de millones de dólares, con tiendas que ‘apuntan’ a los consumidores”.

Además, defendió el historial de su empresa con clientes de bajos ingresos, diciendo que su fundación proporciona artículos para el hogar a familias pobres, financia becas y organiza un evento comunitario anual para niños latinos en vecindarios con tiendas de Curacao. “Me enorgullece el hecho de haber ayudado a cientos de miles de clientes a establecer y generar crédito, y a acceder a productos que de otra manera no habrían podido pagar”, añadió Azarkman en la declaración.

Los abogados estatales, sin embargo, presentaron ante el tribunal una serie de declaraciones de clientes de Curacao que describían la venta de productos defectuosos, cargos inesperados y sentencias judiciales sin previo aviso.

Carmen Gochez destacó que fue a Curacao de Olympic Boulevard, en Los Ángeles, para comprar una computadora portátil para su nieto. Se decidió por una laptop Gateway, pero un vendedor trató de persuadirla de que también comprara accesorios y software que no quería, indicó la mujer en una declaración.

Cuando Gochez recogió la computadora portátil al día siguiente, la bolsa estaba “llena de los artículos que le había dicho [al vendedor] que no quería comprar”, aseguró.

Gochez miró el contrato que había firmado y se enteró de que estaba comprometida no solo por la computadora portátil, que costaba $379.95 dólares; también por los accesorios, un disco duro externo, una garantía de tres años y varias tarifas de instalación, según la declaración. El costo total, incluido el financiamiento, ascendía a $1.614.58 dólares.

Carlos Mencos se atrasó en los pagos de los aparatos electrónicos que había comprado en Curacao de Olympic Boulevard. Conductor de camiones de larga distancia, Mencos se dirigía a Texas cuando recibió una llamada de un representante de cobranzas que le dijo que Curacao había ganado un juicio en su contra.

Un sheriff adjunto iría a su lugar de trabajo para entregarle los documentos de embargo de salario, le informó el representante, según la declaración de Mencos.

El hombre agregó que su jefe le dio un anticipo de su cheque de pago de $1.000 para cubrir el fallo de $1.138.75. Cuando un investigador del Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios le mostró a Mencos su expediente judicial, un año después, decía que había sido notificado personalmente en Los Ángeles el 11 de diciembre de 2014.

Eso no podía ser posible, destacó Mencos en la declaración, porque ese día estaba en viaje de Texas a Virginia Occidental. Así, presentó en la Corte un registro de trabajo que mostraba que se había marchado de Texas el 8 de diciembre y arribado a Virginia Occidental el 16 del mismo mes.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí