Una casa en Tijuana es refugio para veteranos deportados de Estados Unidos

Lo llaman el búnker. Desde la calle en este barrio de clase trabajadora, la gente que pasa por la casa de dos pisos puede mirar a través de la ventana y vislumbrar un signo de la paz y varias banderas de barras y estrellas.

El nombre formal está colocado en inglés en una bandera frente a la entrada: “Casa de Apoyo a los Veteranos Deportados”.

Es un lugar de reunión, una plataforma de discusión y un centro de información para un grupo distinto: veteranos militares estadounidenses expulsados del mismo país al que servían.

La mayoría llegó a los Estados Unidos como niños y se convirtieron en residentes legales permanentes antes de unirse al ejército. Pero después de regresar a la vida civil cometieron crímenes que los llevaron a la deportación.

Los defensores de los inmigrantes dicen que puede haber miles de veteranos deportados dispersos por todo el mundo.

Héctor Barajas, quien fundó la casa de apoyo hace cuatro años, identificó a 350 veteranos deportados estadounidenses nacidos en más de 30 países, incluyendo India, Italia, México y las naciones de Centroamérica.

Los veteranos hablan inglés como los estadounidenses, recuerdan los días de escuela en los Estados Unidos, ven los deportes estadounidenses en televisión y comparten historias de guerra. Los días de Acción de Gracias y el Cuatro de Julio son festividades muy importantes para ellos.

Todos tienen familias en Estados Unidos. Muchos veteranos llevan en sus carteras fotografías de sus hijos, hijas, hermanos y nietos de los que ahora están separados.

Sin embargo, el ambiente en la casa no es de autocompasión sino de arrepentimiento por los pasos en falso dados y de una verdadera redención.

Los veteranos saben muy bien que hay poca simpatía en los Estados Unidos por los ex convictos. Pero sostienen que han cumplido sus condenas, pagado sus deudas a la sociedad, y ahora sirven lo que equivale a penas de cadena perpetua por el destierro permanente del país que consideran como hogar.

“Todo el mundo comete errores, algunos más grandes que otros”, dijo Barajas, de 40 años, ex paracaidista de la 82ª División Aerotransportada del Ejército. “Pero algunas personas no pueden tolerar que hayas hecho algo mal”.

Condenado por disparar contra un vehículo con gente dentro - nadie resultó herido – en el 2002, cumplió 13 meses de prisión y fue liberado en libertad condicional.

Fue deportado en 2010, convirtiéndose en uno más de las decenas de miles de inmigrantes con antecedentes criminales que han sido expulsados por el gobierno de los Estados Unidos en los últimos años, en una tendencia que ha continuado con la llegada de la administración Trump.

Los extranjeros han sido durante mucho tiempo parte del ejército de la nación, reconocidos por el valor que se remonta a la Guerra Revolucionaria. Aunque el servicio militar puede agilizar el proceso de ciudadanía, no lo garantiza - contrario a la percepción popular.

Incluso muchos de los veteranos asumieron que se habían convertido en ciudadanos al unirse a las fuerzas armadas y que estaban protegidos de la deportación.

“Siempre me sentí como un ciudadano, no parecía que hubiera ninguna diferencia”, dijo Barajas, que tenía 7 años cuando su familia lo llevó a vivir en Gardena y más tarde a Compton.

Los defensores de los inmigrantes han criticado a los militares estadounidenses por no ser más proactivos en facilitar el trámite para la naturalización. El Pentágono ha mejorado el proceso desde la guerra de Irak, alentando las solicitudes durante la formación básica y la creación de ceremonias de ciudadanía en el extranjero.

Curiosamente, muchos veteranos deportados siguen siendo elegibles para las pensiones, aunque pueden ser muy difíciles de reclamar desde el extranjero. Uno de los veteranos que usa la casa de apoyo, Andrés De León, de 73 años, una vez estuvo como desamparado en Tijuana. Ahora recibe un cheque de $ 1,000 por mes de la Administración de Veteranos.

Otros beneficios, incluyendo la atención médica y el asesoramiento, son aún más difíciles de acceder o simplemente no están disponibles fuera de los Estados Unidos.

La casa de apoyo, justo al otro lado de la frontera, trata de llenar al menos algunas de las lagunas legales existentes . Algunos veteranos acaban de llegar. Otros hacen contacto a través de medios sociales, correo electrónico o teléfono. Todos tienen la esperanza de regresar a los Estados Unidos, por remota que sea la posibilidad.

El lema de la casa es “apoyar a los veteranos deportados en su camino hacia la autosuficiencia, proporcionando asistencia en los ámbitos de comida, ropa y refugio a medida que se adaptan a la vida en su nuevo país de residencia”.

La planta baja es una oficina desordenada y un área de recepción que se parece mucho a un puesto VFW, con banderas de los EE.UU., fotos de hombres en uniforme, enmarcado con cartas de recomendación, tablones de anuncios, gabinetes, libros, informes, sillas plegables y un sofá.

En un domingo reciente, Barajas montó una parrilla en la acera de enfrente y asó algunos filetes.

Hay dos dormitorios donde los veteranos recién deportados pueden quedarse por unos días o más, compartiendo las tareas, mientras rastrean las actas de nacimiento y adquieren documentos de identidad mexicanos, encuentran lugares para vivir y hacen la trágica transición a la vida en un país que pocos reconocen como propio.

“Me consideraba estadounidense”, dijo Alejandro Gómez, de 50 años, nacido en México y trasladado a Oakland a los 6 meses de edad. Al igual que otros entrevistados, dijo que había sido un residente legal norteamericano, titular de una llamada tarjeta verde, pero nunca sintió la necesidad de obtener la ciudadanía estadounidense, lo que habría sido relativamente fácil.

Gómez dijo que se unió a los infantes de marina en la escuela secundaria porque le gustaba John Wayne, las películas de guerra y dos de sus tíos habían servido en el cuerpo. “Nadie se metió con ellos”, dijo. “Y yo quería ser así”.

Un reclutador de Marines le dijo que no se preocupara por la ciudadanía porque al unirse se resolvería el problema, dijo Gómez. “Pensé que me estaba convirtiendo en ciudadano”, recordó. “Tomé el mismo juramento que los demás.

Gómez nunca fue a la guerra, pero después de dejar los marines, le resultó difícil aclimatarse a la vida civil. Se estableció en San Diego, donde reconoce haber tomado algunas “malas decisiones”. Fue condenado en 1996 por un delito relacionado con drogas. Eso lo llevó a su deportación en 2010, cuando agentes de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos lo interceptaron en el trabajo entregando camiones llenos de plantas en el condado de San Diego.

Dejó atrás una esposa y dos hijos nacidos en Estados Unidos. Él y otros deportados típicamente viven inicialmente de sus ahorros y más adelante con el dinero ganado en diferentes trabajos - a menudo como trabajadores de la construcción o guardias de seguridad, o en compañías de la tele-comercialización y otras empresas que necesitan a personas que hablen inglés.

“Encontraré un trabajo que pueda hacer”, dijo José Manuel Ortega, de 47 años, veterano de la Marina que estuvo en la casa de apoyo recientemente. Cuando tenía 11 meses de edad, dijo, su familia lo llevó de México a vivir a Ulysses, Kansas, donde su padre se ganó la vida de limpiando corrales de ganado.

Más tarde se convirtió en un camionero en El Paso y en padre de tres hijos nacidos en los Estados Unidos. Su deportación surgió de un caso de asalto que involucró a un oficial de policía de El Paso, dijo.

“No es fácil ser enviado a un nuevo país que no conoces”, dijo Ortega. “Pero todos aprendemos a sobrevivir”.

La casa en Tijuana se ha convertido en un punto focal para un movimiento incipiente. Varios veteranos, incluyendo algunos con uniformes militares, se reúnen los fines de semana en un parque cerca de la valla fronteriza, dando a conocer su difícil situación mientras venden camisetas con el lema: “Hay que regresar a casa a los veteranos deportados”.

En junio, una delegación del Caucus Hispano del Congreso hizo una visita a la casa y prometió introducir una legislación para ayudar a los veteranos deportados.

Los esfuerzos pasados del Congreso no han arrohado ningún resultado, y hay pocas razones para pensar que algo cambiará ahora.

En abril, el gobernador de California, Jerry Brown, perdonó a Barajas. “Él ha demostrado que desde que fue puesto en libertad, ha vivido una vida honesta y recta, exhibió buen carácter moral y se condujo como un ciudadano respetuoso de la ley”, dijo al otorgar el perdón, al tiempo que citaba su servicio militar y el trabajo con los veteranos en Tijuana . Barajas espera que el perdón le ayude a ganar la ciudadanía estadounidense.

Él y algunos otros están recibiendo asistencia de la Unión Americana de Libertades Civiles, que ha deplorado el destino de los veteranos deportados. Un veterano de la casa de apoyo que se refiere a ACLU, es Daniel Torres, de 31 años, un ex cabo que sirvió en Irak. Nació en Tijuana y sus padres lo llevaron a Salt Lake City cuando era un niño y lo criaron allí.

Jugó al fútbol y se convirtió en un fan de Metallica. A diferencia de muchos otros veteranos, sin embargo, nunca alcanzó el estatus legal de residencia permanente. Tampoco fue condenado por un crimen. Sin documentos legales y pocas perspectivas de empleo, utilizó un certificado de nacimiento falso para alistarse en los Marines en 2007, dijo. De regreso de Irak, Torres esperaba reasignarse a Afganistán, pero los oficiales descubrieron su estatus. “¿Eres legal?” le preguntó su sargento.

Pero Torres no fue procesado por alistarse con documentos falsos y fue dado de alta honorablemente en 2011. Todavía ansiando la vida militar, Torres fue a París y trató de unirse a la Legión Extranjera Francesa. Pero la pérdida de audición sufrida en Irak le descalificó.

Entre los años 2007 y 2011, Torres se desempeñó en los Marines de Estados Unidos. Torres volvió a Tijuana, donde tiene familia y comenzó a estudiar derecho. Un abogado de ACLU en Los Ángeles tomó su caso.

Resulta que Torres calificó para la ciudadanía de Estados Unidos bajo una sección de la ley de naturalización para los que sirvieron en las fuerzas armadas durante tiempos de guerra. De hecho, podría haber iniciado el proceso de naturalización desde el día que se unió a los Marines.

El 21 de abril de 2016, cinco años después de salir de los Estados Unidos, Torres tomó el juramento de ciudadanía en San Diego. Ahora, él planea regresar a Estados Unidos para asistir a la escuela de leyes y eventualmente ayudar a otros veteranos como los de la casa de apoyo. “Estos chicos se mantienen limpios, han creado una comunidad de veteranos aquí, están luchando para volver a casa - todo lo que necesitan es alguien que les dé una mano”, dijo Torres durante el almuerzo con otros veteranos en la casa.

“Ellos han sido castigados dos veces por el mismo crimen. Está bien deportarlos por cinco o 10 años, lo entiendo. ¿Pero una condena de por vida? No está bien”. De hecho, muchos de los veteranos deportados tienen una opción segura para regresar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos honrará un beneficio militar y pagará para traer de vuelta sus cuerpos para el entierro en un cementerio nacional.

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