Así enfrentaron una maestra y sus alumnos la demora en la aprobación de una visa de trabajo

Cuando María Capdevilla, maestra de Toll Middle School, tomó un permiso prolongado de su clase, sus estudiantes comenzaron a cuestionarse: ¿Había sido deportada? ¿Volvería alguna vez? ¿Qué podían hacer para ayudarla?

“La escuela secundaria puede ser como un mal juego del teléfono”, afirmó Thomas Crowther, director de Toll, donde Capdevilla enseñó español los últimos seis años, en el programa de doble inmersión.

Al escuchar los chismes, Crowther aclaró algunos de los rumores: Capdevilla, una residente legal nacida en España, no había sido deportada. La docente había optado por tomar una licencia indefinida mientras esperaba la renovación de su permiso de trabajo, les explicó.

Algunos estudiantes comenzaron a llorar con la noticia; no estaba claro cuándo volvería su maestra.

Con ánimo de ayudar, los alumnos de Capdevilla decidieron escribir una petición a los funcionarios del gobierno federal para que agilicen la aprobación de su permiso.

Unos días más tarde, los estudiantes tenían una carta de presentación escrita a máquina y páginas enteras de firmas, que superaban las de los 130 alumnos a quienes ella personalmente educa.

“Creo que fue lo más positivo que surgió de todo esto, que los niños vieron una razón para involucrarse”, afirmó Capdevilla. “Sin duda fue muy conmovedor y especial para mí”.

Nacida en la ciudad medieval de Toledo, Capdevilla estudió inglés y enseñó en su país natal antes de ser reclutada por el Distrito Escolar Unificado de Glendale a través de un programa de intercambio codirigido por el Ministerio de Educación de España y el Departamento de Educación de California. “Me pidieron que viniera aquí”, comentó la profesora.

Para cuando la petición de los estudiantes comenzó a circular, a mediados de enero, el permiso de Capdevilla había languidecido en el proceso de aprobación durante casi cuatro meses, más que el tiempo de procesamiento previsto por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Cuando había presentado la renovación, comentó la maestra, le informaron que el proceso tomaría tres meses.

La agencia federal no permite que las solicitudes de documentos de autorización de empleo, como la que Capdevilla necesitaba renovar, se presenten con más de 180 días de anticipación, según el abogado de inmigración con sede en Irvine Mitch Wexler. “Casi en todos los casos las personas pierden su estatus”, precisó Wexler. “Hay una enorme laguna”.

Los tiempos de procesamiento se incrementaron constantemente desde 2012, a medida que las solicitudes y peticiones siguen aumentando y superan la capacidad de la agencia, informó Claire Nicholson, portavoz con sede en Los Ángeles de USCIS.

Wexler indicó que las demoras se dispararon significativamente hace unos seis meses, y no han disminuido. Según Capdevilla, las otras dos ocasiones en que renovó su permiso, la aprobación demoró alrededor de un mes.

Eric Sustad, un abogado de inmigración con sede en Washington D.C., estuvo de acuerdo en que entre tres y cuatro semanas para el caso de Capdevilla era un lapso “más típico”. También señaló que los tiempos de procesamiento de las aplicaciones se alentizaron en el último año.

La USCIS “no emitió ninguna declaración de política ni ninguna aclaración sobre el motivo de estos tiempos tan largos, pero es consistente con mucho caos y falta de personal”, expuso Sustad.

Los funcionarios de inmigración afirman que carecen de recursos y tienen trabajo excesivo, y que “en el USCIS la situación es una locura”, consideró Wexler.

“Estamos trabajando duramente para movilizar los recursos y revisar cómo podemos utilizarlos mejor; queremos ponernos al día con esos retrasos y tener bajo control los tiempos de procesamiento”, aseveró Nicholson. La vocera agregó que la agencia estudia la implementación de nueva tecnología y el traslado de casos a diferentes oficinas para aumentar la eficiencia.

Una vez que el permiso de trabajo de un empleado expira, los empleadores deben enviarlos a su país de origen, dejarlos ir o correr el riesgo de enfrentar sanciones, consideró Wexler. Mantenerlos en el país violaría la ley de inmigración federal.

Cuando el gobierno incumple sus pautas de tiempo de procesamiento de aplicaciones esperadas, “no hay consecuencias”, según Wexler. El único recurso que podría pensar para alguien que perdió un trabajo o un salario como resultado de demoras en el procesamiento sería demandar al gobierno, algo que ni Wexler ni Sustad han hecho jamás.

Cuando el permiso de Capdevilla expiró, el 5 de diciembre pasado, la maestra abandonó su salón de clase pero no su puesto; la escuela le concedió una licencia mientras Toll buscaba un sustituto.

Como Capdevilla enseña un curso bilingüe de alto nivel en español, como parte del programa de doble inmersión de la escuela, fue difícil encontrar un reemplazo a largo plazo, detalló Crowther. En ese momento, solo había tres titulares de credenciales para español de una sola asignatura entre el grupo de sustitutos, y ninguno de ellos podía comprometerse con una disponibilidad abierta y potencialmente a largo plazo, dijo. Finalmente, contrataron a un sustituto externo y Capdevilla fue asesora durante el proceso.

Mientras tanto, los funcionarios de Toll y los del distrito escribieron cartas a la USCIS para explicar que la ausencia de Capdevilla en el aula afectaba a sus estudiantes y los parientes de estos, así como a la propia familia de la docente, y pidieron la reevaluación de su caso.

Cuando Capdevilla recibió la petición creada por los alumnos, también la envió a la agencia.

Los funcionarios de USCIS reconocieron que el caso era “intrigante”, pero que no justificaba un apuro, indicó Crowther.

Luego, sin explicación por la demora, la maestra recibió una notificación, el 5 de febrero pasado, de que su permiso de trabajo había sido aprobado.

Como se resolvió dentro de un tiempo de procesamiento de 137 días, la solicitud fue considerada dentro del tiempo máximo de 180 días descrito por el gobierno, aunque fuera de los tres meses proyectados.

Sustad calificó el período de cuatro meses como “ridículo”.

Después de la noticia, se realizó una fiesta en el aula y Capdevilla retomó sus seis clases diarias exactamente donde las había dejado. Es bueno estar de vuelta, consideró la profesora, aunque debió idear un “plan de actualización” para garantizar que sus alumnos de octavo grado estén preparados para una próxima prueba estandarizada anual, que evalúa el dominio del español.

Los dos hijos de la maestra, Pedro y Candela, asisten a Mark Keppel Elementary School, ubicada al lado de Toll. Capdevilla adelantó que ella y su familia planean quedarse en Glendale por al menos unos años más. “Estamos muy felices aquí”, aseguró.

Aunque en el salón de clases no se discute de política, Capdevilla destacó que los estudiantes son conscientes de cómo se ha intensificado la conversación nacional sobre la inmigración, tanto permitida como no autorizada. Como resultado, los jóvenes hicieron sus propias conexiones, erróneas o no, sobre su situación reciente.

Crowther, el director de Toll, señaló que, como líder de una escuela pública, es cauteloso de expresar sus opiniones políticas. Sin atribuir la culpa a un partido en particular, afirmó estar mayormente frustrado de que “130 niños hayan sido tomados como rehenes por este proceso”. La demora “tiene un impacto en mucha gente, no solo en quien espera que se procese la documentación”, consideró.

Lila Seidman es colaboradora del Times Community News.

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