Toma del Capitolio: es ‘muy probable’ que Trump haya cometido un delito grave de obstrucción, determinó un juez

WASHINGTON — “Es muy probable” que el expresidente Trump haya intentado obstruir ilegalmente al Congreso cuando trató de subvertir las elecciones de 2020, el 6 de enero de 2021. Así lo determinó un juez de un tribunal federal de distrito en un fallo, el lunes, que ordena al abogado de California John Eastman la entrega de los correos electrónicos al panel del Congreso que investiga la insurrección.

El juez federal de distrito David O. Carter, con sede en Santa Ana, declaró en términos generales que Trump probablemente cometió un delito grave de obstrucción del Congreso, y que el exmandatario y el abogado Eastman probablemente participaron en una conspiración para hacerlo.

“Según la evidencia, la corte considera que es más probable que el expresidente Trump intentara obstruir de manera corrupta la sesión conjunta del Congreso, el 6 de enero de 2021”, escribió el magistrado.

“Eastman también entendió la gravedad de su plan para la democracia”, escribió el juez. “...La evidencia muestra que el Dr. Eastman sabía que su plan violaba la Ley de Conteo Electoral. El Dr. Eastman probablemente actuó de manera engañosa y deshonesta cada vez que impulsó un plan basado en resultados que sabía que no estaba respaldado por la ley”.

Carter fue designado por el presidente Clinton en 1998.

Eastman, quien asesoró a Trump en su intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, trató de evitar que el comité vea los correos electrónicos. Carter encontró que solo 10 no deben ser entregados, pero sí el resto de los aproximadamente 100 emails.

El letrado de Eastman no respondió de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios para este artículo.

Después de negarse a proporcionar documentos al comité y alegar la Quinta Enmienda en su declaración, Eastman demandó para bloquear la publicación de los documentos, que se encuentran en el servidor de su antiguo empleador, la Universidad de Chapman, en Orange. Casi 19.000 correos electrónicos adicionales aún están bajo revisión. Él argumentó que están protegidos contra la divulgación por el privilegio de abogado-cliente y las normas legales relacionadas, un reclamo general que el juez rechazó.

El comité de la Cámara argumentó a principios de este mes ante Carter que podría ser posible que Trump enfrente cargos penales, algo que reveló en una presentación judicial como parte de la demanda de Eastman. En ella, el comité declaró que los correos electrónicos de Eastman podrían mostrar que el expresidente violó varias leyes al intentar bloquear la certificación de la victoria de Joe Biden, a pesar de saber que sus afirmaciones acerca del fraude eran infundadas.

El comité argumentó que el privilegio de abogado-cliente entre Eastman y Trump no se aplicaría a las pruebas que demuestren un delito o fraude.

“Dr. Eastman y el presidente Trump lanzaron una campaña para anular una elección democrática, una acción sin precedentes en la historia de Estados Unidos”, escribió Carter en la orden. “Su campaña no se limitó a la torre de marfil, fue un golpe en busca de una teoría legal”.

Carter señaló en su orden que no tenía la tarea de determinar si se había cometido un delito. Trump no está mencionado en la demanda. “Más de un año después del ataque a nuestro Capitolio, el público todavía busca responsabilidades”, escribió. “Este caso no puede proporcionarlas. El Tribunal solo tiene la tarea de decidir una disputa sobre un puñado de correos electrónicos”.

Eastman es una figura central en la investigación del comité sobre los intentos de Trump para subvertir los resultados de las elecciones. Eastman escribió dos memorandos legales argumentando que el vicepresidente Mike Pence tenía la autoridad para rechazar unilateralmente los votos electorales o retrasar su conteo, medidas que podrían haber abierto la puerta para que las legislaturas estatales, lideradas por republicanos, votaran por Trump a pesar de que más votantes sufragios para Biden.

Pence hizo caso omiso del consejo y los expertos legales lo denunciaron rotundamente cuando se hizo público el año pasado.

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