Legisladores de California apuntan al fentanilo, mientras crecen las sobredosis por opioides

SACRAMENTO —  Los legisladores de California están respondiendo a un aumento en las sobredosis de fentanilo y las muertes en sus ciudades con una lista de proyectos de ley que incluyen sanciones más severas por distribuir el opioide sintético y facilitar el acceso a un consumo y tratamiento más seguros.

“No tengo ninguna duda de que la epidemia de fentanilo es una crisis urgente de salud pública. Tampoco de que no hemos actuado con la urgencia adecuada para abordar eso”, destacó la asambleísta Cottie Petrie-Norris (D-Irvine) durante una conferencia de prensa, el martes, para revelar el proyecto de ley 2246 de la Asamblea, una medida para fortalecer el castigo por distribución y posesión. “Creo que es importante para nosotros como Legislatura pasar la página y actuar urgentemente ahora para proteger a nuestros niños”.

La propuesta permitiría a los fiscales imponer una sentencia de 20 años a cadena perpetua para quienes distribuyeron fentanilo que resultó en una sobredosis mortal, y convertiría en delito grave poseer dos o más gramos del opioide. La medida también agregaría mejoras de sentencia por vender fentanilo en áreas alrededor de niños o en las redes sociales. Y clasificaría la sustancia distribuida para uso ilícito como una droga de la Lista 1, etiqueta utilizada por la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) para los narcóticos que no tienen uso médico aceptable y son los más propensos a ser abusados.

“La conclusión es que tenemos que asegurarnos de que aquellos que se benefician de la crisis del fentanilo, aquellos que envenenan a nuestros hijos, sepan que hay consecuencias y que el castigo se corresponde con el delito”, comentó Petrie-Norris.

La adicción al fentanilo se convirtió rápidamente en una de las crisis de salud pública más preocupantes del país. El opioide sintético altamente adictivo se usa típicamente en entornos médicos para mitigar el dolor extremo. Es hasta 100 veces más potente que la morfina, según la DEA, lo cual lo hace extremadamente peligroso fuera de un entorno médico supervisado. Incluso dos miligramos pueden ser letales.

El fármaco influyó para que las sobredosis mortales en Estados Unidos llegaran a más de 100.000 durante el período de 12 meses hasta abril de 2021, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, un aumento del 28,5%.

California no es ajena a la crisis. El Departamento de Salud Pública del estado registró 3946 decesos relacionados con el fentanilo en 2020. San Francisco registró 98 por sobredosis en enero y febrero de este año, según un informe reciente de un médico forense, y la mayoría involucraron fentanilo. La droga también está detrás de tendencias alarmantes en el condado de Los Ángeles, donde las sobredosis mortales se dispararon en un 48% durante los primeros cinco meses de la pandemia en comparación con el mismo período en 2019, según el Departamento de Salud Pública.

El proyecto de ley de Petrie-Norris se encuentra entre una serie de propuestas en Sacramento para abordar el problema.

El asambleísta James Ramos (D-Highland) quiere tomar medidas enérgicas contra las redes sociales como mercado de opioides con el proyecto de ley 1628 de la Asamblea, que requeriría que empresas como Snapchat implementen políticas que prohíban la venta de fentanilo y otras sustancias controladas en sus plataformas. Ramos presentó un segundo proyecto para hacer que Narcan, el medicamento para revertir la sobredosis, esté más disponible y para establecer equipos locales de respuesta a sobredosis a través de un programa piloto del Departamento de Justicia estatal. “El fentanilo es una crisis mortal que azota a nuestros jóvenes, adultos y nuestro estado”, afirmó durante una conferencia de prensa, en enero.

Una de las iniciativas más controvertidas para frenar las sobredosis y las muertes es el Proyecto de Ley 57 del Senado, una medida para legalizar en ciertas jurisdicciones los llamados sitios de inyección seguros, o áreas donde los adultos pueden consumir drogas en un entorno supervisado con personal capacitado. La propuesta autorizaría programas piloto en San Francisco, Oakland, la ciudad de Los Ángeles y el condado de Los Ángeles.

Para el senador estatal Scott Wiener (D-San Francisco), la SB 57 es una herramienta para “reducir el daño, salvar vidas y ayudar a las personas a conectarse con el tratamiento y los servicios”. “Ha llegado el momento de un enfoque práctico para nuestra crisis de muertes por sobredosis, y los sitios de consumo seguro son una estrategia comprobada para salvar vidas”, remarcó Wiener en un comunicado, el pasado enero.

Los republicanos tienen sus propias ideas sobre cómo detener la crisis. Un proyecto de ley requeriría que los hospitales analicen muestras de orina para detección de drogas en busca de fentanilo; otro requeriría que los tribunales informen por escrito a las personas condenadas por ciertos delitos, que es “extremadamente peligroso” fabricar y distribuir la droga y que “si alguien muere como resultado, el implicado puede ser acusado de homicidio doloso o asesinato”. Un tercer proyecto de ley establecería el Grupo de trabajo sobre el abuso de fentanilo de California en un esfuerzo por recopilar datos sobre el uso y aumentar la conciencia pública, y una medida separada establecería un programa de subvenciones en el marco de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California para que los locales luchen contra la crisis.

Según Petrie-Norris, no será fácil llevar su propuesta al escritorio del gobernador Gavin Newsom. En los últimos años, los demócratas de California han evitado agregar sanciones al código penal del estado a favor de apoyar los programas de rehabilitación y canalización. El martes, un proyecto de ley liderado por los republicanos para agregar sanciones por posesión de fentanilo no fue aprobado por el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea.

Petrie-Norris remarcó que es importante que los legisladores equilibren la rehabilitación con responsabilizar a las personas por la avalancha de distribución ilegal de fentanilo en California. “A pesar de que es una propuesta de sentido común, nos enfrentamos a una batalla cuesta arriba para que la Legislatura la apruebe”, agregó.

Pero Jeannette Zanipatin, directora estatal de California de Drug Policy Alliance, advirtió contra cualquier propuesta que imite las políticas de “guerra contra las drogas” de los años 80 y 90. Aumentar las sanciones llevaría a más vendedores de bajo nivel a la prisión o la cárcel y afectaría de manera desproporcionada a las personas negras, morenas e indígenas. “La preocupación es que una vez que se introduce una medida como ésta contra los vendedores, además de que la gente se sienta estigmatizada, realmente los empuja más a la clandestinidad”, señaló Zanipatin. “También vemos que la gente se involucra en comportamientos más riesgosos, lo cual también deriva en que más personas mueran”.

Las iniciativas federales para tomar medidas enérgicas contra el tráfico de fentanilo no han hecho mucho para frenar su distribución y uso, consideró. En lugar de hacer lo mismo, California debería centrar sus esfuerzos en modelos de tratamiento basados en la comunidad, remarcó. “Los mismos enfoques con un nombre diferente no van a cambiar nada. Tenemos que modificar nuestro enfoque y hacer algo innovador y que esté más centrado en reducir los daños”.

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