Eduardo Sánchez, residente de San Diego desde hace mucho tiempo, fue uno de los afectados por el cambio de política no anunciado después de que una decisión judicial eliminara la orientación del ICE sobre la discreción en materia de deportaciones.
Cuando Eduardo Sánchez se presentó una mañana reciente para un control con los funcionarios de inmigración en el centro de San Diego, supuso que sería como todos los que ha tenido desde 2017, cuando los funcionarios les señalaron a él y a sus cuñados por ser indocumentados.
Pensó que le preguntarían si su dirección o su número de teléfono habían cambiado y se asegurarían de que seguía cumpliendo sus requisitos. Comprobarían el estado de su caso de inmigración. Luego volvería a su casa de Linda Vista para estar con su mujer y sus dos hijos.
Pero el lunes 11 de julio, Sánchez se presentó a su control y en cuestión de horas se encontró deportado a Tijuana.
Eso fue aproximadamente cinco días después de que un tribunal federal de apelación anulara las directrices del Servicio de Inmigración y Aduanas que dan prioridad a las deportaciones basadas en antecedentes penales significativos o en cuestiones de seguridad nacional.
“No sabía qué hacer”, dijo en español Sánchez, quien no tiene antecedentes penales. Su voz se entrecortó por la emoción al recordar los momentos que pasó en una celda del ICE a la espera de ser deportado. “Pensaba mucho en cómo me iban a separar de mi familia. Sucedió tan de repente”.
El ICE no respondió a una solicitud de comentarios.
El ICE no ha anunciado ningún cambio de política en cuanto a las deportaciones que llevará a cabo, pero según los abogados de inmigración, deportar a alguien como Sánchez supone una clara ruptura con la política anterior.
Sánchez, de 39 años, tenía pendiente una moción de reapertura de su caso basada en cosas que ocurrieron después de que se decidiera su caso inicial. Debido a esta moción pendiente, su abogado se sorprendió de que el ICE decidiera deportarlo.
Sánchez dijo que otros dos hombres en situaciones similares a la suya fueron deportados con él, y los abogados de inmigración de todo el país, incluso en estados no fronterizos como Oklahoma, han empezado a recibir audiencias de clientes después de que el ICE los expulsara inesperadamente de Estados Unidos.
El cambio podría afectar a cientos de miles de personas a las que un juez de inmigración ha emitido órdenes de expulsión —las órdenes que dan permiso al ICE para deportarlas—pero que siguen buscando otras soluciones para permanecer permanentemente en Estados Unidos.
No hay orientación
Bajo el gobierno de Trump, las personas que tenían órdenes de expulsión solían tener miedo de ir a su próximo control del ICE.
Esto se debe a que el gobierno dijo a los funcionarios del ICE que deportaran a todo el mundo que pudieran deportar. Algunas personas optaron por refugiarse en iglesias en lugar de acudir a sus controles. Otros acudían a sus últimos recursos para conseguir apoyo público en la prensa. Muchos acabaron deportados.
Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, lo hizo con la promesa de centrarse en las deportaciones basadas en los antecedentes penales.
En septiembre de 2021, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió unas directrices para el ICE sobre las personas a las que sus agentes debían dar prioridad para la deportación: personas que los funcionarios consideraban una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, así como las que habían entrado recientemente en el país sin permiso.
Pero los estados de Luisiana y Texas presentaron una demanda, y un juez federal bloqueó el memorando de Mayorkas. Esa sentencia fue confirmada a principios de julio por el Tribunal de Apelación del 5º Circuito.
Un aviso en el sitio web del ICE asegura que la agencia está respetando la sentencia.
“Hasta nuevo aviso, el ICE no aplicará ni se basará en el Memorando Mayorkas de ninguna manera”, dice el aviso.
El gobierno de Biden ha apelado la decisión ante el Tribunal Supremo, que de momento ha dejado en suspenso la decisión del tribunal inferior, pero ha acordado escuchar los argumentos del caso a finales de este año. Mientras tanto, el caso ha dejado a los funcionarios del ICE con poca orientación a la hora de decidir a quién deportar.
“Ha provocado una especie de desorden en el que se piensa en el ICE como un cuerpo entero a nivel nacional, pero ahora mismo es como un pollo con la cabeza cortada”, dijo el abogado de inmigración Mark Prada, con sede en Miami. “Creo que lo están tratando como si fuera temporada abierta, y ahora deportan a la gente como quieren”.
En el pasado, dijo la abogada de inmigración Lorena Rivas, con sede en Oklahoma, el ICE solía avisar a las personas que se registraban con ellos que serían deportadas en una fecha futura para que tuvieran tiempo de poner sus asuntos en orden.
En las últimas semanas, un cliente suyo fue deportado sin previo aviso y otros abogados le han informado de casos similares.
La vida en California
Sánchez llegó a Estados Unidos con su ahora esposa Patricia Osorio y varios miembros de su familia en el año 2000. La pareja era aún adolescente -y menor de edad- cuando llegó.
Llegar a fin de mes con el trabajo que pudieron encontrar como inmigrantes indocumentados fue duro, pero se las arreglaron, alcanzando la mayoría de edad y forjando sus vidas juntos. Tuvieron un hijo, Cristóbal, que ahora tiene 18 años y está terminando la escuela preparatoria.
“Mi vida está en California”, dijo Sánchez. “Allí aprendí a trabajar, a ser padre”.
Sánchez trabajó durante un tiempo con sus cuñados en un lavadero de autos. Finalmente, encontró un trabajo pintando autos.
Luego llegó el gobierno de Trump. El otoño de 2017 fue una época de mucho trabajo para la Oficina de Campo del ICE de San Diego. Sus agentes detuvieron a más de 1600 inmigrantes sin antecedentes penales entre octubre y diciembre de ese año, más que en ningún otro lugar del país.
Sánchez estaba entre ellos.
Un día de noviembre de 2017, cuando se dirigía al trabajo con Osorio, los agentes del ICE pararon su auto. Le entregaron un aviso de comparecencia ante el tribunal de inmigración y un monitor de tobillo, pero le permitieron quedarse con su familia mientras esperaba su caso, en lugar de pasar el tiempo en detención de inmigrantes. Se le exigió que se presentara periódicamente ante el ICE y que siguiera las normas de éste para controlar su paradero.
El ICE vino por los hermanos de Osorio más o menos al mismo tiempo, dijo Osorio. Uno de ellos reconoció que la foto que el ICE tenía de él era la de su permiso de conducir -los tres habían obtenido permisos después de que California aprobara la ley AB60, que creó un permiso de conducir especial para los inmigrantes indocumentados-.
Desde entonces, se han preguntado si esos permisos fueron la forma en que los tres hombres acabaron siendo objetivos.
Sánchez se presentó a sus controles y, en el tribunal de inmigración, solicitó un programa llamado cancelación de expulsión. Ese programa permite a los residentes de larga duración solicitar permiso para quedarse si su deportación causaría dificultades extremas e inusuales a un ciudadano de Estados Unidos, en el caso de Sánchez su hijo. La norma legal, que exige que el inmigrante demuestre que tiene dificultades más allá de las típicas causadas por la deportación, es difícil de cumplir.
Sánchez perdió y se ordenó su expulsión en 2019. Apeló.
Ese recurso fue desestimado por la Junta de Apelaciones de Inmigración en 2021.
Mientras tanto, nació su segundo hijo, Mateo. Y a Sánchez se le diagnosticó la enfermedad de Graves, un trastorno que podría provocar un paro cardiaco si no recibe la medicación adecuada.
Además, un cartel controla ahora la zona de la que procede Sánchez en México. Después de que uno de los miembros de su familia se negara a unirse, el cartel disparó contra la casa de la familia, y gran parte de la familia ampliada de Sánchez ha huido desde entonces para pedir asilo en Estados Unidos.
Con la ayuda de un nuevo abogado, Sánchez presentó una moción para reabrir su caso debido a estos cambios de circunstancias. La moción argumenta que un juez de inmigración debería volver a examinar su caso para cancelarlo debido a su enfermedad y a las dificultades emocionales que causaría a sus hijos si no puede recibir la atención que necesita para tratarla mientras está en México. También argumenta que se le debería permitir solicitar asilo, cosa que nunca ha hecho, basándose en la forma en que su familia ha sido perseguida por el cartel.
La moción está pendiente desde septiembre de 2021.
Ginger Jacobs, abogada del bufete que representa a Sánchez, dijo que los abogados de inmigración locales tenían un acuerdo con la Oficina de Campo de San Diego del ICE de que las personas como Sánchez no serían deportadas.
Cuando lo detuvieron en el momento del registro, su bufete no fue notificado, dijo. Sánchez dijo que le permitieron llamar a su mujer pero no a su abogado. Cuando Osorio se puso en contacto con la oficina de Jacobs y un abogado de ésta se apresuró a presentar una solicitud para suspender la deportación, ya era demasiado tarde.
“Fue muy rápido. No me parece justo”, dijo Osorio en español. “Sabemos lo que ha pasado, que se lo han llevado y todo. Pero esto, cómo sucedió, todavía no me lo puedo meter en la cabeza”.
Sánchez cree que la rapidez de su deportación fue intencionada para evitar que alguien pudiera detenerla.
“Esto es totalmente nuevo”, dijo Jacobs. “Se suponía que esto no iba a ocurrir bajo un gobierno de Biden, y tal vez ni siquiera bajo ningún gobierno, especialmente cuando alguien tiene una moción de reapertura basada en razones de asilo o caso similar”.
Conmocionado
Las ramificaciones para Sánchez y otros como él podrían ser importantes. Muchas de las formas de intentar conseguir el permiso de estancia en Estados Unidos, incluidas las que él pretendía solicitar al reabrir su caso, requieren que el solicitante esté en territorio estadounidense.
Jacobs y su equipo están intentando encontrar una forma de que Sánchez pueda volver con su familia y seguir luchando por su caso. Por ahora, Sánchez sigue esperando poder volver a la casa adosada de Linda Vista que alquila su familia.
Mateo tiene ahora dos años. Cuando nació el niño, Sánchez organizó su horario de trabajo para poder pasar las mañanas juntos. Desde entonces, el niño ha estado pegado a él, esperando a que volviera del trabajo y siguiéndole en casa.
Sánchez y Osorio no le han dicho a Mateo que su padre ha sido deportado. Pregunta con frecuencia por Sánchez, y Osorio le dice que Sánchez está en el trabajo.
Cristóbal, el hijo mayor, no habla mucho de lo que le ha pasado a su familia, pero está claro que le ha dejado huella. Cuando alguien llama a la puerta de la casa familiar, Cristóbal se precipita hacia la ventana, con la cara llena de preocupación, para ver quién es antes de abrir.
Está considerando dejar sus estudios para ayudar a su madre a pagar el alquiler. Ella trabaja a tiempo parcial limpiando casas, pero Sánchez era el principal sostén de la familia.
Sánchez ha encontrado un refugio, al menos temporal, con un amigo del trabajo que vive en Tijuana. Sánchez fue deportado con no más de 20 dólares en el bolsillo y se las arregló para llamar a su amigo cuando aún estaba lo suficientemente cerca de la frontera como para tener servicio de telefonía móvil.
Apenas sale de casa. Tiene miedo de que, incluso en Tijuana, el cartel se dé cuenta de su presencia y vaya por él.
“Todavía estoy procesando”, dijo Sánchez, sentado en el porche de la casa de su amigo. “No puedo dormir. No quiero comer. Es estresante estar en esta situación”.
Pasa la mayor parte del tiempo viendo la televisión e intentando no pensar. Por la noche, infla un colchón de aire en una habitación libre que su amigo ha utilizado como almacén.
Osorio sigue en estado de shock. El tercer cumpleaños de Mateo se acerca en septiembre. Sabe que el niño esperará un pastel, una celebración. Pero no está seguro de que eso sea ya posible desde el punto de vista económico —o emocional—.
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