Por qué el crimen es el eje de las elecciones en California este año

SACRAMENTO —  Un inusual mensaje que ataca al procurador general, Rob Bonta, y lo postula como un “político antipolicías” puede ser un problema pequeño en el enorme universo de las redes sociales, pero sirve como una gran advertencia para que los demócratas sepan qué esperar en el periodo electoral de California.

“¿Cómo puede alguien que se preocupa más por los derechos de los criminales que de las víctimas, y que habitualmente está en desacuerdo con las fuerzas del orden público, ser el principal policía de nuestro estado?”, pregunta el anuncio. “Es tiempo de un cambio”.

La crítica proviene de un comité político autónomo que respalda a la candidata a fiscal general, Anne Marie Schubert, la republicana convertida en fiscal de Distrito independiente del condado de Sacramento. El anuncio también ataca al gobernador Gavin Newsom, quien enfrenta un bombardeo similar de la derecha en su carrera por la reelección, por su promesa de cerrar dos prisiones, imponer una moratoria a la pena de muerte y nombrar a Bonta como el principal policía del estado.

Después de permanecer más de una década en el segundo plano de las preocupaciones de los votantes en California, el temor por el crimen pasó a primer lugar a medida que los republicanos lo aprovechan para fustigar a los demócratas desde el Capitolio estatal hasta la Casa Blanca. Ellos exigen el fin de las políticas liberales que reemplazaron a algunas de las leyes más duras contra el delito de las décadas de 1980 y 1990, promulgadas durante los gobiernos de sus correligionarios de partido, George Deukmejian y Pete Wilson.

El cálculo político es claro. Dos tercios de los electores registrados en California creen que la delincuencia ha aumentado en sus vecindarios, según una encuesta reciente del Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley, copatrocinada por Los Angeles Times. Poco más de la mitad de los ciudadanos con derecho al sufragio sondeados afirmaron que Newsom está haciendo un mal trabajo en materia de combate al delito y en seguridad pública, 16 puntos porcentuales más que en 2020.

Esas percepciones fueron impulsadas en gran medida por la cobertura de noticias de televisión de una serie de robos coordinados en tiendas. Los ataques y asaltos de vehículos también están propiciando el incremento del crimen en las principales ciudades, según un estudio realizado en enero por el Instituto de Políticas Públicas de California.

El consultor político republicano David Gilliard afirmó que el crimen es un tema que los demócratas californianos “sufren”, después de convencer a los votantes de ampliar las opciones para la liberación anticipada de miles de personas encarceladas y reducir el castigo para muchos condenados por robo y otros delitos no violentos.

La Proposición 47, la medida electoral aprobada por los ciudadanos en 2014 que apoyó Newsom, reclasificó algunos delitos graves de drogas y robo como ‘menores’ y aumentó de 400 dólares a 950 dólares la cantidad por la cual un asalto puede ser procesado como trasgresión grave. Dos años más tarde, los sufragantes de California eligieron la Proposición 57, una disposición para revisar la libertad condicional que aumentó los créditos por buena conducta, permitiendo que los presos fueran liberados antes de cumplir su condena. “Cuando en las cárceles hay menos personas que delinquen, significa que hay más de ellas en la calle. Por lo tanto, el crimen aumenta. Es una ecuación bastante fácil de entender para los votantes”, destacó Gilliard.

En dos de los condados más liberales de California hay iniciativas de destitución contra fiscales de Distrito: uno para expulsar a Chesa Boudin, de San Francisco -que la propia alcaldesa de San Francisco, London Breed, insinuó podría apoyar- estará en la boleta electoral de junio. Otra, contra el procurador de Distrito de L.A., George Gascón, se está convirtiendo en una línea divisoria fundamental en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles.

Los republicanos en Sacramento se apoyan en el impacto de la Proposición 47 para cristalizar su mensaje político. El asambleísta Kevin Kiley (R-Rocklin), que se postula para el Congreso en un distrito sólidamente republicano, la calificó como una “medida fallida”, que infligió “consecuencias desastrosas” a los californianos. Él y más de una docena de otros legisladores correligionarios presentaron el Proyecto de Ley 1599 de la Asamblea para derogar el estatuto, un gesto mayormente simbólico en una Legislatura controlada por demócratas. “Creo que los residentes están hartos de este tipo de anarquía”, destacó Kiley. “Y están listos para volver a tener una política de seguridad pública racional”.

Algunos líderes republicanos destacados transmitieron un discurso distinto hace solo siete años, cuando la retórica de mano dura contra el crimen comenzó a desvanecerse en algunas partes del país.

En 2014, el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, y el expresidente republicano de la Cámara, Newt Gingrich, instaron a los votantes de California a aprobar la Proposición 47. En un artículo de opinión del Orange County Register, Paul argumentó que Estados Unidos necesitaba cambiar su sistema de justicia penal porque “drena el dinero de los impuestos, desestabiliza a las familias y, lo que es peor, no nos brinda más seguridad”.

Ese mismo año, el entonces gobernador de Texas, Rick Perry, se jactó de cerrar un centro correccional luego de que el estado usara los tribunales de drogas para trasladar a personas adictas a espacios de tratamiento.

“Si quieres hablar de un verdadero gobierno conservador, cierra las prisiones y ahorra ese dinero”, le dijo Perry a la audiencia en la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2014.

Pero los comentarios de Paul y Perry llegaron en un momento en que las tasas de criminalidad estaban cerca de mínimos históricos en muchas partes del país, y las preocupaciones de los votantes se centraban en otros temas.

Para el consultor demócrata Andrew Acosta, los electores de hoy están enojados por una cantidad de problemas que afectan su vida cotidiana -entre ellos, el delito-, y los candidatos de su partido harían bien en tomar eso en serio.

“Vivienda, delincuencia: esas son las dificultades. Luego se agrega el condimento de la inflación”, puntualizó Acosta. “¿Cómo luce todo esto para noviembre? No lo sé, pero en este momento, podría ser un brebaje un poco tóxico”.

El asambleísta Al Muratsuchi (D-Rolling Hills Estates), exfiscal del Departamento de Justicia del estado, apoya la legislación de este año para revertir las disposiciones de la Proposición 47, incluido un proyecto de ley para que el umbral del delito grave por robo vuelva a ser de 400 dólares.

“La Legislatura debe responder a la voluntad del pueblo”, destacó Muratsuchi. “La encuesta de Berkeley muestra claramente que cada vez más californianos están más preocupados por la dirección que llevamos, y ahora tal vez sea el momento de corregir el rumbo o modificarlo”.

El asambleísta Reggie Jones-Sawyer (D-Los Ángeles), presidente del Comité de Seguridad Pública, está a favor de adoptar un enfoque más mesurado en lugar de ceder a la política del momento. Cualquier intento por echar abajo la Proposición 47 debe ir acompañado de datos que demuestren por qué se necesitan los cambios, que no estén “basados en el miedo”, destacó.

Según él, existe un malentendido generalizado de la Proposición 47, lo cual la hace vulnerable a las críticas. Para Jones-Sawyer, debería haber una mayor colaboración entre los defensores de la justicia penal y las fuerzas del orden, y comparó a las dos partes con “padres enfrentados durante un divorcio”.

“Cuando discutimos así, esto se convierte en un campo de batalla. Y las únicas personas que sufren son aquellas a las que se supone que debemos cuidar”, remarcó.

Jones-Sawyer presentó un proyecto de ley este año para otorgar a las fuerzas del orden público más poder para arrestar a las personas involucradas en el robo organizado en tiendas y en forma violenta.

Margaret Mims, sheriff del condado de Fresno, consideró que el alza de los delitos violentos y las crecientes preocupaciones entre los votantes eran predecibles. Los robos contra la propiedad están tan desenfrenados que más negocios y residentes no ven razón para denunciarlos, destacó. “Nos abruma porque los delincuentes parecen estar más envalentonados”, expuso. “Creo que eso se debe a los mensajes que se envían desde Sacramento, lamentablemente, y con la Proposición 47”.

Los defensores del estatuto señalan que, según el Departamento de Justicia de California, los delitos contra la propiedad han disminuido constantemente en todo el estado desde que se promulgó la ley, al menos hasta 2020, las cifras más recientes disponibles.

Casi 30 estados alzaron el umbral para los delitos graves por robo desde 2005, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Más de la mitad de todas las entidades lo estipularon en 1.000 dólares o más.

“Durante años, las fuerzas del orden de California le han dicho a la gente que la Proposición 47 contribuye a un aumento de la delincuencia”, señaló Anne Irwin, fundadora y directora de Smart Justice California, que aboga por la reforma de la justicia penal. “La policía difundió esta información errónea incluso cuando el delito en el estado estaba en mínimos históricos”.

Un profesor de criminología de UC Irvine, Elliott Currie, sostiene que las estadísticas delictivas contra la propiedad son notoriamente poco confiables, incluso lo eran antes de la aprobación de la Proposición 47, porque muchos incidentes no se denuncian. Durante la pandemia, añadió, delitos violentos, en particular los asesinatos, fueron en aumento en todo el país. “Está ocurriendo en diferentes lugares: estados rojos, azules y demás. Si se intenta atribuir eso a las reformas de la justicia penal de California, claramente se está ladrando al árbol equivocado”, subrayó. “Es solo un tema de conversación republicano ahora”.

El fuerte incremento de homicidios durante la crisis sanitaria sí es más claro, destacó Currie. A nivel nacional, la tasa subió casi un 30% entre 2019 y 2020, y California experimentó un alza ligeramente mayor, según los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU (CDC) y el Departamento de Justicia del estado. Montana, Dakota del Sur y Kentucky registraron algunos de los más grandes aumentos, al igual que Nueva York, Pensilvania e Illinois.

Los candidatos en algunas de las contiendas políticas divisivas de California están haciendo del alza de asesinatos una pieza central de su discurso ante los votantes este año.

El aspirante republicano a gobernador, Brian Dahle, senador estatal del norte de California, culpó de ese flagelo a las políticas de las “élites liberales”. Brian Marvel, presidente de la Asociación de Oficiales de Paz de California, consideró que las políticas progresistas del estado sobre el crimen “nos han costado vidas y creado muchas más víctimas” cuando anunció el respaldo de su organización a Schubert como fiscal general, el martes.

Pero Newsom y Bonta señalaron su intención de utilizar el miedo a la violencia armada en una nueva línea de ataque a la industria armamentística. Los demócratas argumentan que los defensores del derecho a portar armas y los fabricantes de éstas sembraron el crecimiento de los delitos de alto impacto a través de la proliferación de armas en todo el país. Los dos se presentaron juntos en una conferencia de prensa, en febrero, en Del Mar, para apoyar la legislación que permite a los californianos demandar a los fabricantes y distribuidores de armas.

A lo largo de sus primeros tres años en el cargo, Newsom defendió las políticas progresistas contra el crimen adoptadas durante la última década, incluidas las prohibiciones de armas de asalto y medidas destinadas a reducir la reincidencia a través de oportunidades educativas y programas de salud mental. “No vamos a dar marcha atrás en nuestro compromiso estatal de promover reformas integrales. No vamos a retroceder para corregir los errores del pasado”, afirmó el gobernador en diciembre.

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