Acuerda gobierno aplazar norma de ‘conciencia’ en California
SAN FRANCISCO — El gobierno del presidente Donald Trump ha aceptado aplazar una disposición que permite a personal médico negarse a practicar abortos u otros procedimientos por motivos morales o religiosos hasta que se resuelva la impugnación a la llamada norma de “conciencia” en un tribunal en California.
La medida debía ser efectiva a partir del 22 de julio pero el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) y sus oponentes en una demanda presentada en California acordaron mutuamente el viernes que el fallo definitivo sobre el asunto sea postergado hasta el 22 de noviembre.
La agencia describió el acuerdo como la “manera más eficiente para decidir” sobre la disposición.
Un juez federal en San Francisco autorizó el sábado el ajuste.
En su demanda, California asegura que el HHS se extralimitó en su autoridad con la disposición anunciada en mayo por Trump.
La medida _conocida como Protección de los Derechos Legales de Conciencia en la Atención Médica; Delegaciones de Autoridad_ obligaría a las instituciones que reciben recursos de programas federales certificar que están cumpliendo con unas 25 leyes federales que protegen los derechos de conciencia y religiosos.
La mayoría de las leyes está relacionada con procedimientos médicos tales como el aborto, la esterilización y el suicidio asistido.
El departamento había dicho antes que gobiernos pasados no habían hecho lo suficiente para proteger esos derechos en el campo médico.
La disposición es una prioridad para los conservadores religiosos, pero los detractores temen que se convierta en un pretexto para negar la atención médica a personas LGBT o mujeres que deseen tener un aborto, que es un procedimiento médico autorizado.
“El gobierno de Trump intenta restringir sistemáticamente el acceso a la atención médica crítica a las mujeres, la comunidad LGBTQ y otros pacientes vulnerables”, afirmó el titular de la Oficina Jurídica de San Francisco, Dennis Herrera, en un comunicado en que fue anunciada la decisión del viernes. “Los hospitales no son lugar para poner las creencias personales por encima de la atención a los pacientes”.
San Francisco enfrentaba perder unos 1.000 millones de dólares en recursos federales para programas relacionados con la atención médica si la disposición entraba en vigor, según el comunicado.
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