Una sofisticada red de turismo criminal del sur de California robó millones en atracos y robos a viviendas, según los federales
Una amplia investigación federal se ha centrado en los llamados grupos de turismo criminal de América del Sur que, según las autoridades, robaron bienes de lujo e información financiera personal.
Un esquema multimillonario de turismo criminal que operó durante años en el sur de California, facilitando robos en todo el país, llevó a los investigadores a un centro de lo más inusual: un negocio de alquiler de automóviles en Los Ángeles.
Pero no se trataba de una tienda de alquiler de coches cualquiera. El negocio “atendía únicamente a delincuentes”, dijo el fiscal federal Martin Estrada en una conferencia de prensa el miércoles.
Los fiscales federales alegan que Juan Carlos Thola-Duran, propietario de Driver Power Rentals en Van Nuys, dirigía el negocio de alquiler de automóviles al que recurrían los ladrones, proporcionando vehículos a grupos de turismo criminal que llegaban de Sudamérica y dirigiéndolos a lugares dentro y fuera de California para sus robos.
Es importante señalar que, aunque todavía se puede presentar una solicitud, si el programa se cierra definitivamente, los solicitantes pueden perder su tarifa de procesamiento de $580.
Thola-Duran, de 57 años, es una de las seis personas que enfrentan cargos que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para transportar bienes robados por su presunto papel en el plan, dijeron los fiscales federales. La acusación identifica a los otros cinco como la novia de Thola-Duran, Ana María Arriagada, de 41 años; su hijo John Carlo Thola, de 33 años; Miguel Ángel Barajas, de 57 años; Patricia Enderton, de 43 años; y Federico Jorge Triebel IV, de 78 años, según muestran los registros judiciales.
“Estos acusados actuaron esencialmente como mariscales de campo de un equipo enorme de ladrones ansiosos”, dijo Estrada.
Estrada dijo que el grupo dirigía a turistas del crimen que cometieron cientos de robos en todo el país, incluidos los condados de Santa Bárbara, Ventura, Los Ángeles, Orange y San Diego, a partir de 2018. Los robos ocurrieron en alrededor de 80 ciudades de California, Colorado, Arizona, Nueva Jersey, Kansas e Illinois y generaron alrededor de $5.5 millones para los acusados en el caso, según la acusación. Sin embargo, los fiscales estimaron que la pérdida para las empresas y los propietarios de viviendas fue de aproximadamente $35 millones.
El oficial que conducía el vehículo patrulla murió en el lugar, y el otro oficial estaba hospitalizado en cuidados intensivos, donde “lucha por su vida”, dijo el jefe policial.
Los equipos utilizaban coches alquilados para robar artículos de lujo, entrar en casas y negocios y robar tarjetas de crédito y bancarias, dijeron los fiscales.
Thola-Duran y Arriagada están acusados de ordenar a las bandas que maximizaran las tarjetas robadas comprando productos electrónicos, tarjetas de regalo, carteras de diseñador y otros productos de minoristas como Target, Best Buy y Home Depot, según los fiscales y la acusación.
La pareja haría que los bienes ilícitos fueran devueltos a la empresa de alquiler de automóviles o indicaría a los ladrones que los enviaran por correo a otras personas involucradas en el plan, y Barajas y Thola recogerían los paquetes y los entregarían a Thola-Duran, escribieron los fiscales en la acusación.
Thola-Duran compraba los bienes robados a los ladrones a una fracción de su valor minorista y los vendía a otros compradores o los guardaba para su grupo, alegan los fiscales, y agregaron que los individuos usaban el dinero para comprar bienes de lujo, incluidos bienes raíces y caballos, y usaban tarjetas de regalo para comprar pisos, electrodomésticos y otros artículos para sus hogares.
Long Beach ha comenzado a aplicar sus leyes contra los campamentos. Los funcionarios municipales dicen que están haciendo hincapié en la compasión en las redadas, pero la policía dice que no dudará en emitir multas y citaciones si es necesario.
“Estos delincuentes estaban llevando a cabo una operación de robo con una sofisticación que rivaliza con la de Amazon, y en lugar de enviar conductores de reparto, estaban enviando ladrones entrenados por todo el sur de California para robar en lo que debería ser el lugar donde estamos más seguros: nuestros hogares”, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer.
Algunos robos fueron particularmente lucrativos.
En la víspera de Año Nuevo de 2020, los ladrones irrumpieron en la joyería Stephen Silver Fine Jewelry en Menlo Park y robaron relojes y joyas de alta gama, incluido un anillo con halo de diamantes amarillos de 4,78 quilates. Los bienes robados estaban valorados en más de 5 millones de dólares.
En el transcurso de aproximadamente dos meses, Thola se propuso vender los artículos de lujo, según los fiscales. En un chat de WhatsApp, Thola le escribió a uno de los presuntos ladrones que tenía “un cliente para su joya” y que “el ruso paga bien cualquier joya buena que aparezca”, según la acusación. Thola dijo que se deduciría una tarifa de alquiler de automóvil de 1.000 dólares de lo que le pagara al ladrón por los bienes.
Durante una parada de tráfico en Burbank en septiembre de 2022, las autoridades descubrieron que Thola tenía más de 130 tarjetas de regalo con un valor total de aproximadamente $ 19,500, aproximadamente $ 9,400 en efectivo y recibos de productos electrónicos comprados en San José y San Diego con tarjetas de crédito robadas, según la acusación.
“Este grupo actuó básicamente como eje para los turistas del crimen sudamericanos que querían venir a nuestro país y aprovecharse de nuestras libertades para robarle al pueblo estadounidense”, dijo Estrada. “Este grupo no sólo facilitó el turismo del crimen, sino que en muchos casos lo dirigió activamente”.
La acusación también alega que Thola-Duran, Arriagada y otros obtuvieron casi $275,000 en préstamos fraudulentos de ayuda comercial por COVID-19 durante la pandemia.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia máxima legal de 20 años de prisión federal por cada cargo relacionado con fraude electrónico y lavado de dinero, hasta 10 años por cada cargo de estructuración de transacciones para evitar reportar fondos y hasta cinco años por conspiración para transportar propiedad robada entre estados.
Los acusados no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios y no presentaron declaraciones.
La tendencia de los grupos criminales sudamericanos a visitar el sur de California para cometer robos y atracos surgió hace aproximadamente cinco años, y las autoridades han estado luchando por controlarla. Los ladrones, dicen las autoridades, suelen llegar con visas de turismo que se obtienen fácilmente. El fenómeno, que la policía ha llamado “turismo de robos”, ha provocado indignación política.
El fiscal de distrito Spitzer dijo que el gobierno chileno se ha negado a cumplir con el requisito de proporcionar a Estados Unidos los antecedentes penales de los ciudadanos chilenos que utilizan un programa de visas llamado Sistema Electrónico de Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés). El programa permite a los chilenos ingresar a Estados Unidos por períodos de 90 días una cantidad ilimitada de veces. Los requisitos de visa varían de un país a otro, pero los viajeros de otras naciones sudamericanas generalmente requieren visas con restricciones más estrictas para ingresar a Estados Unidos.
En el condado de Orange, se ha visto a los ladrones inspeccionando casas en barrios elegantes, vistiendo trajes especiales que se asemejan a la vegetación en un intento de pasar desapercibidos, dijeron los fiscales. Alquilan coches de lujo para pasar desapercibidos en los barrios y centros comerciales que pretenden asaltar, dijo Spitzer.
En el condado de Ventura, más de 130 personas que, según las autoridades, estaban involucradas en redes de turismo criminal fueron arrestadas. La gran mayoría utilizaba vehículos obtenidos a través de Driver Power Rentals, dijeron las autoridades.
Los agentes federales dijeron que cumplieron 11 órdenes de arresto, confiscaron 35 automóviles y algunos caballos mientras realizaban arrestos en el caso. La investigación, que duró varios años, fue única porque “se centró en todo el mecanismo” del plan y “creó un modelo para futuras investigaciones”, dijo Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina de campo del FBI en Los Ángeles.
“No hemos terminado de perseguir a los grupos de ladrones sudamericanos”, dijo Davis. “Han afectado gravemente nuestra calidad de vida en el sur de Estados Unidos y el FBI está comprometido a seguir investigando a estos grupos dondequiera que surjan”.
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