El talento de millones de profesionales se desperdicia por ser inmigrantes

Chicago (IL) —  Cerca de dos millones de inmigrantes con formación universitaria sufren el denominado “desperdicio intelectual” al no poder ejercer sus profesiones en Estados Unidos por dificultades para lograr que reconozcan sus títulos, licencias o credenciales.

El estudio “Desbloqueando talentos”, presentado hoy por el Migration Policy Institute (MPI), señala que en el país viven 7,6 millones de inmigrantes con educación universitaria, de los cuales 1,9 millones están desempleados o subempleados.

Estos profesionales sufren lo que se llama “desperdicio intelectual”, porque en lugar de contribuir con su capacidad y experiencia en campos de alta demanda, tales como cuidado de la salud y educación, permanecen estancados en empleos que pagan poco.

“Muchos no van a poder jamás ejercer la profesión para la cual fueron capacitados, mientras que otros son obligados a repetir sus carreras en universidades estadounidenses, porque sus estudios en el extranjero no son reconocidos”, declaró Margie McHugh, directora de política del instituto.

“Nadie se beneficia cuando médicos altamente calificados, ingenieros, trabajadores sociales, maestros y otros profesionales no pueden usar la capacidad académica y décadas de experiencia profesional que trajeron a los EE.UU.”, agregó durante un seminario en línea para detallar el estudio.

Madeline Morawski, analista del instituto y una de las autoras del estudio, señaló que en más de la mitad de los casos estudiados los inmigrantes obtuvieron sus diplomas universitarios en el exterior y llegaron a EE.UU. con credenciales académicas y en algunos casos con mucha experiencia profesional.

Pero en lugar de trabajar en el campo para el cual fueron capacitados, se emplean en tareas que pagan poco y no exigen mucha capacitación, porque tienen la necesidad inmediata de alimentar a sus familias y no muchas posibilidades de avance profesional o económico.

Según el estudio, este “desperdicio intelectual” es particularmente agudo entre las personas que obtuvieron sus diplomas universitarios en el extranjero, pues el 29 % de esos inmigrantes estaban desempleados o subempleados, comparado con el 21 % de extranjeros graduados en universidades de Estados Unidos.

Una investigación reciente del MPI comprobó que, por esta razón, se pierden ingresos por 39.000 millones a nivel nacional y aproximadamente 10.000 millones en impuestos.

McHugh dijo que la raíz del problema está en las dificultades que tienen los inmigrantes para navegar los complejos requisitos de licencias, la evaluación de credenciales extranjeras y los problemas que enfrentan para cubrir los baches que puedan tener en su educación o capacitación.

El estudio señala que la ayuda a los inmigrantes para que accedan a empleos de alta capacitación puede incrementar el gasto del consumo y los ingresos impositivos, mejorar la integración de los inmigrantes en sus comunidades y liberar empleos para trabajadores con poca preparación.

Algunos programas para reducir el desperdicio de habilidades y del potencial económico de los inmigrantes fueron destacados en Michigan, Pensilvania, California, Colorado, Maryland y Nueva York.

Karen Phillippi, subdirectora de la Oficina para los Nuevos Americanos de Michigan, informó de que en su estado funciona una línea telefónica directa que conecta a los inmigrantes con especialistas que pueden responder preguntas sobre 44 profesiones reguladas y elimina la burocracia.

Sin embargo, los especialistas sugieren una revisión y reformulación general de las leyes estatales sobre licencias, que imponen requisitos innecesarios y excesivos a los inmigrantes.

“El bien público no es bien servido cuando los requisitos de licenciamiento imposibilitan que los profesionales reingresen a sus campos”, dijo McHugh.

También se recomienda el uso de nuevas tecnologías para mejorar el dominio del inglés de los inmigrantes, que haya apoyo para la integración laboral y controles para evitar que los empleadores descarten arbitrariamente la validez de diplomas y las capacitaciones realizadas en el extranjero.

En particular, que los empleadores no exijan ilegalmente la ciudadanía estadounidense como condición de empleo o que dejen de considerar a un candidato porque habla inglés con acento.