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La migra cancela contratos con centros de detención, pero no es suficiente para activistas

La Oficina del Sheriff del Condado de Bristol violó los derechos civiles de las personas detenidas bajo custodia de ICE.
El anuncio se produce cinco meses después de que la Oficina del Fiscal General de Massachusetts descubrió que la Oficina del Sheriff del Condado de Bristol violó los derechos civiles de las personas detenidas bajo custodia de ICE.
(Nelvin C. Cepeda / The San Diego Union-Tribune)
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que cortará los contratos de dos centros de detención, el Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla, Georgia, y el Centro de Detención del Condado de Bristol en North Dartmouth, Massachusetts.

Al igual, ICE también pondrá fin a su acuerdo de la Sección 287 (g) con el condado de Bristol.

Esta es la primera vez que ICE corta un contrato para un centro de detención en los últimos años. Pero eso no es suficiente para los activistas que han estado pidiendo el cierre de los centros plagados de irregularidades que van desde el maltrato a los inmigrantes hasta la escases de servicios de salud para estos en todo el país.

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El anuncio representa una gran victoria para las personas que han sido detenidas en las instalaciones y se han pronunciado valientemente contra sus abusos, y para las organizaciones locales que han luchado durante mucho tiempo para cerrarlas, dijeron organizadores.

El anuncio se produce cinco meses después de que la Oficina del Fiscal General de Massachusetts descubrió que la Oficina del Sheriff del Condado de Bristol violó los derechos civiles de las personas actualmente detenidas bajo custodia de ICE, incluido el uso de granadas flash bang, aerosol de pimienta, bola de pimienta, escudos antidisturbios y perros contra individuos actualmente detenidos desde el año pasado.

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Además de quejas sobre las condiciones en el interior, el sheriff del condado de Bristol, Thomas Hodgson, ha sido criticado durante mucho tiempo por su apoyo a Donald Trump y las políticas antiinmigrantes, sobre todo ofreciendo enviar personas actualmente encarceladas para construir el muro fronterizo de Trump y declarando que los funcionarios electos en jurisdicciones santuario deberían ser puestos bajo arresto.

Lawrence Benito, director ejecutivo de ICIRR y portavoz de FIRM Action, dijo que años de lucha de su organización para proteger a los inmigrantes y poner fin a la práctica de su detención llevaron a la decisión de ICE de cortar los lazos con los centros de detención más problemáticos.

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“Es una victoria para los derechos humanos, el debido proceso y las comunidades de inmigrantes”, dijo el activista. Sin embargo, aseguró que “queda un largo camino por recorrer, especialmente después de la inhumanidad de la administración anterior que detuvo a más de 50.000 por día, y como lo demuestra la red de centros de detención de ICE que siguen existiendo”.

Daniel Pereira, vocero de la Coalición MIRA, dijo que su grupo también insta una vez más a la Legislatura y al Gobernador de Massachusetts a avanzar y aprobar la Ley de Comunidades Seguras, así como la Ley relativa a la aplicación de la ley federal.

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Para Pereira, se espera que el paso de ICE sea solo el primero en un camino más largo, pero igualmente vital, para poner fin a los acuerdos 287 (g) en todo el país.

“Proteger nuestras comunidades de inmigrantes vitales y reorientar la aplicación de la ley local hacia la seguridad pública es prioridad. El gobierno federal, estatal, y los gobiernos locales deben restablecer la confianza en las instituciones públicas y garantizar que todos los residentes, independientemente del estado de la documentación, puedan acceder sin temor a atención médica, asistencia de emergencia y protección judicial y policial”, manifestó.

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