El denostado centro para menores inmigrantes de Florida se queda vacío

Miami —  Las autoridades estadounidenses anunciaron este sábado que no quedan ya menores inmigrantes recluidos en un criticado centro de detención operado por una compañía privada en Homestead (sur de Florida), pero activistas pro inmigrantes dijeron que hay todavía muchas preguntas en el aire.

Los menores que estaban aun en Homestead han sido reunificados con sus familias o alojados en otras instalaciones de tamaño menor a este centro situado a unas 30 millas al sur de Miami , que era el mayor del país para alojar a Niños Extranjeros No Acompañados (UAC, en inglés), según indicó un comunicado oficial.

Una portavoz del Departamento de Servicios de Salud y Humanos (HHS), Evelyn Stauffer, confirmó en ese comunicado que el centro de Homestead va a quedar con una capacidad reducida de 2.700 a 1.200 camas para el caso de que se necesite usarlo de nuevo.

Stauffer mencionó como posibles razones para que vuelva a haber personas ingresadas en el centro de Homestead que se produzca un aumento importante del número de detenidos tras cruzar irregularmente la frontera o se presenten situaciones de emergencia.

Desde marzo de 2018 hasta hoy, 3 de agosto, pasaron por el centro más de 14.300 menores, según la portavoz.

El HHS no precisó cuántos niños quedaban al final en Homestead ni cuántos fueron llevados a otros centros y cuántos se reunieron con familiares o allegados con capacidad para hacerse cargo de ellos.

“Queremos saber qué ha pasado con los niños”, dijo a Efe Nora Sandigo, directora ejecutiva de una fundación que se encarga de atender a niños cuyos padres son detenidos y deportados por razones migratorias.

Sandigo, que vive en Homestead y tiene la custodia legal de miles de hijos de deportados o en riesgo de serlo, se preguntó si con esta decisión de vaciar el centro “solo quieren quitarnos de los ojos” lo que pasa con los menores no acompañados.

La congresista demócrata Debbie Mucarsel-Powell, de origen ecuatoriano, que ha estado manifestándose a las puertas del centro en al menos siete ocasiones para pedir su cierre, se congratuló en un mensaje en Twitter de que estos esfuerzos hayan “dado resultados reales”.

“Sin embargo, todavía tengo muchas preguntas acerca del cierre de Homestead”, aseveró en coincidencia con Sandigo.

Tras el anuncio del HHS, el centro lucía igual que cualquier día pero Efe pudo ver a muchos empleados saliendo o a pie o en autobuses del lugar.

En una tarde de lluvia no faltaron los habituales activistas manifestándose en contra del centro de Homestead aunque esta vez eran un grupo reducido. Uno de ellos usaba como pancarta un cartel de los que se utilizan para vender propiedades.

Bajo las palabras “For Sale” (a la venta) en el espacio en blanco para escribir el número de teléfono se leía “American Values” (valores estadounidenses).

El cierre del centro de Homestead era reclamado por organizaciones pro inmigrantes y de derechos humanos, así como por congresistas del Partido Demócrata, que lo visitaron en numerosas ocasiones desde que fue reabierto en marzo de 2018.

Medios locales dijeron que los menores que quedaban en el eufemísticamente llamado “albergue” fueron subidos en autobuses que salieron del lugar entre la 1 de la madrugada y las siete de la mañana del sábado.

Los mismos medios destacaron que más de 4.000 personas que trabajaban en el centro de van a quedar sin empleo, pues solo van a permanecer contratadas unas 130 personas para encargarse del mantenimiento de la propiedad.

Uno de las cosas en la que más insistieron los detractores de la “cárcel de niños”, como llamaban a Homestead, es que los que la administraban, la compañía privada Comprehensive Health Services, propiedad de Caliburn International, no había atendido a sus solicitudes para conocer qué planes preventivos y de evacuación tenían para el caso de huracanes y tormentas tropicales.

El pasado 30 de julio se supo por una congresista del centro de Florida, Anna Eskamani, que el gobierno de Donald Trump estaba explorando la posibilidad de alquilar en un futuro propiedades estatales en Florida, Virginia y California como “refugio permanente” para los UAC.

Eskamani publicó el texto del correo electrónico en el que una oficina regional del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos explicó a los legisladores la idea y describió la emergencia que enfrenta la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) por el “impredecible” flujo de menores.

Según el correo, la ORR, que gestiona los centros para menores, pidió a los legisladores una “evaluación exploratoria de propiedades vacantes” para posiblemente alquilarlas en un futuro como “refugio permanente” para UAC.

A fines de julio legisladores demócratas que visitaron las instalaciones del centro indicaron que la cantidad de niños que albergaba se había reducido en gran manera en un periodo de tiempo muy corto.

En abril pasado HHS había anunciado que la capacidad del “Albergue Temporal de Homestead para Niños Extranjeros No Acompañados” (UAC), es decir, que cruzan solos la frontera sur, había aumentado su capacidad total en 950 camas.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) instó el pasado 18 de julio al gobierno de Donald Trump a “cerrar cuanto antes” al “cruel” e “ilegal” centro de detención de menores inmigrantes en Homestead.

“Homestead no es un hogar para niños (...) es una línea industrial para procesar grandes cantidades de niños, en lugar de centrarse en sus mejores intereses”, manifestó Denise Bell, investigadora de AI.

Señaló que las condiciones “ilegales” en estas instalaciones son el resultado directo de las políticas del gobierno de Estados Unidos diseñadas para “castigar en lugar de proteger a las personas que intentan reconstruir sus vidas.”