Un nuevo proyecto de ley obligaría a los tribunales a quitar las condenas por cannabis más rápido
California establecería nuevos plazos para desestimar y limpiar muchas condenas por cannabis en virtud de un proyecto de ley presentado el miércoles, destinado a corregir las leyes antidrogas que se enfocaron desproporcionadamente en las comunidades de color.
La medida se produce dos semanas después de que una investigación de The Times descubriera que decenas de miles de californianos todavía tienen delitos graves, menores y otras condenas por cannabis en sus registros. A pesar de una ley de 2018 que exigía que el estado aclarara las condenas por marihuana, muchos tribunales demoraron en procesar los casos, descubrió este periódico.
“California hizo una promesa. Quiero asegurarme de que la cumpla”, aseguró la autora del proyecto, la asambleísta Mia Bonta (D-Alameda). “Este proyecto de ley nos permitiría desestimar automáticamente los antecedentes penales de cannabis que califiquen”.
More than 30,000 Californians are stuck with felonies, misdemeanors and other convictions on their records that should have been wiped ‘automatically.’
La medida daría a los tribunales hasta el 1º de enero de 2023 para actualizar los registros de casos y transmitirlos al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) del estado, que mantiene la base de datos penales en toda California y responde a las verificaciones de antecedentes. El 1º de julio de 2023 sería la fecha límite para que el DOJ estatal modifique sus registros en consecuencia.
El cambio “aclararía la intención” de la ley de 2018, remarcó Bonta. La investigación de The Times descubrió que al menos 34.000 registros de marihuana aún no han sido procesados por completo por los tribunales. Según el proyecto, el DOJ estatal debería actualizar sus registros si los tribunales o los fiscales no cumplen con sus plazos.
“De manera predeterminada, el registro se desestimaría si el caso es elegible”, agregó Bonta. “Hay 34.000 personas en California […] que no pueden vivir verdadera y plenamente porque no se ha implementado completamente esta norma”.
El patrocinador del proyecto de ley es Last Prisoner Project, que aboga por la reforma de la justicia penal del cannabis en todo el país. En un comunicado, la directora de política estatal del grupo, Gracie Burger, anticipó que el proyecto “garantizaría que California cumpla su promesa atrasada a los perjudicados por la Guerra contra las Drogas”.
The promise of ‘social equity’ has been a key narrative tied to California’s legalized pot industry. So far, efforts have been mired by costly delays.
El defensor público adjunto del condado de Los Ángeles, Nick Stewart-Oaten, respondió favorablemente a la legislación propuesta. “Durante décadas, el sistema de justicia destruyó rápidamente la vida de hombres, mujeres y menores acusados de delitos no violentos relacionados con la marihuana; este proyecto simplemente requiere que el sistema actúe con un entusiasmo y una velocidad similares, al devolverles la vida a los condenados anteriormente”, destacó Stewart -Oaten, miembro de la junta de la Asociación de Defensores Públicos de California, en un comunicado.
Felicia Carbajal, directora ejecutiva del Social Impact Center en Los Ángeles, consideró que el proyecto de ley es “un gran paso en la dirección correcta para asegurarnos de no dejar atrás a las personas más perjudicadas”.
Los funcionarios judiciales responsabilizaron a una combinación de factores por las demoras, incluido el COVID-19, la escasez de personal, los sistemas de gestión de casos obsoletos, los registros antiguos que requieren revisión manual y diversos problemas técnicos.
La investigación de The Times encontró que algunos tribunales superiores no han procesado por completo un solo caso. Esto incluye Riverside, donde languidecen 21.000 casos, y San Bernardino con 5.400.
“La corte realmente no tiene ningún comentario sobre la legislación pendiente, pero si se aprueba, por supuesto, nos aseguraremos de que se cumpla”, escribió Marita Ford, portavoz de la Corte Superior de Riverside, en un correo electrónico.
La portavoz de la Corte Superior de San Bernardino, Julie Van Hook, añadió: “Se comenzó a trabajar en estos casos y, si los recursos lo permiten, existe la intención de completar el trabajo para el 1º de julio de 2022”.
Los retrasos no se deben a la falta de fondos, informó The Times. Los tribunales recibieron $16.83 millones en fondos estatales para el procesamiento de registros. El Consejo Judicial, que supervisa los tribunales superiores, distribuyó el dinero entre los condados, pero no registra cuánto progreso han hecho los tribunales. San Bernardino recibió más de $840.000 y Riverside $638.000, según datos del Consejo Judicial.
Cuando los votantes de California legalizaron el cannabis para uso recreativo, en 2016, una promesa fue la creación de un camino legal a través de los tribunales para aclarar muchas condenas anteriores relacionadas con la marihuana, o reducirlas a un cargo menor.
Fue un paso defendido por los activistas de la reforma, destinado a corregir muchas de las injusticias infligidas por la guerra contra las drogas de la nación, que se libró de manera desproporcionada contra las personas pobres y las comunidades de color.
Se suponía que la ley de 2018, AB1793, eliminaría en masa las condenas por cannabis pasadas, retirando la necesidad de presentar peticiones judiciales individuales, un proceso oneroso que pocos californianos emprendieron, ya sea por falta de recursos o conciencia de que era una opción. La carga recayó en el estado para automatizar el proceso de identificación de casos elegibles, actualización de registros y desestimación y sellado de muchos de ellos para que no aparezcan en las verificaciones de antecedentes.
La ley fue la primera en la nación en ofrecer autorización automática de antecedentes penales por marihuana.
Rob Bonta, procurador general de California y autor de la ley para borrar los antecedentes penales mientras se desempeñaba en la legislatura, reconoció los problemas con la implementación. “No es aceptable. Está tomando demasiado tiempo”, declaró a The Times en una entrevista, el pasado diciembre.
Mia Bonta reemplazó a su esposo en una elección especial, en septiembre, después de que él fuera nombrado fiscal general.
Los retrasos en la liquidación de los cargos por drogas pueden tener consecuencias nefastas para quienes buscan empleo, licencias profesionales, vivienda, préstamos y en otros casos en los que se requieren verificaciones de antecedentes.
Según el proyecto de ley, el Consejo Judicial tendría la tarea de recopilar datos sobre la limpieza de registros de cannabis en todo el estado y emitir informes públicos periódicos. El Comité de Legislación de la agencia revisará el proyecto de ley en los próximos meses, comentó un representante.
El proyecto de ley también ampliaría la elegibilidad para la autorización de registros de cannabis para incluir una condena por conspiración, conocida como “wobbler”. En tales casos, los fiscales tienen discreción para acusar lo que de otro modo sería un delito menor como uno grave.
Además, la medida exige que el Departamento de Justicia del estado dirija una campaña de concientización pública para que las personas sepan que sus registros fueron actualizados y que ya no tienen que divulgar las condenas.
Hasta el momento, ningún grupo se manifestó en contra del proyecto de ley. La Asociación de Jefes de Policía de California, que se opuso en 2018, no respondió a una solicitud de comentarios. “Espero que esto inicie conversaciones sobre algunas de las otras fallas de la Guerra contra las Drogas [más allá del cannabis]”, añadió Carbajal, director ejecutivo del Social Impact Center.
Bonta reconoció que las condenas por cannabis comprendían un frente dentro de un proyecto más amplio de reparar el daño de los enjuiciamientos por drogas. “Los negros, las personas de color, especialmente, fueron el blanco de la Guerra contra las Drogas”, expresó. “[El proyecto de ley] es, en cierto sentido, una forma de reparación”.
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