Una pregunta espinosa llega al escritorio del gobernador: ¿Debería la policía arrestar a las trabajadoras sexuales por merodear?

La luz azul fría del letrero de una tienda caía sobre Star y Dream -que omitieron sus nombres reales- mientras estaban paradas en una banqueta oscura en el Distrito Mission, ofreciendo sexo a los clientes.

Es una escena que se repite a diario en docenas de “pasarelas” similares en todo el estado; hombres en automóviles desfilan lentamente junto a las mujeres, apenas salidas de la adolescencia, pero con aspecto lo suficientemente joven como para ir a un baile de preparatoria.

Los conductores se inclinaban para mirar por las ventanillas. Examinaban a Star, con la mitad de su cabello recogido en coletas que rozaban el cuello de un abrigo con estampado de leopardo, y a Dream, con un suéter negro fino sobre un mono azul eléctrico para protegerse de la fría noche de noviembre.

Aunque la prostitución es ilegal en California, a menudo es difícil saberlo en sitios abiertos como éste en Capp Street, que funciona desde hace años. Cuando llega la policía, es más bien un acoso para Star y Dream, que el objetivo de su labor, señalaron. “Me han multado solo por estar aquí parada”, comentó Star, refiriéndose a una ley de holgazanería que prohíbe permanecer en las calles para vender sexo. “No voy a la Corte, así que realmente no me importa”.

Ella y otras trabajadoras sexuales, que probablemente reciban una orden de arresto por no asistir a las citas judiciales, están en el centro de una acalorada pelea en California sobre las personas que son criminalizadas por pararse en las esquinas, y lo que algunos sostienen es el criterio subjetivo y discriminatorio de merodear con la intención de prostituirse.

El debate alimentó un enfrentamiento más amplio sobre la mejor manera de ayudar a quienes se ven forzados a prostituirse, sin estigmatizar y dañar a quienes eligen el trabajo sexual. Es una disputa emocional que confronta a las trabajadoras sexuales entre sí y con sobrevivientes de trata, y que tiene mayores implicaciones sobre cómo se manejará el futuro de esta industria ilícita en California, que ahora deberá decidir el gobernador Gavin Newsom.

En septiembre, los legisladores aprobaron el Proyecto de Ley del Senado 357, que derogaría las leyes de merodeo en torno a la prostitución, incluidas las que apuntan a proxenetas y clientes. Pero la iniciativa legislativa no llegó a Newsom para su firma o veto. En cambio, en una medida inusual que, según los informantes, fue solicitada por la oficina del gobernador, se puso a la espera y no recibirá consideración hasta principios de este año.

En las últimas semanas, las trabajadoras sexuales y los defensores de ambos lados han presionado a Newsom por una decisión que, según algunos, es un primer paso para despenalizar el trabajo sexual en California; de hecho, lo sigue considerando ilegal, pero deroga o no refuerza los controles destinados a detenerlo.

Quienes están a favor de la despenalización, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que patrocinó el proyecto de ley, sostienen que eliminar las sanciones legales hará que el tema sea más seguro y brindará más oportunidades para quienes se dedican al trabajo sexual, al mantenerlos fuera del sistema de justicia penal o permitiéndoles desestimar algunos antecedentes penales.

Los que se oponen consideran que podría aumentar la explotación y atar las manos de las fuerzas del orden cuando se trata de encontrar víctimas y detener a los traficantes.

Aunque a menudo es invisible para muchos lugareños, la prostitución callejera es una industria en auge en casi todas las ciudades, sin embargo, algunos participantes afirman que sufrió una pequeña recesión por la pandemia: Figueroa Street en el sur de Los Ángeles; International Boulevard, en Oakland; el llamado Motel Drive en un tramo de la autopista 99 en Fresno, e incluso los tantos paraderos de autobuses.

Un número incuantificable de quienes alquilan sus cuerpos son mujeres de color, según estudios. Algunas trabajadoras sexuales son miembros de comunidades LGBTQ o indocumentadas, lo cual las hace vulnerables a la explotación. Aunque es difícil determinar el número exacto de trabajadores sexuales, en todo el estado hubo más de 4.000 arrestos por prostitución en 2020, según el Departamento de Justicia de California, una cifra que disminuyó en un 45% desde 2015, a medida que las actitudes sobre esta actividad han cambiado.

Lisseth Sánchez, trabajadora sexual transgénero, en San Francisco.

(Paul Kuroda / For The Times)

Lisseth Sánchez es una trabajadora sexual transgénero en San Francisco, que se reunió con Newsom recientemente para abogar a favor de poner fin a las leyes de merodeo. Como muchos en la comunidad transgénero, argumenta que tales normas apuntan a las personas negras, morenas y transexuales, además de ser discriminatorias: proscriben “caminar siendo trans”, dijo, y dan a la policía rienda suelta para acercarse a los ciudadanos según su apariencia y el sitio dónde se encuentran.

Originaria de El Salvador, Sánchez relató que era encarcelada y torturada en su país de origen por ser transgénero y activista por los derechos civiles. La policía allí la agredía sexualmente cuando la arrestaba y, una vez, le arrancó las uñas como castigo por hablar con los medios de comunicación sobre las condiciones de su reclusión.

Cuando fue liberada, finalmente huyó a Estados Unidos en busca de asilo y llegó a San Francisco en 2011, donde se mantuvo económicamente con trabajo sexual. En su camisa usa una insignia que dice: “No hay prostitutas malas, solo leyes malas”.

La ubicación es diferente, pero las condiciones a las que se enfrenta como trabajadora sexual siguen siendo duras, expresó. “Tan pronto como salgo a la calle, la policía me ilumina la cara con su luz brillante”, relató Sánchez, una queja común de las prostitutas que alegan que las fuerzas del orden usan focos para intimidarlas. “Siempre están buscando una razón para meterse conmigo”.

Ser arrestada desata una “cascada de efectos”, agregó Sánchez. Un historial criminal, incluso por un delito menor como merodear, dificulta convencer a los propietarios de que le renten un apartamento. Es difícil obtener crédito, al igual que empleos y beneficios públicos, como cupones de alimentos. Los tribunales lo sopesan en las decisiones de custodia. Y para las personas indocumentadas, los antecedentes penales pueden imposibilitar las solicitudes de asilo y ciudadanía.

Scott Wiener, el senador estatal demócrata de San Francisco que presentó el proyecto de ley, consideró que el código penal sobre merodeo es “una ley horrible que permite a la policía discriminar”.

Ponerle fin, añadió, no se trata de despenalizar, sino de proteger a un grupo de personas que ya están en alto riesgo de sufrir daños, y señaló que Nueva York derogó su ley de merodeo el año pasado. “Hace que las trabajadoras sexuales estén menos seguras, porque crea miedo a la policía. Si sabes que un oficial puede arrestarte por tu vestimenta, harás todo lo posible para evitarlo”.

Star, la trabajadora sexual de Capp Street, narró que la policía la acosa regularmente o la obliga a moverse, algo que la hace sentir más vulnerable. “Cuando [la policía] hace todas las cosas drásticas, finalmente tenemos que quedarnos aquí más tiempo, trabajar en horas más peligrosas y cosas así”, comentó. “Esto lo está empeorando”.

Pero quienes apoyan las leyes de holgazanería las ven como una forma de llegar a las mujeres en las calles que no están allí por su propia voluntad o que permanecen en la actividad porque no ven una salida. La capacidad de acercarse a las prostitutas callejeras, argumentan, es un punto de contacto vital para ofrecer servicios sociales. Y, a veces, un arresto por merodeo puede ser una forma de ganar tiempo con una víctima de tráfico sexual lejos de su explotador, y la primera oportunidad para encontrar redes de tráfico.

La eliminación de las leyes de holgazanería hace que sea “más difícil investigar los casos de trata de personas”, señaló Maggy Krell, ex fiscal estatal y autora del libro de próxima edición “Taking Down Backpage: Fighting the World’s Largest Sex Trafficker” (A la caza de Backpage: La lucha contra el traficante sexual más grande del mundo), sobre el enjuiciamiento del sitio de publicidad en línea.

Aunque Krell no cree que las trabajadoras sexuales deban ser arrestadas o criminalizadas, las fuerzas del orden necesitan una razón legal para intervenir en sus vidas.

Lisseth Sánchez, cerca de un letrero que prohíbe merodear, en San Francisco.

(Paul Kuroda / For The Times)

“Éste es el primer paso, más rápido y fácil, para iniciar una investigación”, destacó. “Hay muchas personas en las calles de California que no quieren estar allí, y este proyecto de ley las pone en peligro aún más”.

Krell y otros señalan que hay una cantidad incuantificable de niñas, mujeres negras y morenas entre las víctimas de trata, por razones complejas, incluido el trauma generacional, la pobreza y un sistema de cuidado de crianza que, sin darse cuenta, puede servir como un conducto hacia la prostitución para menores vulnerables.

“Están siendo las más explotadas; son las [minorías] más representadas aquí”, destacó Vanessa Russell, una defensora contra el tráfico sexual en el Área de la Bahía que fundó Love Never Fails, una organización de apoyo comunitario, vivienda y capacitación. “Esto es difícil de decir, pero una de las cosas más deficientes que generó el proyecto de ley de Wiener es que enfrentó a las personas transgénero con las víctimas de la trata”.

Russell ve una “voz autorizada” en el lenguaje del proyecto de ley, que, según ella, es representativa de una pequeña parte de las trabajadoras sexuales que trabajan para sí mismas y se dedican a la profesión por elección. “Pueden elegir a sus clientes y están más establecidas”, dijo. “Tienen clientes habituales y no quieren que la policía las moleste”.

Para Russell, muchas mujeres jóvenes en Oakland y otros lugares donde trabaja no tienen esa libertad. “Están paradas en medio de la calle, en mitad de la noche. Tienen frío y hambre y su proxeneta está al otro lado, en un apartamento, mirándolas”, comentó.

Si bien San Francisco, Los Ángeles y algunas otras ciudades tienen organizaciones comunitarias sólidas que ayudan a las trabajadoras sexuales a salir de las calles, la mayoría del estado carece de grupos con el financiamiento y el alcance de sus contrapartes más grandes. La aplicación de la ley es la estrategia de salida de facto, una intervención defectuosa que pocos consideran adecuada.

Incluso para las mujeres que aceptan la ayuda de la policía después de un arresto, a menudo no hay suficientes recursos (vivienda, cuidado infantil, atención de salud mental, asistencia laboral) para construir con éxito una vida diferente.

A menudo, lo que se ofrece está vinculado a la cooperación con las fuerzas del orden, en lugar de centrarse en ayudar a las víctimas a superar su explotación. Quienes apoyan el fin del merodeo y quienes están en contra coinciden en algo: si la policía es la mejor manera de salir de la prostitución, California le está fallando a algunas de sus mujeres más vulnerables.

Pero el Proyecto de Ley del Senado 357, argumentan los críticos, elimina esa vía de salida defectuosa sin reemplazarla. “No quiero luchar contra las personas LGBTQ, las amo y quiero que sean apoyadas”, remarcó Russell. “El problema aquí es que no hay estrategias de salida incorporadas en este proyecto de ley para ninguna de ellas”.

Uno de los principales puntos de fricción para los defensores, incluida Russell, son las disposiciones del proyecto de ley que eliminan las leyes de merodeo para potenciales clientes y traficantes. Los críticos consideran que rechazar esos estatutos es un movimiento hacia la despenalización total, lo cual sienta las bases para poner fin al control más allá del merodeo por parte de las trabajadoras sexuales.

Krell, el ex fiscal, dijo: “No se puede hablar de este proyecto de ley sin hablar de despenalización”.

“Básicamente le está diciendo a la policía ‘Oye, sigue conduciendo’”, dijo Krell. “La Legislatura debería volver a la mesa de análisis, mirar bien este estatuto y descubrir cómo dividir a las personas que son depredadores y a quienes no lo son”.

Minouche Kandel, abogada sénior de la ACLU del Sur de California, comentó que si bien su organización ha apoyado durante mucho tiempo la despenalización y el proyecto de ley está “iniciando la conversación”, debe ser juzgado por sus propios méritos. “Nos gusta vernos como líderes en derechos civiles, y estamos atrasados en esta ley”, remarcó.

Jess Torres, activista en temas de trata de personas en Los Ángeles, piensa que la despenalización pondría fin a las penas por lo que considera una forma de sobrevivir en circunstancias difíciles.

La trabajadora sexual Carla Gay, en San Francisco.

(Paul Kuroda / For The Times)

El año pasado, el fiscal de distrito de Manhattan anunció que ya no acusaría penalmente a quienes venden sexo, pero que continuaría persiguiendo a compradores y traficantes, lo que provocó movimientos similares de otros fiscales de Nueva York.

A fines de 2020, el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, emitió una directiva que detuvo casi todos los enjuiciamientos por merodeo relacionados con la prostitución.

Torres y otros partidarios de la despenalización dijeron que les gustaría ver más enfoques que coloquen la ayuda a las trabajadoras sexuales por encima de “perseguir a los malos”, y un cambio hacia una mayor orientación en la justicia restaurativa, la idea de ayudar a los perpetradores a enmendar las cosas sin criminalización, no solo para quienes venden sexo, sino para compradores e incluso quizá para algunos traficantes.

Para Torres, las leyes actuales contra la compra de sexo de adultos que consienten conllevan castigos mínimos y han hecho poco para detener la prostitución, y las normas contra la trata abordan la explotación de menores y otras personas sin criminalizar a las víctimas.

Leyes como la del merodeo, añadió, hacen más daño que bien en un sistema que ya está demasiado enfocado en el castigo. Eliminarlas es un comienzo para reconocer que “el trabajo sexual es trabajo” y lo que se necesita son “espacios que faciliten la salud y la curación”. Si bien ponerles fin no solucionará las enormes brechas en el sistema para aquellos que quieren salir, agregó, es “un primer paso” para repensar el problema.

Pero la idea de restringir incluso una herramienta débil para responsabilizar a los clientes y proxenetas es indignante para los críticos. La despenalización, sostienen, solo aumentará la explotación al eliminar las consecuencias. La investigadora Melissa Farley detalló que entre el 16% y el 35% de los hombres en Estados Unidos han pagado por un acto sexual.

“Nunca voy a defender una industria que históricamente ha sido racista, sexista y violenta con las mujeres”, dijo Russell, la activista de Oakland. “No veo ningún resultado positivo para que sigamos este camino de la despenalización”.

Para Sánchez, la trabajadora sexual transgénero de San Francisco, el debate es de derechos humanos para personas como ella. “El trabajo sexual no es lo mismo que el tráfico sexual”, comentó. “No es necesario arrestar a la gente por su propio bien, en absoluto”.

La misma noche que Star y Dream estaban en la esquina, Sánchez ayudó a organizar una cena de Acción de Gracias para otras trabajadoras sexuales trans y latinxs en la trastienda de una clínica de salud en Tenderloin. Más de una docena de personas comieron pavo asado y tortillas de una mesa ubicada cerca de tazones con condones de envoltorio dorado y lubricantes gratuitos.

Fue un respiro poco común para un grupo de personas que a menudo son discriminadas hasta el punto de la violencia. En 2021, más de 50 personas transgénero, muchas trabajadoras sexuales, fueron asesinadas en todo el país, el año más mortal registrado.

Pero Sánchez quería hablar solo sobre el Proyecto de Ley del Senado 357 y cómo se siente el aislamiento de la prostitución. “Es como una grabación en la cabeza”, expresó. “Que nadie te va a ayudar, nadie te va a ayudar, nadie te va a ayudar, porque eres una trabajadora sexual”.

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