La agencia de consumidores de Trump dice que no debe confiar en su propia base de datos de quejas

La administración Trump nunca tuvo reparos en expresar su desdén por el Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) en general, y por la base de datos de quejas de la agencia en particular.

Mientras estaba a cargo de esa entidad -antes de convertirse en el jefe de gabinete en funciones del presidente Trump-, Mick Mulvaney cuestionaba el requisito legal para proporcionar un foro para las denuncias de los consumidores sobre las empresas financieras. “No veo nada aquí que diga que tengo que administrar un Yelp para servicios financieros patrocinados por el gobierno federal”, aseveró en una conferencia de la industria bancaria, el año pasado. “Aquí no veo nada que diga que tengo que hacer público todo eso”.

Después de meses de especulaciones de que el CFPB pudiera cerrar la base de datos de quejas, el buró anunció un enfoque diferente este miércoles. Los reclamos seguirán siendo accesibles al público, pero no necesariamente se debe confiar en ellos.

“Eso parece ser lo que intentan decir, sin decirlo”, consideró Ed Mierzwinski, director sénior del programa federal de consumidores del grupo de investigación U.S. Public Interest Research Group. “Van a mantener la base de datos, pero dicen que las denuncias no son representativas del mercado”, afirmó.

El CFPB anunció que estaba haciendo “varias mejoras” a la base de datos de reclamos, incluyendo “descargos de responsabilidad modificados, para proporcionar un mejor contexto a los datos publicados”.

“Las quejas no son necesariamente representativas de todas las experiencias de los consumidores con un producto o empresa financiera”, señala el sitio web, de manera destacada. “No verificamos todas las acusaciones de las denuncias”, prosigue. “Las acusaciones no comprobadas en los descargos de los consumidores deben considerarse como una opinión, no un hecho”.

Las empresas financieras supervisadas por el CFPB se han quejado durante años de que era injusto publicar las denuncias de los consumidores en línea. Aducían que ello podría dar la impresión de que las compañías, en realidad, no tienen en mente los mejores intereses de los clientes.

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EEUU

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Desde que Trump asumió el cargo, los grupos de la industria han presionado para que el CFPB mantenga en secreto los reclamos de los consumidores. Muchas de las casi dos millones de protestas presentadas ante la oficina involucran problemas con préstamos, cobro de deudas y tarifas cuestionables.

Kathy Kraninger, la ex funcionaria de la Casa Blanca que ahora dirige la oficina, indicó en un comunicado que el CFPB tomó en serio los comentarios de la industria.

“Después de examinar cuidadosamente y considerar todas las aportaciones de los interesados y el público, anunciamos la publicación continua de quejas con datos y contexto mejorados, que beneficiarán a los consumidores y usuarios de la base de datos al tiempo que abordarán muchas de las preocupaciones planteadas”, señaló. “La publicación continua de la base de datos, junto con las mejoras, empodera a los consumidores e informa al público”.

Nadie en la oficina respondió a la solicitud de comentarios adicionales para este artículo.

Mierzwinski especuló que los funcionarios del CFPB concluyeron que perderían una pelea en la corte si dejaban de tener acceso público a los reclamos de los consumidores. La base de datos, después de todo, es exigida por ley. “Entonces, en lugar de ello, están haciendo que parezca que las quejas no son estadísticamente válidas”, consideró Mierzwinski.

Seamos muy claros: una base de datos de búsqueda de reclamos sobre algunas de las empresas líderes del país es una herramienta importante para el consumidor.

No sólo ayuda a las personas a investigar a empresas o comprender que sus problemas no son únicos, sino también contribuye a responsabilizar a las compañías financieras por prácticas dudosas.

Si bien se desconoce cuántas denuncias han terminado en acciones oficiales, el CFPB sostiene que el 97% de ellas “reciben respuestas oportunas” de las empresas.

La oficina abofeteó a Wells Fargo con una multa de $100 millones, hace varios años, después de que se descubriera que el banco había abierto millones de cuentas sin el permiso de los clientes. También castigó a Wells con una multa separada de $1.000 millones, el año pasado, relacionada con los negocios de préstamos hipotecarios y automotrices. La mayoría de las principales instituciones financieras han sido penalizadas por el CFPB en un momento u otro, por tratar a los consumidores de manera injusta.

Virginia O’Neill, vicepresidenta de cumplimiento normativo y política de la Asociación de Banqueros de Estados Unidos, consideró que los comentarios de los consumidores son valiosos, “pero sólo si son confiables y fidedignos”. La asociación “ha expresado durante mucho tiempo su temor de que la publicación de quejas de consumidores no verificadas pueda inducir al error a otros usuarios, al introducir información poco confiable en el mercado”, dijo.

Richard Hunt, presidente de la Asociación de Banqueros del Consumidor, calificó los cambios en la base de datos como “un primer paso importante para ayudar a las instituciones financieras a atender mejor a sus clientes y garantizar que las necesidades de estos sean escuchadas”.

Estos inmediatos vistos buenos de la industria bancaria deberían ser suficiente para despertar la cautela entre los consumidores.

Yelp y otros sitios de revisión en línea están lejos de ser confiables. Pero son un excelente punto de partida para tomar decisiones sobre compras de bienes y servicios.

La base de datos del CFPB cumple la misma función al permitir que un posible consumidor tome decisiones mejor informadas sobre las empresas con las que hacen negocios.

Al poner en duda sus propios reclamos, la oficina básicamente dice: “Pasen de largo, no hay nada que ver aquí”.

Esta base de datos más amigable con la industria surge mientras la administración Trump busca que la Corte Suprema de Estados Unidos determine que el CFPB es inconstitucional. El mandatario quiere que el máximo tribunal decida que puede despedir al director de la oficina por cualquier motivo. Según la ley actual, el director sólo puede ser destituido por “ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del cargo o malversación durante su cargo”.

El caso citado por la Casa Blanca involucra a una firma de abogados de California que es investigada por el CFPB a raíz de sus argumentos de venta a consumidores endeudados.

La firma asegura que el buró no puede llamar al orden porque la agencia viola la separación constitucional de poderes, es decir, no es suficientemente responsable ante el primer mandatario.

De hecho, la independencia del director de CFPB de la interferencia presidencial fue siempre algo deliberado. Al igual que con la Reserva Federal, la idea cuando se creó la oficina, en 2010, era que estuviese libre de intromisiones políticas.

Para Mierzwinski, la presentación ante el tribunal de la administración es sólo el último intento “de debilitar la oficina y convertirla en un ente del presidente”.

Kraninger, la directora de CFPB, señaló en un discurso esta semana que no se opone a los cambios propuestos por la Casa Blanca. En otras palabras, está de acuerdo con que Trump pueda despedirla en cualquier momento, por cualquier motivo.

Lo cual indica claramente quién es el que manda aquí.

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