Biden restringirá la ayuda estadounidense a los gobiernos centroamericanos e impondrá nuevas condiciones para entregar dinero

WASHINGTON —  Semanas después de destinar $4 mil millones en ayuda para Centroamérica, la administración Biden afinó sus planes y limitó drásticamente la cantidad de dinero que irá directamente a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, remarcó una alta fuente de la administración a Los Angeles Times.

Roberta Jacobson, funcionaria sénior de Biden para asuntos de la frontera suroeste y experta en inmigración, afirmó en una entrevista que los $4 mil millones estarán sujetos a condiciones estrictas -pero no probadas- para los destinatarios, basadas en medidas anticorrupción y buen gobierno.

Los ajustes siguen un impulso de algunos legisladores para poner límites a la ayuda de Estados Unidos y las advertencias de los expertos en política exterior, preocupados de que en la prisa por detener la inmigración ilegal, el presidente Biden tomaría el mismo camino que siguió como vicepresidente, cuando la ayuda de EE.UU, con pocas condiciones efectivas adjuntas, terminaron por empoderar a los regímenes corruptos.

Biden planea asegurarse de que la menor asistencia posible llegue a los gobiernos centrales -notoriamente corruptos- de los tres países, hasta que se cumpla con los criterios, enfatizó Jacobson. Los objetivos incluyen una contabilidad transparente y pruebas de buen gobierno, como elecciones justas y respeto por los derechos humanos, agregó.

Estados Unidos ha apoyado durante mucho tiempo tales objetivos en Centroamérica, pero son difíciles de cuantificar. Sin embargo, la perspectiva de una rendición de cuentas más estricta está provocando pánico en algunos de los líderes centroamericanos, que esperaban seguir siendo receptores de la ayuda estadounidense después de cuatro cómodos años durante el mandato de Trump.

Jacobson, ex embajadora en México y subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, destacó que en lugar de invertir la mayor parte del dinero en las tesorerías nacionales, mayores cantidades se destinarán a organizaciones no gubernamentales y programas para madres solteras, capacitación de jóvenes y grupos similares, “para fortalecer las sociedades y no enriquecer a estos gobiernos”.

El cambio de enfoque se produce mientras Biden y otros miembros de su administración se están dando cuenta de que Centroamérica está en una situación mucho peor que la última vez que estuvieron en el gobierno, a pesar de la inyección estadounidense de casi mil millones de dólares en 2015, que Biden supervisó como vicepresidente.

“El mandatario será el primero en admitir que ha aprendido cosas”, remarcó Jacobson, quien ahora forma parte del Consejo de Seguridad Nacional. “Está completamente preparado para hacer el arduo trabajo de insistir en esas condiciones y compromisos, y para no transferir fondos si no obtiene lo que cree que es necesario”.

Para los miembros del Congreso y varios de los asesores de Biden ha sido un error inyectar dinero en países que han malgastado la ayuda estadounidense, con muy poco que mostrar. Así, instaron a Biden a reajustar su política centrándose en la impunidad y la corrupción, y exigiendo cambios antes de liberar fondos.

“Tenemos una larga historia de envío de ayuda a los gobiernos centroamericanos que no lograron producir resultados positivos duraderos”, enfatizó el senador Patrick J. Leahy (D-Vermont), en un comunicado a The Times. “Si vamos a enviar más dólares de impuestos estadounidenses a esos gobiernos, necesitan líderes confiables que quieran ayudar a su gente, en lugar de permanecer en el poder y enriquecerse”.

Leahy fue uno de los ocho senadores demócratas que a fines del mes pasado introdujeron una legislación que ata las manos de Biden para el desembolso de algunas ayudas. El proyecto de ley apunta a Honduras y a su presidente, Juan Orlando Hernández, un aliado leal de Trump que está siendo investigado en una corte federal de Estados Unidos por múltiples casos de tráfico de drogas.

El proyecto, redactado por el senador Jeff Merkley (D-Oregón), sancionaría a Hernández congelando sus activos y pediría al Departamento de Estado que lo declare como capo designado, un duro castigo para un líder electo en funciones. También suspendería la ayuda de seguridad a Honduras debido a abusos a los derechos humanos, corrupción y casos de tráfico de drogas, e interrumpiría la venta de gases lacrimógenos y otras herramientas de control de multitudes utilizadas para atacar a civiles pacíficos.

Como vicepresidente, Biden tenía la responsabilidad de ocuparse especialmente de Centroamérica a medida que aumentaba la migración ilegal, incluida la llegada de muchos menores no acompañados. Así, lanzó una iniciativa llamada Alianza para la Prosperidad que asignó hasta $1.000 millones para los tres países, el llamado Triángulo del Norte, para capacitación policial, reformas judiciales y otros proyectos. Parecía amigable con los presidentes de esos países.

Pero en casi todos los sentidos, el programa no produjo resultados; de hecho, las condiciones políticas y económicas de la región se deterioraron.

Parte de eso se atribuye a los años de Trump, que destruyeron lo que quedaba del programa de Biden. Durante su mandato, dos revolucionarias agencias anticorrupción en Honduras y Guatemala fueron disueltas por políticos nerviosos que se convirtieron en blanco de investigaciones después de que altos funcionarios fueron acusados y encarcelados, un caso poco común en América Latina de líderes corruptos que rinden cuentas.

Hernández diseñó cambios en la ley que le permitieran postularse para la reelección, una carrera que ganó en medio de noticias generalizadas de fraude y mientras crecía el caso de drogas en Estados Unidos en su contra. Pero Hernández cooperó de forma entusiasta con Trump en materia de inmigración, y esa administración se hizo de la vista gorda ante muchas de las transgresiones de Honduras. Hernández realizó varias visitas a la Oficina Oval.

Los fiscales federales de la Corte de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York describen a Hernández como parte de una red masiva de contrabando de cocaína y lo citan diciendo que “quería meter las drogas en las narices de los gringos”. Hernández negó las acusaciones.

Cuando Biden asumió, sus asesores temieron una vuelta a la misma estrategia o un enfoque amistoso con los líderes en los que alguna vez confiaba. “Tenemos que ser intransigentes”, destacó un alto funcionario del Departamento de Estado activo en el tema. “No se trata de desaprobar, y no es la estrategia preferida de Biden. Pero debemos tener una línea dura y ser percibidos como tales”.

El funcionario, que habló de las discusiones internas bajo condición de anonimato, agregó que los funcionarios de Biden “ahora son más conscientes” de que los líderes centroamericanos no pueden ser “tomados al pie de la letra”.

Eso se ha reflejado recientemente en los duros mensajes públicos de Juan González, quien dirige los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) de Biden y fue su asesor cuando era vicepresidente. González ha estado hablando principalmente con los medios de comunicación en español para transmitir el mensaje a una audiencia específica. Los $4.000 millones prometidos no tendrán ningún impacto “sin la voluntad política de los gobiernos [centroamericanos] de tomar medidas, incluso en contra de sus intereses políticos”, destacó el funcionario al sitio web de noticias El Faro de El Salvador. “Trump ignoró la corrupción durante cuatro años”, expuso. “Cualquier líder que ahora no esté preparado para combatir la corrupción no será un aliado de Estados Unidos”.

El NSC no habilitó a González para comentar en este artículo.

La estrategia básica de Biden para la región sigue siendo un enfoque en resolver las “causas fundamentales” de la inmigración ilegal, como la pobreza y la inseguridad, a fin de dar a los centroamericanos una razón para quedarse en sus países natales. Es lo opuesto a la política de Trump, que fue una acción policial para detener a los migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos.

Otra idea que está planteando Biden es la reconstrucción de una agencia anticorrupción, como las desmanteladas por Honduras y Guatemala, pero esta vez asignada a toda la región y patrocinada por Naciones Unidas para darle más prestigio.

Algunos de los gobiernos asolados por la corrupción ya están expresando su oposición. “Guatemala debería ser capaz de lidiar con estos temas”, enfatizó el embajador del país en Estados Unidos, Alfonso Quiñónez, cuando se le preguntó, en un panel de discusión reciente patrocinado por el Wilson Center, si su país aceptaría la supervisión. “La mejor manera es fortalecer nuestras instituciones... en lugar de que las instituciones [externas] lo hagan por nosotros”.

Los pasos para enfrentar a Honduras, así como a El Salvador y Guatemala, no serán fáciles. Las ONG a menudo no están equipadas para absorber los millones de dólares que Estados Unidos está dispuesto a otorgar. Los procedimientos contables son, en el mejor de los casos, descuidados. Y a pesar de las amenazas de Washington, los derechos humanos se ignoran habitualmente, junto con los enjuiciamientos de notorios asesinos de activistas.

Para muchos en América Latina, la presión agresiva de Estados Unidos es un retroceso a los años de la Guerra Fría, cuando Washington ejercía control sobre gran parte del continente y a menudo respaldaba dictaduras de derecha.

El otro paso clave, afirman los asesores de Biden, es dejar en claro a Hernández y a los otros líderes de la región -Nayib Bukele, de El Salvador, y Alejandro Giammattei, de Guatemala- que el comportamiento corrupto ya no será tolerado.

Bukele, otro aliado de Trump, intenta desmembrar la legislatura nacional salvadoreña. Viajó a Washington el mes pasado con la esperanza de reunirse con funcionarios de la administración Biden y fue rechazado. Giammattei está intentando llenar el tribunal más alto de Guatemala con leales.

En un mensaje que aterrizó como una bomba en Honduras, Dan Restrepo, quien fue el jefe de asuntos del hemisferio occidental del NSC bajo Obama, afirmó que el problema básico -y por ahora, insuperable- al tratar con Centroamérica es que “no hay socios”, no hay líderes lo suficientemente confiables con quienes cooperar.

“El mensaje es que Estados Unidos ya no va a negociar con los funcionarios corruptos”, destacó Restrepo.

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