California prohibió las prisiones privadas y los centros de detención de inmigrantes. ¿Sobrevivirá la ley a la corte?

Cuando los legisladores de California votaron a favor de prohibir los contratos de prisiones privadas en 2019, los defensores elogiaron la primera ley de su tipo como una victoria para los inmigrantes que, según comentaron, han sufrido durante mucho tiempo en instalaciones administradas por corporaciones que reducen gastos y proporcionan condiciones de vida y atención médica deficientes.

No todo el mundo lo veía así. Geo Group, una corporación de prisiones privadas con sede en Florida, presentó una demanda días antes de que el Proyecto de Ley 32 de la Asamblea entrara en vigor el 1 de enero, calificando la ley como un “intento transparente del estado de cerrar los esfuerzos de detención del gobierno federal dentro de las fronteras de California”.

La administración Trump presentó rápidamente su propia demanda con reclamos similares contra la ley, que prohíbe nuevos contratos de detención con fines de lucro y elimina gradualmente las instalaciones actuales por completo para 2028.

En octubre pasado, un juez de un tribunal de distrito de Estados Unidos en San Diego mantuvo en gran medida la prohibición de las prisiones privadas e indicó que el estado tiene la autoridad para proteger la salud y el bienestar de los detenidos federales dentro de sus fronteras.

Geo Group y funcionarios federales apelaron esa decisión. La semana pasada, los abogados que ahora representan a la administración Biden instaron a un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito a derogar la ley.

Incluso mientras continuaba la batalla por la legislación, las cárceles privadas se estaban despoblando debido a la pandemia.

Los líderes de Geo Group han comenzado a presionar para recargar instalaciones en California que están a una fracción de su capacidad. La compañía buscó intervenir en juicios por condiciones peligrosas en dos instalaciones que llevaron a brotes de COVID-19 el año pasado. Los jueces federales ordenaron la liberación de muchos detenidos y bloquearon nuevos traslados.

La instalación de Mesa Verde en Bakersfield, que cuenta con capacidad para 400 detenidos, ahora tiene menos de 30. Y la de Adelanto, cerca de San Bernardino, que puede albergar a casi 2.000 detenidos, actualmente tiene menos de 130. Debido a las cuotas mínimas de camas de detención garantizadas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha seguido pagando a Geo y a otros contratistas por miles de camas vacías.

En presentaciones judiciales del 3 de junio, un abogado de la compañía declaró que el exitoso programa de vacunación en Adelanto había cambiado las circunstancias lo suficiente como para comenzar a avanzar de manera segura hacia la capacidad prepandémica.

“Dado que GEO recibe una compensación por el uso y la operación de la instalación de Adelanto, las restricciones de capacidad ahí afectan directamente los intereses económicos de GEO”, escribió el abogado de Geo Group, Raymond Cardozo.

El portavoz de Geo Group, Pablo Páez, señaló que la compañía no juega ningún papel en las decisiones de detención de ICE.

“Rechazamos enérgicamente la caracterización de que GEO está buscando repoblar cualquiera de los Centros de Procesamiento de ICE que operamos en nombre del gobierno federal”, indicó. “Nuestras presentaciones judiciales buscan exclusivamente que las restricciones operativas relacionadas con COVID coincidan y reflejen los datos más recientes sobre la vacunación, las tasas de casos y las medidas de mitigación implementadas en nuestras instalaciones”.

La prohibición de las prisiones privadas de California obligaría al cierre de siete centros de detención de inmigrantes de gestión similar, que en conjunto tienen espacio para casi 7.200 personas. Geo Group opera la mayoría de ellos, tres cerca de Bakersfield y dos cerca de San Bernardino.

Semanas antes de que entrara en vigor la AB 32, los funcionarios federales firmaron contratos por un total de casi $6.5 mil millones con Geo y las otras dos compañías, CoreCivic y Management and Training Corp., que administran los cuatro centros privados de detención de inmigrantes de California. Los contratos tienen plazos de 15 años, incluidas dos prórrogas de cinco años, que finalizan en 2034.

Si AB 32 obligara a Geo a cerrar sus instalaciones en California, la compañía perdería un promedio de 250 millones de dólares anualmente en ingresos durante los próximos 15 años, más los 300 millones de dólares invertidos en la adquisición y configuración de esos edificios.

Si no se permitieran instalaciones de detención de operación privada en el estado, de hecho, habría una instalación en el estado que ICE podría usar para retener a los detenidos: la cárcel de Yuba, que tiene 220 camas. La agencia argumentó que los cierres obligarían a los detenidos a ser trasladados fuera de la entidad, lejos de familiares y abogados, mientras que los partidarios de la ley dijeron que ICE podría usar alternativas a la detención, como monitores de tobillo.

La semana pasada, la representante de Estados Unidos, Norma Torres (demócrata por Pomona), lideró a otros 23 legisladores en el envío de una carta al fiscal general de distrito Merrick Garland, instándolo a retirar la demanda contra California. Afuera del juzgado del Noveno Circuito en Pasadena el 7 de junio, los activistas pidieron lo mismo.

Las prisiones privadas son una industria multimillonaria en Estados Unidos y actualmente operan en 27 estados. Aunque retienen al 8% de todos los prisioneros estatales y federales, la gran mayoría de los inmigrantes detenidos para deportación están recluidos en instalaciones con fines de lucro.

Poco después de asumir el cargo, Biden firmó una orden ejecutiva que elimina el uso federal de prisiones privadas. Sin embargo, la orden no se aplica a los centros de detención de inmigrantes.

En noviembre de 2019, Kamala Harris, entonces senadora de Estados Unidos, se encontraba entre los legisladores que dirigían una carta al Departamento de Seguridad Nacional y a los funcionarios de ICE expresando su preocupación de que los contratos del centro de detención adquiridos apresuradamente fueran un “intento aparente de socavar el espíritu de la nueva ley antes de su fecha de vigencia el 1 de enero de 2020”.

“La cruel indiferencia de la administración Biden por el tema de la detención de inmigrantes se materializa en su decisión de ponerse del lado de las compañías de prisiones privadas en el litigio AB 32 y defender las ganancias sobre las vidas humanas”, señaló Hamid Yazdan-Panah, director de protección de Immigrant Defense Advocates, quien ha seguido de cerca la batalla judicial sobre la AB 32. “Cuando los activistas lo confrontaron sobre el tema de la detención, Biden señaló ‘Dame cinco días’, y luego comentó que había sido una broma. Nadie se está riendo”.

Durante la audiencia, los abogados de Geo y el gobierno federal argumentaron que la regulación de funciones federales, como la detención de inmigrantes, está más allá de la autoridad de California.

“No hay ningún caso que sepamos que haya mantenido una restricción remotamente como esta”, indicó el abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mark Stern, calificando la ley de intrusiva y extraordinaria.

La prohibición de las cárceles privadas impide que el gobierno federal “haga lo necesario para ejecutar sus funciones”, agregó Stern.

Los partidarios de AB 32 argumentaron que la ley federal en realidad no autoriza a ICE a subcontratar sus funciones de detención a empresas privadas. Durante décadas de revisiones a la ley de inmigración, argumentaron, el Congreso nunca autorizó explícitamente a ICE a contratar empresas privadas para las operaciones de detención.

“Esta falta de autorización se ha ocultado a la vista durante años, pero las demandas sobre AB 32 han sacado el tema a la superficie”, indicó Jordan Wells, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California.

Wells comentó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a ICE a contratar a los gobiernos estatales y locales para las operaciones de detención. Sin embargo, bajo la misma ley, el Congreso autorizó al servicio de sheriff de Estados Unidos a delegar las responsabilidades de detención a “entidades privadas”.

Stern desestimó ese argumento, diciendo que, si hubiera habido alguna duda, el Congreso nunca habría financiado centros de detención de gestión privada.

Otros estados han aprobado leyes similares. Illinois prohibió las instalaciones privadas de detención de inmigrantes en 2019 para bloquear la construcción de un edificio de 1.300 camas en las afueras de Chicago. En abril, el gobernador de Washington firmó una medida que prohíbe las cárceles con fines de lucro, lo que obligaría al cierre de una instalación de inmigración de 1.575 camas. Geo Group demandó al estado el mes pasado.

La AB 32 también prohibió las cárceles con fines de lucro que retienen a personas por violaciones criminales. Siete instalaciones privadas que albergaban a los reclusos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California han cerrado desde entonces, aunque tres fueron reutilizadas como anexos para las instalaciones de ICE establecidas bajo los contratos firmados justo antes de que la ley entrara en vigor.

Pero la ley no elimina por completo a California de las empresas de prisiones privadas. Estas administran las cárceles federales y municipales, así como los centros de tratamiento por abuso de sustancias, las viviendas de transición y los servicios de libertad condicional. CoreCivic también es propietario de la instalación correccional de la ciudad de California con 2.300 camas en Kern, que no se vio afectada por la AB 32 porque el estado administra la prisión.

La fiscal general adjunta de distrito de California, Gabrielle Boutin, señaló que la ley trata de proteger a los californianos.

“Estas instalaciones crean amenazas para la salud y el bienestar de los detenidos”, señaló. “Hay un registro bien documentado de eso”.

Durante la audiencia del 7 de junio, la jueza Bridget Bade, designada por Trump, se mostró en desacuerdo con las exenciones de la ley, que permiten el uso de instalaciones privadas para retener a los reclusos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California si es necesario para cumplir con un límite de población ordenado por la corte. Sin embargo, ese límite no se ha cumplido y el estado ya cerró todas esas instalaciones privadas.

Boutin indicó que otras exenciones, como la detención escolar o la detención de un ladrón en una tienda de comestibles, difieren significativamente de la detención criminal o de inmigración y no tienen el mismo historial de violaciones de salud y seguridad.

El juez pareció indiferente a la explicación de Boutin.

“Por lo tanto, para los menores, las personas con problemas de salud mental, los individuos en centros de rehabilitación y casas de transición: California no se preocupa por su salud y seguridad si un contratista privado está administrando esas instalaciones, pero sí lo está si se trata de un espacio del Departamento de Correccionales o una instalación de ICE”, señaló ella.

Sharon Dolovich, directora del programa de políticas y leyes penitenciarias de UCLA, subrayó que el cambio del centro de gravedad en el Noveno Circuito podría indicar una inclinación ideológica hacia la protección de las empresas que ganan dinero realizando funciones públicas.

Al mismo tiempo, Geo Group enfrenta poblaciones de detenidos reducidas y accionistas insatisfechos. Los inversionistas demandaron a la compañía en septiembre pasado, alegando que los líderes mantuvieron procedimientos contra el COVID-19 ineficaces que sometieron a los residentes del centro de transición a riesgos de salud significativos, abriendo a la compañía a daños financieros y de reputación al emitir declaraciones públicas engañosas.

“Así que no me sorprende que estén haciendo todo lo posible para defender sus contratos en California”, señaló Dolovich, “porque perder aquí, dado que tienen un gran porcentaje de su negocio en la detención migratoria, realmente podría poner en peligro la sostenibilidad de sus actividades”.

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