Veteranos de guerra exigen la libertad de militares en El Salvador

EL SALVADOR/AP —  Veteranos de guerra de las fuerzas armadas exigieron a la Corte Suprema de Justicia la inmediata libertad de cuatro militares capturados por elpresunto involucramiento en la matanza de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

Los oficiales retirados fueron capturados el 5 de febrero por la policía salvadoreña ante una difusión roja de Interpol a pedido de la Audiencia Nacional Española que reclama a 17 militares supuestamente involucrados en las ejecuciones perpetradas por un comando de fuerzas especiales del ejército.

Los veteranos de la fuerza armada, muchos de ellos vestidos con uniformes camuflados del ejército y algunos con uniformes de los extintos cuerpos de seguridad, señalados por múltiples violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992), entregaron a la Corte un documento con sus demandas.

“Exigimos que esos cuatro veteranos sean liberados lo más prontos posible ya que es una captura injustificada, porque (el delito) ya prescribió y no tiene sentido que esta gente esté presa”, declaró Timoteo Palacios, que formó parte de la fuerza armada durante la guerra civil.

El juez de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, giró las órdenes internacionales de localización y captura con fines de extradición para los 17 militares retirados que en su mayoría integraban la cúpula castrense cuando se cometieron los asesinatos de los seis curas jesuitas. Cinco eran españoles.

La policía capturó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Avalos Vargas y al cabo Ángel Pérez Vásquez. Otros 12 militares, en su mayoría generales y coroneles, están prófugos.

De los militares requeridos, 16 se encontraban en el país mientras que el coronel Inocente Orlando Montano guarda prisión en Estados Unidos y según decisión de la jueza federal Kimberly Swank será extraditado a España, en lo que se supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los militares salvadoreños por la muerte de los religiosos.

Jorge Perdomo, uno de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada, sostuvo en entrevista con la AP que “las capturas son ilegales porque cuando se cometieron los hechos el tratado de extradición no estaba vigente”. Afirmó que “aquí ya no hay delito que perseguir porque estos señores veteranos ya fueron juzgados y amnistiados”.

Entretanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saludó la detención de los militares y lo calificó como “pasos importantes en una larga búsqueda por justicia”.

Un informe de la comisión concluyó que “el Estado salvadoreño, a través de agentes de las fuerzas armadas, violó el derecho a la vida de los sacerdotes jesuitas y dos mujeres. También concluyó queel Estado faltó a su obligación de investigar en forma diligente y eficaz las violaciones ocurridas, así como a su obligación de procesar y sancionar a los responsables a través de un proceso imparcial y objetivo”.

El informe de la CIDH también concluyó que “la aprobación de la ley de amnistía violó derechos protegidos por la Convención Americana, en consecuencia, el Estado de El Salvador violó el derecho a la justicia y faltó a su obligación de investigar y reparar en perjuicio de los familiares de las víctimas y de los miembros de la comunidad religiosa y académica a la que pertenecían”.

Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus de la UCA. Sus dos colaboradoras Elba y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl entrenados por Estados Unidos fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a la mayoría de los acusados.

Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero fueron beneficiados en 1993 por una amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.