Desde 2011 los asesinatos en cárceles locales californianas crecieron un 46 %

Los Ángeles —  Los asesinatos en las cárceles locales y condales de California aumentaron un 46 % desde que en 2011 empezaron a acoger reclusos de las atestadas prisiones estatales, según un reporte publicado este jueves.

El informe elaborado por la red ProPública y el diario Sacramento Bee analiza los resultados de la política de redistribución de presos que el entonces gobernador de California, Jerry Brown, adoptó para dar cumplimiento a una orden judicial de aliviar la sobrepoblación carcelaria estatal.

“El estado mantiene más de 70.000 presos (ya condenados) distribuidos a lo largo de 56 cárceles de condados”, señalaron hoy Jason Pohl, de The Sacramento Bee, y Ryan Gabrielson, de ProPública, autores del informe.

“Muchos cumplen actualmente condenas de varios años en cárceles originalmente diseñadas para mantener a los presos durante no más de un año”, agregaron los autores.

De igual forma, el reporte asegura que “un creciente número de presos sufre serias enfermedades mentales o condiciones médicas crónicas que estas instalaciones no están preparadas para atender”.

No obstante, el condado de Los Ángeles, con cerca de 16.000 reclusos en sus cárceles locales, ha sido una excepción, al no presentar ningún homicidio de presos en los últimos tres años.

Según el análisis, ello corresponde a una orden federal que puso el sistema carcelario del condado de Los Ángeles -el más grande del país- bajo un programa de monitoreo externa desde 2014, luego de que se encontraran irregularidades y abusos por parte de los guardias.

El resto de California ha visto un aumento del 150 % en los asesinatos de presos, que pasaron de 12 en los siete años anteriores a 2011 a 30 reportados en los siete años siguientes.

Cerca de 75 % de los presos asesinados en las cárceles locales desde 2011 estaba a la espera de un juicio, según datos oficiales compilados por el informe.

La investigación señaló que las cárceles locales no están preparadas ni tienen los recursos suficientes para controlar el nivel de violencia que se presenta en las prisiones estatales.