Congreso mexicano aprueba la Guardia Nacional para enfrentar la delincuencia

México —  La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves la creación de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad pública formado por policías y militares bajo un mando civil, que deberá ser ratificado por la mayoría de estados que conforman el país.

El dictamen de reforma constitucional que crea este organismo recibió el voto en favor de 463 diputados, un voto en contra y ninguna abstención, con lo que se completa el aval del Congreso federal a la iniciativa.

De este modo, la Cámara de Diputados ratificó las modificaciones realizadas la semana pasada por el pleno del Senado, que por unanimidad tumbó el carácter militar de la Guardia Nacional y la dotó de una dirección plenamente civil.

El proyecto inicial, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, creaba un organismo formado por elementos del Ejército, la Policía Federal y la Marina con una dirección militar a fin de combatir la delincuencia en el país.

Sin embargo, el consenso alcanzado por todos los partidos con representación en Legislativo establece que la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional quedará limitada a un período de transición máximo de cinco años, y a partir de entonces los militares deberán regresar a sus cuarteles.

Además, la norma establece que el presidente deberá informar anualmente al Senado de las actividades que realicen las Fuerzas Armadas, cuyas acciones estarán fiscalizadas.

Ningún miembro de la Guardia Nacional, tampoco los que provengan del Ejército, podrá ser juzgado por un tribunal militar, sino que estarán sujetos a la justicia civil, ni tampoco podrá usar armamento propio de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el proyecto prevé respetar la soberanía de los estados mexicanos de manera que la Guardia Nacional no sustituirá las policías estatales y municipales, sino que servirá de apoyo para cuando los gobernadores lo soliciten.

Y se contemplarán protocolos para que la Guardia actúe de manera proporcional y con estricto respeto a los derechos humanos.

Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen debe pasar ahora a los congresos estatales y ser aprobado en al menos 17 de los estados del país para que luego el presidente la promulgue.

Durante el pleno, los líderes de los diferentes grupos políticos aplaudieron haber alcanzado un consenso, aseguraron que la Guardia Nacional permitirá reducir la delincuencia y celebraron que por fin se legisle sobre la actuación de los militares.

“Hay malas noticias hoy para la delincuencia: Ante las amenazas de desintegración del tejido social en muchas regiones del país, hay una respuesta unánime del Congreso mexicano para dar al Ejecutivo nuevos instrumentos para detenerlos”, dijo Mario Delgado, diputado del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que le habría gustado llamar al organismo “guardia civil”, pero celebró que la nueva institución permitirá “construir la paz, la seguridad y la justicia”.

Por su parte, René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que su formación hace una oposición “positiva” con la aprobación de la Guardia Nacional y sostuvo que “el presidente tiene la responsabilidad ahora de instrumentarla de la mejor manera”.

El proyecto también fue apoyado por el Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el evangélico Encuentro Social (PES).

El proyecto inicial de una Guardia Nacional de carácter militar había sido criticado por la oposición y por organizaciones de derechos humanos.

Consideraban que este organismo perpetuaba la “militarización” del país, donde el Ejército está presente en las calles desde la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y ha sido acusado de cometer violaciones a los derechos humanos.

Durante la anterior Administración, liderada por Enrique Peña Nieto (2012-2018), se impulsó la polémica Ley de Seguridad Interior que formalizaba la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública y que fue invalidada por la Suprema Corte.