ACLU interpone demanda contra Gobierno por largas detenciones de inmigrantes

San Diego (CA) —  La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) informó hoy que interpuso una demanda colectiva contra el Gobierno federal luego de que se detectara que en ocasiones inmigrantes pasan meses recluidos en centros de detención antes de tener audiencia con un juez.

La organización acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de encarcelar en “inmuebles deplorables” a miles de inmigrantes, ya sea que aquellos que han residido en el país por años o los que recién llegaron a la frontera en busca de asilo, sin que hayan sido acusados por un crimen.

Dado las nuevas directrices en materia de inmigración anunciadas por la Administración del presidente Donald Trump, se anticipa que este tipo de centros de detención podrían congestionarse aún más en próximos meses.

“La nueva Administración ha prometido llenar todavía más los centros de detención, así que decidimos meter la demanda para mejorar esta situación antes de que se empeore”, declaró hoy a Efe Bardis Vakili, abogado de ACLU en San Diego, California.

A nivel nacional, los tiempos de espera en centros de detención son “excesivos” y un inmigrante puede pasar en promedio dos semanas antes de verse con un juez, mientras que en California, la situación actual es mucho más severa, ya que se han registrado casos de hasta cuatro meses, criticó el abogado.

La demanda cita el caso de tres inmigrantes, José Orlando Cancino, de 18 años y quien es elegible para el programa de Acción Diferida (DACA); Ana María Hernández, madre de dos hijos ciudadanos norteamericanos, y Michael González, quien dice ser ciudadano estadounidense.

Todos ellos permanecen bajo custodia del DHS en el centro de detención de Otay Mesa en California desde semanas o meses y hasta la fecha, no han podido ver a un juez para argumentar su caso.

La demanda sostiene que representan además a todos los inmigrantes recluidos en el sur de California por más de 48 horas sin que se les haya dado una orden judicial que justifique su detención.

ACLU señala que la alta afluencia de inmigrantes solicitando asilo en la frontera o el incremento de operativos por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no justifica que las autoridades federales alarguen el proceso para tener una audiencia ante un juez.

“Si faltan jueces, necesitan más jueces, si hay muchos detenidos, necesitan bajar el número de detenciones”. “Necesitan cumplir con la Constitución”, aseveró.

La demanda colectiva, interpuesta además de ACLU por la firma legal Fish & Richardson y las oficinas legales de Leonard B. Simon, con la cual, busca erradicar las esperas excesivas que violan los derechos de quienes se encuentran recluidos en estos sitios.

En un día normal, los centros de detención en Otay y el condado de Imperial albergan a 1.500 personas, quienes tienen que esperar de uno a tres meses para que su caso sea escuchado, aunque en ocasiones, quedan más tiempo, según ACLU.