Columna: La fijación de precios del gobierno hace que la industria del atún se parezca a una mafia
Reuniones secretas, amenazas veladas - el caso de fijación de precios contra las compañías atuneras suena como una historia de la mafia.
Hablando como un aficionado de toda la vida del sándwich de atún con pan de centeno, me sentí aliviado al saber que la declaración de quiebra del 21 de noviembre de Bumble Bee no significaría la erradicación de la marca de los estantes de las tiendas, sino que simplemente tendría un nuevo dueño.
Sin embargo, hay mucho más que eso. La declaración de quiebra es una consecuencia de un caso de fijación de precios que hace que el procesamiento del atún parezca mucho más salvaje y colorido en tierra firme que en el mar.
De hecho, a juzgar por las acusaciones federales, las declaraciones de culpabilidad presentadas por las tres principales empresas de procesamiento de atún y varios de sus ejecutivos, y otros documentos, sucedieron muchas cosas en esta industria que no estarían fuera de lugar en una película de Martin Scorsese.
En lugar de centrarse en la innovación y el crecimiento, las tres grandes marcas han librado una guerra “imposible de ganar” para robarse las acciones entre sí.
— El ejecutivo atunero Christopher Lischewski advierte contra la competencia de precios en el atún enlatado en 1999
Hay reuniones secretas para trazar estrategias criminales, los participantes recurren a la evidencia del estado para llegar a un mejor acuerdo de culpabilidad que sus cómplices, incluso la acusación de una amenaza a un posible testigo.
Las tres marcas involucradas son nombres familiares: Bumble Bee, StarKist y Chicken of the Sea. Los dos primeros se declararon culpables de fijación criminal de precios, acordando multas de $25 millones y $100 millones, respectivamente. Chicken of the Sea ha recibido una amnistía por denunciar a los otros dos. (Bumble Bee y Chicken of the Sea tienen su sede en San Diego, StarKist en Pittsburgh).
A Bumble Bee se le castigó con una multa más baja porque declaró exitosamente a los fiscales que cualquier cifra más alta lo sacaría del negocio.
Como he informado anteriormente, el caso de fijación de precios del gobierno comenzó con el escrutinio antimonopolio de rutina de una fusión propuesta de $1.5 mil millones entre Bumble Bee y Chicken of the Sea. La fusión, anunciada en 2014, habría creado un gigante de atún en conserva al mando de casi la mitad del mercado estadounidense, ahogando a StarKist, que en ese momento era la marca No.1 con un 34.6%.
El Departamento de Justicia rechazó la fusión en 2015, pero su anuncio tuvo un tono ominoso. “El mercado no funciona de manera competitiva hoy”, dijo la agencia, “y una mayor consolidación sólo empeoraría las cosas”. Leyendo entre líneas, el departamento encontró evidencia de una conspiración para fijar los precios.
La empresa matriz de Chicken of the Sea, Thai Union Group, abandonó la fusión y ‘cantó como canario’, sabiendo que, según los protocolos del Departamento de Justicia, el primer miembro de una conspiración para atacar a los demás recibe el dulce trato. Los ejecutivos de Bumble Bee, Walter Scott Cameron y Kenneth Worsham, y el ejecutivo de StarKist, Stephen L. Hodge, se declararon culpables de cargos federales de fijación de precios y acordaron cooperar con los fiscales federales.
Eso nos lleva a lo que podría ser el último desajuste federal: el enjuiciamiento penal del ex presidente ejecutivo de Bumble Bee, Christopher Lischewski. El testimonio en el juicio de Lischewski concluyó el martes en un tribunal federal en San Francisco. Las declaraciones de cierre están programadas para el lunes, después de lo cual el caso irá al jurado. Lischewski fue un importante objetivo de enjuiciamiento porque era uno de los ejecutivos más respetados e influyentes en la industria de conservas de atún, y también porque, según los cálculos del gobierno, era autor intelectual del plan.
La defensa de Lischewski se reduce a dos puntos. Una es que lo que el gobierno describe como fijación ilegal de precios es, de hecho, acuerdos de comercialización perfectamente legales entre los principales actores de una sola industria. La segunda es que incluso si algo ilegal estaba sucediendo, fue hecho por subordinados a espaldas de Lischewski.
Según un informe de la sala del tribunal, Lischewski declaró en el juicio que estaba “conmocionado” cuando escuchó que Worsham y Cameron habían presentado declaraciones de culpabilidad. También negó el testimonio de Cameron sobre una reunión en 2015 en la que Cameron le preguntó sobre el progreso de la investigación del Departamento de Justicia y que Lischewski puso su brazo alrededor del hombro de Cameron y dijo que no debería preocuparse “mientras usted y Kenny no lo estropeen”. El abogado de Lischewski no respondió a la solicitud de comentarios.
Cualquiera que sea el papel que haya desempeñado Lischewski en el esquema de fijación de precios admitido por su propia compañía y sus dos conspiradores, el movimiento parece haber surgido de la percepción de las empresas de que enfrentaban una amenaza.
El consumo de atún en conserva en Estados Unidos experimentó un descenso inductor de vértigo de 3.9 libras per cápita en 1989 a menos de 3 libras en 2000 (caería a poco más de 2 libras en 2016), mientras que el consumo de otros mariscos fue estable o creciente.
Los expertos no han podido identificar el motivo de la disminución del atún en conserva. Algunos señalan el temor a la contaminación por mercurio en pescados grasos como el atún, otros a las preocupaciones públicas sobre la muerte de delfines como resultado de las técnicas de pesca de atún. Pero el culpable puede haber sido simplemente la mayor disponibilidad de alternativas frescas y congeladas al pescado en conserva.
Lischewski dio una advertencia temprana en una conferencia de la industria en 1999, reprendiendo a los líderes de la industria por una batalla incesante por la participación en el mercado que había descontado los precios hasta en un 31%, “en lugar de centrarse en la innovación y el crecimiento”, dijo, de acuerdo con una demanda presentada por una coalición de mayoristas y distribuidores de atún, “las tres principales marcas han librado una guerra ‘imposible de ganar’ para robar acciones entre sí”. El estimó la pérdida de ganancias a $200 millones al año.
Cuando continuó la disminución del consumo, Bumble Bee, StarKist y Chicken of the Sea tomaron varias medidas para apuntalar las ganancias. Redujeron el tamaño de sus latas sin una reducción de precio acorde. Las latas de 7 onzas que eran estándar en la década de 1980 dieron paso a latas de 6 onzas, y hace un par de años a latas de 5 onzas.
En 2012, las tres compañías pagaron $3,3 millones para resolver las acusaciones de tres condados de California de haber reducido el peso de sus latas al llenarlas con más agua y menos carne de lo que indicaban las etiquetas. No admitieron su responsabilidad.
En los cargos presentados contra las compañías en 2016 y 2017, el gobierno afirmó que fueron más allá conspirando activamente para fijar los precios desde finales de 2010 hasta 2013 en reuniones repetidas entre ejecutivos de alto nivel en conferencias de la industria y reuniones en un restaurante de San Diego. Los mayoristas, minoristas y otros demandantes que presentaron decenas de denuncias civiles alegaron que la trama pudo haber continuado por más tiempo.
Nadie ha puesto una cifra sobre cuánto supuestamente las compañías exprimieron a los consumidores mediante la colusión. Sin embargo, las ventas de atún enlatado en EE.UU alcanzan más de $1.7 mil millones al año.
El gobierno señaló varios esquemas de comercialización conjunta que fueron anteriores u ocurrieron durante la conspiración criminal. Estos incluyeron una decisión conjunta en 2008 de reducir el tamaño de las latas a 5 onzas, una campaña promocional “Tuna the Wonderfish” que se asemeja a la campaña publicitaria “Got Milk” de la industria láctea y un acuerdo entre Bumble Bee y Chicken of the Sea para compartir las instalaciones de empaque en Georgia y Santa Fe Springs.
Lischewski argumentó que estos acuerdos no eran ilegales en sí mismos. El gobierno no estuvo en desacuerdo, pero afirmó que brindaban oportunidades para que los ejecutivos construyeran “una relación más estrecha que eventualmente condujera a discusiones y acuerdos sobre precios”.
Los mayoristas y minoristas dicen que sintieron algo extraño sobre los precios del atún enlatado incluso antes de que los federales tomaran medidas. Walmart, en una demanda presentada en octubre de 2016, observó que el suministro de atún había aumentado considerablemente a lo largo de los años debido a las innovaciones en la tecnología de pesca, mientras que la demanda disminuía.
Eso debería haber reducido los precios del atún enlatado, pero en su lugar aumentaron. Desde 2008 hasta 2014, incluido el período en que el gobierno dice que el esquema de fijación de precios estaba en pleno apogeo, la empresa matriz de Chicken of the Sea aumentó más del doble sus ganancias de $61 millones a $140 millones, señaló Walmart.
Se atribuyó el aumento en parte a “una competencia más racional en el mercado de Estados Unidos”. La adición de Walmart: “La competencia” más racional “no fue la competencia en absoluto, fue la colusión”. A principios de 2012, por ejemplo, las tres compañías anunciaron aumentos de precios prácticamente idénticos con sólo unos días entre ellos.
En su declaración de bancarrota, Bumble Bee dice que a pesar de la indulgencia de los fiscales, todavía se ve obstaculizado por la multa criminal (de la que todavía debe unos $17 millones) y por la amenaza de daños en los juicios civiles. Junto con la presentación, anunció una oferta de adquisición por aproximadamente $930 millones por parte de FCF, una corredora de pesca de Taiwán que proporciona a Bumble Bee casi todo su atún blanco de alta calidad y la mayoría de su atún de carne ligera. (FCF está desempeñando el papel de un “negociante al acecho”, lo que significa que podría ser superado por otro comprador).
La oferta de FCF cubriría los activos de Bumble Bee, los $17 millones adeudados al gobierno y unos $640 millones en deuda pendiente. En particular, no contempla los daños de los demandantes. ¿En dónde deja eso a los denunciantes? No está claro.
El 39% de las ventas se realizaron por teléfono celular
“Tenemos la intención de ser activos en el proceso de bancarrota para garantizar que sea justo para todos los acreedores”, dijo por correo electrónico Christopher Lebsock, abogado de los demandantes. Señaló que los términos del acuerdo de adquisición le habrían dado a FCF un trato preferencial sobre los otros acreedores, ya que Bumble Bee propuso pagar el reclamo completo de FCF de $51 millones antes de la bancarrota.
La jueza de bancarrota Laurie Selber Silverstein emitió una orden el martes rechazando ese pago.
Lo que no está claro es a dónde va el negocio del atún enlatado. El esquema de fijación de precios parece haber sido exactamente la estrategia incorrecta, ya que las multas penales y otras consecuencias han hecho las cosas más difíciles para los participantes.
Las ganancias operativas de Bumble Bee, según un comunicado presentado en el Tribunal de Quiebras por su director financiero, Kent McNeil, disminuyeron en un 20% de 2015 a 2018, una “tendencia negativa” que puso a la empresa en riesgo de incumplimiento de sus préstamos.
La reducción en la fortuna de la compañía fue claramente secular. En el mundo del atún había algo sospechoso, pero los signos de podredumbre eran aún más profundos.
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