La policía está a punto de hacer cumplir la prohibición de acampar a las personas sin hogar de San Diego. Nadie sabe qué pasará luego

Manjelika Iseka abandonó la República Democrática del Congo hace décadas, cuando aún se llamaba Zaire.

Entonces solo tenía unos pocos años y viajaba con sus abuelos. La familia se instaló pronto en San Diego.

Entonces murieron sus abuelos y las cosas dieron un giro.

El viernes, estaba sentada frente a una tienda de campaña azul en la Octava Avenida, en el centro de la ciudad. Se veían otros refugios improvisados en todas direcciones, y ella miró hacia los que estaban dentro.

“Solo tienen miedo porque no tienen adonde ir”, dijo Iseka.

La nueva y controvertida prohibición de acampar en San Diego entró en vigor este fin de semana, y la policía tiene previsto empezar a aplicar el lunes una de las respuestas más agresivas de la ciudad a la creciente crisis de las personas sin hogar.

Los activistas se preparan para que una población ya de por sí móvil se convierta en aún más itinerante, lo que podría complicar los esfuerzos por poner en contacto a las personas con refugios y servicios, mientras que algunos de los que viven y trabajan en el centro de la ciudad esperan que las aceras, bloqueadas durante mucho tiempo por tiendas de campaña, por fin se despejen.

Sin embargo, quedan muchas preguntas por responder, como dónde se prohibirán exactamente los campamentos.

El Ayuntamiento de San Diego aprobó el cambio por un estrecho margen a principios de verano, en un par de votaciones por 5 votos a 4, tras horas de testimonios y años de aumento del número de personas sin hogar.

Había menos de 2300 personas sin hogar en la ciudad de San Diego cerca del comienzo de la pandemia, según el Grupo de Trabajo Regional sobre Personas sin Hogar.

En 2022 se contaron cientos más. A principios de este año, los funcionarios contaban más de 3200 personas sin techo, y el número de nuevas personas sin hogar superaba repetidamente al total de personas que conseguían alojamiento.

En toda la región se observan tendencias similares.

San Diego está probando una serie de soluciones, como la apertura de estacionamientos y la conversión de contenedores de transporte en viviendas. Sin embargo, tras un aluvión constante de quejas de propietarios de condominios, funcionarios de turismo y el gran Bill Walton de la NBA, los dirigentes decidieron tomar medidas enérgicas.

“Animo a las personas sin techo a que aprovechen nuestro nuevo lugar seguro para dormir o las camas de refugio disponibles”, declaró en un comunicado el regidor Stephen Whitburn, que encabezó la reforma. “Estas opciones son mucho más seguras y saludables que vivir en las aceras o en los parques”.

La Ordenanza de Acampada Insegura prohíbe acampar en terrenos públicos si hay camas disponibles en un albergue. Sin embargo, aunque no haya plazas libres —lo que ocurre a menudo—, la policía puede echar a la gente si se aloja en las denominadas zonas sensibles.

Eso incluye estar a menos de dos manzanas de una escuela o refugio. Lo mismo ocurre con las estaciones de trolley, las orillas de las vías fluviales o los parques “donde se determine un riesgo sustancial para la salud y la seguridad públicas”, según los registros municipales.

San Diego ha confeccionado una lista de lugares que entran dentro de ese ámbito y el personal empezó a instalar señales de advertencia la semana pasada, según la portavoz municipal Ashley Bailey. Pero se negó a identificar esos lugares, citando la necesidad de “seguridad operativa”.

Los grupos empresariales llevan mucho tiempo diciendo que los campamentos dificultan la captación de clientes.

“Las personas sin hogar son el principal problema”, declaró Josh Callery-Coyne, vicepresidente de la Asociación del Centro de San Diego. Confió en que el aumento de la aplicación de la ley, las actividades de divulgación y los servicios de apoyo “darán pasos positivos para sacar a la gente de la calle y llevarla a una vivienda”.

El viernes todavía se podían encontrar tiendas de campaña por todo el centro, salpicadas a lo largo de E Street y agrupadas junto a la Biblioteca Central. Un corredor se desvió de la Octava Avenida cuando la acera quedó parcialmente cubierta de lonas y basura, mientras que una mujer que pasaba por la misma zona cogió a su hijo de la mano y aceleró el paso.

La aplicación de la ley por parte de la División de Policía de Barrio de San Diego se centrará primero en colegios y parques. Las personas recibirán inicialmente una advertencia. A continuación, se les impondrá una citación por delito menor antes de proceder a una posible detención.

En las entrevistas, los habitantes de los campamentos seguían sin estar seguros de cómo se desarrollaría ese proceso. Algunos pidieron a un periodista que detallara todo lo que se sabía sobre las normas, mientras que una persona dijo que no creía que las citaciones empezaran hasta finales de agosto. Otro expresó su frustración por los compañeros sin techo que defecaban en la calle, dándoles a todos “mala reputación”.

La amenaza de las multas podría empujar a la gente a otras partes del condado. Cuando los agentes despejaron las calles próximas a Petco Park antes del día de la inauguración de los Padres, un responsable del único refugio del condado oriental dijo que no les sorprendía ver caras nuevas.

El Centro de Vida Transitoria del Este del condado contrató recientemente a una nueva directora ejecutiva, Julie Hayden, quien dijo el viernes que habían visto un aumento reciente de familias que buscaban habitaciones, aunque era demasiado pronto para saber si eso estaba relacionado con la prohibición de acampar.

“Probablemente haya más, tardaremos un poco en notarlo”, dijo.

Los activistas han expresado repetidamente su preocupación por el hecho de que la prohibición de acampar ignore los problemas de fondo, como la falta de viviendas asequibles, y solo dificulte la labor de los trabajadores de divulgación para conseguir que la gente se aloje en las unidades que sí existen.

Jim Vargas, presidente y director general de Aldeas del Padre Joe, dijo que sus equipos estaban buscando formas de mantenerse en contacto con las personas que se desplazan.

“Establecer relaciones es sumamente importante”, dijo. “No sabemos exactamente cuál será el efecto total”.

También se exigirá a los funcionarios de San Diego que avisen con 24 horas de antelación antes de desalojar un campamento y confiscar lo que quede.

La oficina del fiscal municipal llegó a la conclusión de que la ordenanza no incumple una sentencia federal que establece que no se puede expulsar a la gente de una propiedad pública si no hay camas de acogida disponibles, aunque sigue siendo posible una impugnación legal.

Otras ciudades han tomado recientemente medidas igualmente agresivas.

Santee prohibió acampar junto al cauce del río, y los dirigentes de El Cajón votaron a favor de ejercer un mayor control sobre quién recibe vales de hotel.

Incluso sin mucha policía visible en el centro el viernes, un hombre decidió recoger su tienda.

Se agachó cerca de la cremallera frontal y sacó un poste metálico del lado derecho. El poliéster se hundió. Sacó otro.

Al poco rato, solo había un montón de cosas arrugadas en el suelo.