Ataques del 9/11 definieron a los inmigrantes como una amenaza que había que deportar

CHICAGO/EFE —  Los inmigrantes han sido víctimas desproporcionadas de la guerra contra el terrorismo que se inició hace 15 años tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, con millones de deportados en un clima de intolerancia y “racismo”, según activistas.

“La conjugación del fenómeno migratorio con la lucha contra el terrorismo ha sido uno de los impactos más palpables en la comunidad inmigrante”, declaró Christian Ramírez, director de la Alianza San Diego.

En su opinión, los atentados contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono generaron una campaña de persecución ininterrumpida contra los inmigrantes, lo que a su vez creó un clima de intolerancia que “ha atizado las llamas del racismo dirigidas a las comunidades de color” en el país.

Para Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, los atentados sirvieron para reforzar una narrativa antiinmigrante y antirefugiados, “articuladas progresivamente” desde fines de la década de 1980 por “fuerzas políticas movidas por el racismo y la xenofobia”.

“Los ataques terroristas sirvieron para definir a los extranjeros como una amenaza a la nación, que debía ser tratada como tal”, y como consecuencia de la criminalización del fenómeno migratorio, millones de personas fueron deportadas, expresó.

La cantidad de extranjeros detenidos y deportados en los últimos años, en su mayoría mexicanos, es una “clara evidencia de la forma como son vistos los inmigrantes y los refugiados”, agregó.

El sociólogo Luis Romero, estudiante de doctorado de la Universidad de Texas en Austin, opina que la guerra contra el terrorismo ha castigado de manera excesiva a los inmigrantes latinos.

Más aun, tal y como señaló en un trabajo de investigación que hizo con su colega Amina Zarrugh, desde los ataques del 11 de septiembre las dependencias federales encargadas de la aplicación de las leyes migratorias pasaron a ser parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desatándose una persecución sin cuartel contra los inmigrantes.

“Terrorismo e inmigración se fusionaron en las políticas públicas y el trabajo de las agencias del gobierno, y esa conexión ha sido insinuada a la población durante una década, tal vez no de la manera tan explícita como lo hace hoy el candidato presidencial republicano Donald Trump”, en sus ataques a mexicanos y musulmanes, expresa el documento.

“Meses después de los ataques comenzaron en el Congreso las advertencias sobre la ‘porosidad’ de la frontera con México, y todos los inmigrantes mexicanos pasaron a ser vistos como una amenaza terrorista en potencia”, agrega.

Ramírez, quien dirige además la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, dijo que la autoridad de la Patrulla Fronteriza fue reforzada por el Congreso, y ahora puede suspender leyes federales, instalar puntos de control y derogar derechos constitucionales en la región fronteriza.

“Esto ha generado graves violaciones a los derechos humanos y una cultura de violencia e impunidad que ha significado un duro revés a la calidad de vida de las familias fronterizas”, comentó en una entrevista.

Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, opinó en que las “injusticias” que sufren en los inmigrantes vienen de mucho antes del 11S, pero éstas aumentaron después de los atentados, cuando las comunidades de color “pasaron a ser una amenaza”.

“Hoy día vivimos en un mundo donde funcionarios electos tratan a menudo de bloquear la llegada de refugiados de Medio Oriente que huyen de la guerra, y el Gobierno trabaja sin descanso para deportar a los centroamericanos que escaparon de la crisis humanitaria en Centroamérica”, dijo a Efe.

Según Chacón, la islamofobia por un lado y los ataques contra los mexicanos por otro “son las dos caras de una misma moneda”, y es urgente un cambio en la forma de “pensar y actuar” en este país.

“La seguridad nacional es una preocupación legítima de cualquier país, pero en Estados Unidos hay una confusión deliberada sobre el papel de los inmigrantes y de los refugiados en la sociedad, que los debe considerar una bendición y no una amenaza”, concluyó.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que desde 2003 integra el DHS, declinó responder a Efe sobre el tratamiento que reciben hoy los inmigrantes, por tratarse de un pedido que requeriría “consultar múltiples agencias y durante un largo período” que excedería el plazo de cierre de la nota, según su respuesta.

Sobre la creación del DHS como la mayor agencia del Gobierno, afirma que “estamos más fuertes que nunca”, con más de 20.000 funcionarios, presencia en Estados Unidos y en 48 países.