Casi 300 personas demandan por presuntos abusos sexuales en centros de menores y campamentos del condado de Los Ángeles

Durante cinco décadas, cientos de menores en campamentos juveniles y salas de detención del condado de Los Ángeles han sufrido repetidas agresiones sexuales a manos de oficiales de libertad condicional y detención, según una demanda presentada por casi 300 ex detenidos.

Página tras página de la demanda de 359 páginas presentada el 20 de diciembre detalla las acusaciones de fallos sistémicos y horribles escenas de abuso sexual que, según los abogados, no fueron controladas por el Departamento de Libertad Condicional del condado de Los Ángeles, que administra los campamentos y centros.

Los abogados de los 279 demandantes afirman que algunos de los menores fueron víctimas de más de un agente, y algunos agentes están acusados de ser abusadores en serie, ya que a lo largo de los años han encontrado repetidamente nuevas víctimas entre los que se encontraban en las instalaciones.

La demanda afirma que los demandantes no sólo eran menores, sino que también estaban encarcelados, lo que marca el abuso bajo el “color de la autoridad”.

Las supuestas agresiones, que datan de la década de 1970 hasta 2018, abarcaron una amplia franja del sistema de centros de menores del condado de Los Ángeles, en su día inmenso y ahora en su mayoría cerrado, desde Camp Scott y Camp Kenyon Scudder -instalaciones para chicas- hasta el Challenger Memorial Youth Center y los centros de menores Los Padrinos, Central y Barry J. Nidorf.

Los funcionarios del condado no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La última demanda, que involucra a 279 demandantes, sigue a dos demandas presentadas a principios de este año en las que 70 mujeres dijeron que fueron agredidas sexualmente en Camp Scott y otras instalaciones de libertad condicional. Se alega que los oficiales de detención no sólo abusaron de las adolescentes, sino que también violaron a los varones y, en algunos casos, el personal femenino obligó a los mismos varones a realizar actos sexuales.

Un hombre declaró que en 2004, cuando tenía 17 años, le obligaron a cometer actos sexuales con regularidad tanto con un funcionario como con una funcionaria del centro de menores Nidorf de Sylmar.

El hombre, que ahora tiene 35 años y es identificado como John TG Roe en la demanda, dijo a The Times que recuerda al oficial masculino llevándolo a una celda separada para abusar sexualmente de él y advirtiéndole repetidamente: “Será mejor que no digas una palabra a nadie”.

La demanda alega que fue violado repetidamente durante su estancia en la sala.

“En esos largos días, no paraba de venir”, dijo TG Roe del agente masculino, con la voz temblorosa por la emoción. “¿Cómo puedes hacerle eso a alguien?”.

La agente de libertad condicional prometió repetidamente a Roe “que le ayudaría a salir, pero que no se lo dijera a nadie”, y añadió que le hizo regalos como un cepillo para el pelo y otros objetos difíciles de conseguir. Dijo que, como adolescente del sur de Los Ángeles, pensó en ese momento que estaba solo, pero ahora sabe que hay cientos de otros acusadores.

“El condado ha creado esencialmente un refugio seguro en el que estos abusadores han podido cazar... a las víctimas en un entorno cerrado muy parecido al de un pájaro en una jaula”, dijo el abogado principal del litigio, Douglas Rochen, del bufete ACTS. “El hecho de que haya durado tanto tiempo como lo ha hecho, a pesar de todas las quejas y el conocimiento por parte del condado, es un testimonio de un sistema que ha fallado”.

La demanda se produce en medio de una ventana creada por una ley estatal de 2020 que abrió un raro período de tres años para que las personas demanden por situaciones de abuso sexual de hace décadas. La ley hace una pausa en el estatuto de limitaciones de California, permitiendo que se presenten demandas por daños civiles. A partir de 2022, las personas podrán presentar demandas civiles si los supuestos incidentes tienen menos de 40 años de antigüedad o si han transcurrido cinco años desde que los demandantes sufrieron los efectos psicológicos de los supuestos abusos sexuales del pasado.

Incluso antes de la última demanda, la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, calificó las acusaciones de “horribles”.

“Los agentes responsables de estos abusos deben rendir cuentas”, afirmó. “No tienen nada que hacer trabajando para el condado, y deberían enfrentarse a cargos penales”.

La Comisión de Supervisión de la Libertad Condicional del condado ya estaba planeando una audiencia que permitiría a los acusadores testificar de forma anónima.

Esché Jackson, vicepresidenta de la comisión, que estuvo encarcelada en Central, Padrinos y Nidorf durante dos años cuando era joven, dijo en una audiencia reciente que las acusaciones de abusos le tocaban de cerca, ya que conocía a niñas que habían sido víctimas de quienes debían protegerlas.

“Las últimas acusaciones de abusos sexuales contra mujeres menores de edad en libertad condicional traen un nuevo significado a la noción de que lo que sucede en la oscuridad debe salir a la luz”, dijo.

En la demanda se alega que los agentes de libertad condicional amenazaban a las menores con castigarlas o les ofrecían recompensas, como la puesta en libertad anticipada, si realizaban actos sexuales.

Jane PS Roe afirma en la demanda que, en 1999, cuando tenía 15 años, un agente de libertad condicional identificado como James Petty la manoseó repetidamente en su despacho de Camp Scott y que en ocasiones la esposó a la silla para que no pudiera resistirse a sus ataques. La enviaba al “agujero” si se resistía, dijo, lo que ocurrió cuatro o cinco veces, según los documentos presentados en la demanda.

Cuando más tarde regresó a Scott como jefa de pelotón, Petty le dijo que para mantener sus privilegios tendría que practicarle sexo oral, dijo PS Roe en la demanda. La mujer, que ahora tiene 38 años, dijo que otras chicas presenciaron el abuso forzado en dos ocasiones y que ella lo denunció a una enfermera, a los profesores y a los cocineros, pero fue ignorada.

Petty también fue identificada como agresora en las demandas anteriores.

Las acusaciones no se limitan a décadas pasadas. Una mujer dijo en la demanda que en 2018, cuando tenía 16 años y estaba embarazada, la dejaron atrás cuando todos se fueron a comer. Dijo que comenzó a patear la puerta, pero un oficial no identificado “entró y comenzó a manosear sus pechos ... y nalgas mientras sonreía, sugiriendo que era para su propia gratificación sexual”.

Algunas también alegan en la demanda que sufrieron abusos por parte de distintos funcionarios en diferentes instalaciones.

Jane CR Roe afirma en documentos judiciales que sufrió abusos por parte de dos agentes de libertad condicional distintos entre 1995 y 1997, cuando tenía entre 15 y 17 años.

Estas demandas no son las primeras que denuncian condiciones abusivas en los centros de detención de menores. Una investigación de varios años del Departamento de Justicia de EE. UU. descubrió que el personal utilizaba con frecuencia “fuerza excesiva” -incluido el uso excesivo de spray de pimienta por parte del personal- y que a los jóvenes detenidos no se les proporcionaban tratamientos o programas de salud mental adecuados. El condado fue sometido a supervisión federal durante seis años, y la vigilancia de las instalaciones finalizó en 2015.

Las instalaciones de custodia de menores del condado han sido objeto de un intenso escrutinio estatal en los últimos años.

Una investigación realizada en 2010 por The Times descubrió que al menos 11 agentes de libertad condicional de menores del condado de Los Ángeles habían sido condenados por delitos o sancionados por conducta inapropiada con menores en libertad condicional o ex menores en libertad condicional, incluidos varios casos de abusos o palizas a jóvenes a su cargo. Hubo 102 acusaciones de mala conducta de oficiales que involucraron a jóvenes en los campamentos de las salas juveniles del condado entre 2007 y 2010.

En 2018, se aprobó un acuerdo de un millón de dólares en una demanda que involucraba al ex oficial de libertad condicional Oscar David Calderón Jr, quien fue sentenciado a un año en la cárcel del condado en 2017 después de declararse culpable de dos delitos graves de asalto bajo el color de la autoridad por “tocar inapropiadamente” a dos niñas en Camp Scudder.

En 2020, los funcionarios del condado aprobaron el eventual desmantelamiento del sistema de libertad condicional juvenil del condado en favor de una nueva agencia que se centraría en el apoyo emocional, el asesoramiento y el tratamiento.

En enero de 2021, el condado llegó a un acuerdo con la oficina del fiscal general de California para mejorar las condiciones de los centros de menores, después de que una investigación estatal descubriera que los agentes de detención utilizaban innecesariamente espray de pimienta; confinaban a los menores en celdas durante largos periodos, obligándoles a orinar en cartones de leche; e impedían que recibieran atención médica y asistieran a clase.

Otra demanda interpuesta por ocho mujeres detenidas cuando eran menores que alegaban abusos sexuales en los campos se resolvió este año por algo menos de un millón de dólares.

En noviembre, una junta correccional del estado decidió que los pabellones de menores del condado eran “adecuados” para albergar a jóvenes, después de que inspecciones anteriores hubieran puesto las instalaciones en peligro de cierre.

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