Dictan sentencia a pareja que estafaba a mexicanas con supuestos seguros para embarazadas

Para muchas mujeres que viven en México y se preparan para tener un hijo, les sonaba casi demasiado bueno para ser verdad.

Una pareja de Chula Vista ofrecía a las embarazadas con visa un seguro médico privado que les permitiría tener a sus hijos en los Estados Unidos y acceder a cuidados prenatales y posteriores al nacimiento de alta calidad.

Casi 300 mujeres aceptaron, para luego enterarse de que era una estafa.

La fiscalía dice que la pareja —Melissa Álvarez Torres y José Luis Olmos Hernández— aceptó los pagos de las mujeres, de entre 1200 y 3000 dólares cada uno, y en su lugar las inscribió de forma fraudulenta en un programa estatal para embarazadas que solo se ofrece a residentes de California con empleo e ingresos medios.

El martes, Álvarez y Olmos fueron condenados en el tribunal federal de San Diego a 33 y 40 meses, respectivamente. Acordaron pagar al Estado alrededor de 1.1 millones de dólares en concepto de restitución, así como renunciar a unos 424 mil dólares, la cantidad que se embolsaron de las víctimas en concepto de beneficios.

La pareja vivía de forma lujosa mientras operaba el esquema, dijeron los fiscales, comprando dos casas en el área de Mexicali y una casa de playa en Nayarit.

Los fiscales dijeron que la pareja estaba familiarizada con el programa de atención a la maternidad de California, conocido como MCAP, que es administrado por el Departamento de Servicios de Salud de California. Lo habían utilizado para los dos últimos de sus cuatro hijos.

Según un memorando de sentencia del gobierno, la pareja anunciaba American Pregnancy Insurance en Facebook, recibiendo a menudo referencias de otras familias. La estafa, que comenzó en 2016, se dirigía a mujeres que ya tenían permisos para trabajar o visitar Estados Unidos.

A continuación, la pareja rellenaba solicitudes de MCAP en nombre de las mujeres, utilizando los datos de identificación personal de estas. La pareja falsificaba los documentos de empleo para demostrar que cumplían los requisitos y afirmaba que las mujeres vivían en California cuando no era así. Álvarez también se hizo pasar por muchas de las mujeres en las llamadas telefónicas a los administradores del programa.

Varias mujeres encararon a la pareja al enterarse de que el seguro era un programa gubernamental para el que no tenían derecho, y que su participación involuntaria las ponía en riesgo de perder sus visas.

Cuando una mujer exigió que le devolvieran el dinero, Olmos le envió una foto de su visa y le dijo: “Permítame recordarle que puede perder su visa, señora”, según los documentos judiciales. La mujer tomó la respuesta como una amenaza, pero a pesar de ello denunció el fraude a las autoridades, según los fiscales.

Otras mujeres publicaron comentarios en la página de Facebook, advirtiendo que el seguro no era como se anunciaba.

“En respuesta, Álvarez y Olmos redoblaron la apuesta, respondiendo de forma despectiva que tales comentarios carecían de fundamento y que su producto era legítimo”, escribieron los fiscales adjuntos Lisa Sanniti y Jeffrey Hill en su documento de sentencia. “Incluso cuando las víctimas preguntaron a Álvarez y Olmos por qué estaban siendo contactados por los investigadores, Álvarez y Olmos siguieron sin inmutarse”.

La pareja continuó presentando solicitudes fraudulentas hasta el verano de 2020, poco antes de su arresto ese septiembre en la casa de Chula Vista que rentaban por 2600 dólares al mes.

“No había ninguna indicación de que fueran a parar”, dijo Hill.

La investigación —realizada por el Departamento de Servicios de Salud de California, el FBI y la Fiscalía de los Estados Unidos— inició tras los reportes de algunas mujeres y también por las señales de alarma que los administradores empezaron a notar en las solicitudes. Según Hill, aparecían siempre las mismas direcciones, así como un determinado aparato de fax de México y documentos de empleo similares.

Cada uno de ellos se declaró culpable de un cargo de conspiración de fraude electrónico en julio.

Aunque muchas de las mujeres tuvieron a sus hijos en los Estados Unidos, otras no lo hicieron después de que sus solicitudes fueran negadas. Una de ellas llamó a la audiencia de sentencia esta semana y dijo al juez que pagó a la pareja, pero terminó teniendo a su hijo en México después de que su solicitud de MCAP fuera marcada como posiblemente fraudulenta, dijeron los fiscales. Durante el parto, el cráneo de su hija fue aplastado y la recién nacida tuvo que ser operada para evitar convulsiones crónicas.

Reconoció que la lesión no fue resultado directo del fraude, pero afirmó que fue una consecuencia.

Tanto Álvarez, ciudadana estadounidense, como Olmos, residente legal permanente, han estado bajo custodia desde su detención. En una carta dirigida al juez, Álvarez ofreció disculpas y dijo que estaba dispuesta a pagar por sus errores y contribuir a la sociedad.

El abogado de Olmos dijo que él también estaba arrepentido: “Tuvo la tentación de participar en este delito por razones monetarias, así como por la creencia errónea de que estaba ayudando a las mujeres mexicanas a tener acceso a servicios médicos seguros en Estados Unidos, y no apreció plenamente el daño y la pérdida financiera que había causado”, escribió su abogada, Jennifer Coon, en un documento de sentencia.

La abogada añadió que la casa en Nayarit no es propiedad de la pareja sino de otros miembros de la familia, que una casa de Mexicali está siendo alquilada para cubrir la hipoteca y otra fue embargada.