En caso de desastre, los latinos pueden recibir ayuda federal si un miembro de la familia es ciudadano

HOUSTON/EFE —  El temor por no entender el proceso para solicitar asistencia federal es el principal motivo por el cual muchos hispanos se muestran reticentes a la hora de pedir ayuda, según el portavoz nacional para la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Daniel Llargués.

“El primer paso para la recuperación ante una eventualidad tan importante como lo es un desastre es que los afectados entiendan qué tipo de asistencia tienen a la mano y cómo lo pueden recibir”, sostuvo Llargués.

El funcionario se encuentra en Houston (Texas) para dar a conocer información relevante de FEMA en los ocho condados del sureste del estado que fueron declarados zonas de desastre debido a las inundaciones que dejaron millones de dólares en pérdidas materiales y nueve víctimas mortales, cinco de las cuales eran de origen hispano.

El 27 de abril se reportó la última de ellas, la joven hispana Ariel Tapscott, que se sumó así a los de otros cuatro latinos fallecidos como consecuencia de las inundaciones: Teri Rodríguez, Pedro Morales, Germán Antonio Franco y Claudia Melgar.

Pero de acuerdo a Llargués, existe una apatía por parte de la comunidad latina no sólo hacia la agencia federal, sino también a pedir algún tipo de asistencia disponible, aún cuando califican por su condición migratoria.

“Pasa mucho, que intentamos resolver esos problemas por nuestra cuenta cuando sí existe asistencia a la mano. Muchos que son cabeza de familia creen que, por no tener un número de Seguridad Social, no van a poder calificar directamente para algún tipo de subvención y eso es falso”, destacó Llargués.

El funcionario informó de que uno de los requisitos para acceder a asistencia federal es que al menos uno de los residentes de la vivienda, ya sea menor o mayor de edad, sea residente legal o ciudadano de EE.UU.

También se acepta a aquellas personas que tienen un estado de residencia en EE.UU. por asilo, refugio o víctimas de tráfico humano severo, incluido las personas poseedores de visas “T” y “U”.

“Entendemos que están pasando por tiempos muy difíciles que puede ser hasta devastador y por eso facilitamos el proceso de ayuda. Y si en el último caso el afectado no puede recibir asistencia federal entonces coordinamos con otras organizaciones y entidades”, sostuvo Llargués.

En los últimos días, FEMA y otras organizaciones como la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, en inglés) y la Cruz Roja, han instalado centros de ayuda en diferentes ciudades y localidades del sur de Texas para atajar los efectos de las severas lluvias de mediados de abril pasado.

En estos centros de atención, indicó Llargués, los afectados que califican pueden solicitar desde subvenciones a préstamos para reconstruir su casa o buscar otra vivienda para alojarse.

También hay cuadrillas conformadas por funcionarios de FEMA que van puerta a puerta a las zonas afectadas para asistir a los residentes en el proceso de registro para que soliciten ayuda federal al instante a través de dispositivos móviles sin necesidad de dirigirse a un centro de ayuda.

El promedio de tiempo para solicitar asistencia a través de una agencia federal es de 60 días después de la declaración presidencial de la zona de desastre, que en el estado de Texas vence el próximo 24 de junio.

Llargués exhortó a la comunidad de habla hispana a que se informe a través de las páginas en español de FEMA o a través de su nueva aplicación móvil de descarga gratuita.

Algunas áreas, como la zona metropolitana de Houston tuvo el mes de abril más húmedo desde que se tiene registro, con cerca de 14 pulgadas de lluvia. La anterior marca histórica era de 1976, cuando cayeron 11 pulgadas de agua.

De acuerdo a datos oficiales, sólo en el condado de Harris sufrieron daño más de 6.700 viviendas, así como carreteras y autos inundados que representarían además un costo material de más de 1.900 millones de dólares.

Por su parte, la Oficina de la Gobernación de Texas informó de que la población de las áreas afectadas en los condados mencionados suman más de 4,7 millones de personas, con un aproximado de más de 11.300 viviendas.