A un año de las separaciones familiares: las consecuencias y las separaciones continúan

Jesús se sintió aliviado de que él y su hijo de 6 años habían logrado salir de Honduras rumbo a Estados Unidos, después los funcionarios se llevaron a su hijo.

Ambos se habían entregado a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en mayo pasado después de cruzar el río que marca la frontera entre Reynosa, México y McAllen, Texas.

Poco después, fue interrogado en un centro de detención por agentes de Inmigración y Control de Aduanas sobre la razón por la cual se había ido de Honduras y cómo había sido deportado previamente de Estados Unidos. Le dijeron que era un delincuente, dijo, y lo acusaron de mentir sobre ser el padre del niño.

“Me dijeron que al momento de poner un pie en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos era el dueño de mi hijo”, recordó Jesús, hablando a condición de que no se usara su apellido.

Los oficiales de ICE le dijeron a Jesús que entregara al niño y cuando él se negó, lo arrancaron de sus brazos, dijo. El niño trató de aferrarse a los pantalones de Jesús, pateando y gritando, pero los oficiales detuvieron al padre sollozando y lo pusieron contra la pared, con los pies abiertos. Los gritos de su hijo se desvanecieron.

Pasarían diez meses antes de que los dos se reunieran.

Hace trece meses, la Administración Trump dio a conocer su caótica política de separación familiar. Después de dos meses de protesta pública, Trump firmó una orden para poner fin a la misma. Ahora, él y algunos de sus asesores más cercanos hablan de volver a implementarla en una nueva forma. Pero el impacto de la primera ronda todavía resuena desde Centroamerica hasta la Casa Blanca, desde centros de detención en Texas hasta salas de comités en el Congreso.

Kirstjen Nielsen, la recientemente despedida secretaria de Seguridad Nacional, y otros funcionarios se enfrentan a citaciones de los demócratas de la Cámara de Representantes por la separación familiar. La oficina del inspector general de Seguridad Nacional tiene al menos dos docenas de investigaciones abiertas sobre la política de fronteras e inmigración, que el funcionario recientemente identificó como la parte del departamento en “mayor riesgo” de abuso y mala gestión. Y los defensores de los migrantes dicen que la administración ha seguido separando silenciosamente a cientos de familias con diferentes tácticas.

El número total de niños separados de un padre o tutor bajo la administración Trump permanece desconocido.

En junio pasado, la jueza de distrito de Estados Unidos, Dana Sabraw, en San Diego bloqueó la separación familiar y ordenó a la administración reunir a todas las familias separadas dentro de un periodo de 30 días. El número de niños separados contabilizados por esta orden judicial contabilizaba aproximadamente 2.800; más de 400 padres, incluyendo a Jesús, fueron deportados sin sus hijos.

Pero los memorandos del departamento de Seguridad Nacional, los informes del inspector general, los datos del gobierno y los documentos judiciales han demostrado que los funcionarios de la administración realmente comenzaron a separar a las familias meses antes de la fecha en que se llevó a cabo el anuncio del entonces fiscal general sobre la “tolerancia cero” en abril pasado, para las personas que cruzaran la frontera sin autorización, lo que podría generar miles de separaciones más de lo que se sabía anteriormente.

A fines de la semana pasada, los funcionarios del gobierno dijeron que necesitarían hasta dos años para revisar los casos de 47.000 menores, no acompañados, bajo custodia del gobierno entre el 1 de julio de 2017 y la orden de Sabraw -en junio de 2018- para determinar cuántos habían sido separados de sus padres.

“El gobierno todavía se niega a asumir la responsabilidad real por el daño que han hecho”, dijo Lee Gelernt, el principal abogado de la ACLU en el caso de la separación familiar.

Cuando le preguntaron el pasado martes si volvería a separar a las familias, Trump dijo: “No estamos buscando hacer eso”.

Posteriormente, afirmó falsamente que su antecesor, el presidente Obama, había iniciado la política de separación masiva y que la había detenido, mientras que al mismo tiempo argumentaba que la separación funcionaba como elemento disuasivo.

“Una vez que dejas de hacerlo, puedes ver a muchas más personas que vienen”, dijo. “Vendrán como si fuera un picnic porque ‘vamos a Disneylandia’”.

Después de más de dos años de no haber logrado su prioridad política de disuadir la migración a Estados Unidos, Trump está redoblando las políticas agresivas. Su última idea, impulsada por el asesor de política nacional, Stephen Miller, ha sido obligar a los padres que solicitan asilo en la frontera de Estados Unidos a hacer una “elección binaria” entre la deportación sin sus hijos o la detención indefinida con ellos.

La insistencia de Nielsen en que tal medida violaría la ley y las órdenes judiciales enojaron al presidente y jugaron un papel clave en la petición de que renunciara el pasado domingo. Sus aliados dijeron que ya tenía una carta actualizada de su renuncia en la mano.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 92.607 personas en marzo, el total mensual más alto en más de una década. Más del 57% eran familias, principalmente de Centroamerica y muchas de ellas buscaban asilo.

Los esfuerzos para disuadir a esos migrantes han dividido a los funcionarios de la administración. Jonathan White, la persona de contacto de la administración para los esfuerzos de reunificación familiar en el departamento de Salud y Servicios Humanos, que se ocupa de los menores no acompañados, rechazó rotundamente cualquier sugerencia de regresar a la política de ‘tolerancia cero’.

“Nunca apoyaría el uso de la separación familiar, la traumatización sistemática de los niños, como una herramienta de la política de inmigración”, dijo White el pasado martes en una audiencia en el Senado.

White se encontraba entre los funcionarios que dieron la alarma a principios de 2017, cuando HHS observó un “aumento significativo” en el número de niños que llegaron a su cuidado, aparentemente separados de sus padres. Según los registros de la corte, otros documentos del gobierno y el testimonio de White, a él y a sus colegas se les dijo que no había una política de separación familiar.

La realidad es que los documentos mostraban que las separaciones familiares se estaban llevando a cabo en ese entonces. Y a pesar de la orden ejecutiva de Trump el verano pasado, un número desconocido de separaciones ha continuado, confirman los funcionarios de la administración.

Los oficiales en la frontera separan a los niños migrantes de cualquier pariente que no sea un padre, pero no hacen un seguimiento. Sostienen que esos casos no cuentan como separaciones familiares, dicen los legisladores.

La práctica podría seguir siendo separar a muchos más niños, ya que muchos grupos que llegan a la frontera incluyen no sólo a niños y padres, sino también a hermanos mayores, tías, tíos y abuelos, que a menudo buscan reunirse con familiares que ya se encuentran en Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU confirmó que todos los niños que llegaron a la frontera con un pariente que no sea el padre o la madre fueron separados y considerados no acompañados. Estos casos se clasifican como “relaciones familiares en cuestión” y no se rastrean por separado, dijo la agencia.

Como parte de una práctica que se ha venido haciendo por largo tiempo, los funcionarios también separan a los padres de los hijos en los casos donde éstos pueden representar un peligro para sus hijos. Anteriormente, esa acción era relativamente rara, ahora esa razón se está citando cuando un padre ya había sido atrapado antes cruzando la frontera, a pesar de que no tienen antecedentes penales o antecedentes de comportamiento violento, según los legisladores.

CBP mantiene que en tales casos se requiere separarlos. La agencia no proporcionó datos sobre las separaciones familiares debidas al acompañamiento, pero con la ausencia de un padre, o al registro no violento de reingreso de los padres.

Pero los funcionarios han citado algunos de estos casos como evidencia para respaldar la afirmación de Trump de que las miles de familias centroamericanas que llegan a la frontera diariamente están involucrados en un “engaño” o con un “gran estafador”.

Brian Hastings, jefe de operaciones policiales de la Patrulla Fronteriza, dijo a los reporteros el pasado martes que, desde abril de 2018 hasta el 25 de marzo de este año, sus agentes identificaron a más de 3.100 personas en grupos de familias que realizan reclamos fraudulentos, incluidos aquellos que se representaron a sí mismos como menores, pero eran mayores de 18 años.

Eso es aproximadamente el 1% de todos los grupos familiares detenidos en la frontera en ese período.

El congresista Joaquín Castro (D-Texas), presidente del Comité Hispano del Congreso, dijo que había preguntado a los funcionarios cuántos niños habían sido separados de otros parientes que no fueran sus padres, o de padres con un registro de reincidir en cruzar y sin ningún otro factor descalificador, pero aún no le habían proporcionado esos números.

“No quieren que nadie los haga responsables”, dijo Castro. “Hay una administración decidida a salirse con la suya y a probar los límites legales”.

Nielsen puede haberse ido, pero su salida forzada y el último coqueteo del presidente con la separación familiar probablemente alimentarán más investigaciones.

El congresista Elijah Cummings (D-Md.), presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo que el gobierno de Trump se había negado a cumplir con las solicitudes de información sobre la separación familiar, lo que obligó al comité a citar a Nielsen, el fiscal general, William Barr y el secretario de HHS, Alex Azar. La administración aún tiene que entregar el conjunto completo de documentos solicitados, dijo.

El voto del comité para emitir citaciones fue bipartidista, lo que subraya la frustración, incluso, entre algunos republicanos.

El congresista, Chip Roy, de Texas fue uno de los dos republicanos en el comité que votó para citar a Nielsen.

“Es importante enviar un mensaje a la administración”, dijo Roy. “Me gustaría saber qué sucedió en el tema de la separación de niños... no he visto todo lo que necesito ver”.

El senador, Ron Johnson (R-Wis.), presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, dijo que el panel se opondría por unanimidad a regresar a la practica de las separaciones familiares.

“Creo que la administración descubrió que eso sólo es, ante todo, políticamente insostenible”, dijo.

Los legisladores y el inspector general quieren saber cómo se produjo la política de separación familiar, cuáles fueron sus efectos y si Nielsen y otros no fueron sinceros en el testimonio jurado ante el Congreso. Ahora Trump los ha dejado lidiando con la cuestión de que si la administración alguna vez realmente tuvo la intención de poner fin a esa política. El congresista Bennie Thompson (D-Miss.), presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, ha trabajado con todas las secretarías de Seguridad Nacional desde que se creó el departamento en 2002 y dice que la lentitud de la supervisión de la administración de Trump no tiene precedentes.

El pasado miércoles, notificó a Kevin McAleenan, el ex comisionado de la CBP y nuevo jefe de Seguridad Nacional, la repetida solicitud de documentos sobre la separación familiar que se remonta a enero.

El general retirado de la Infantería de Marina, John Kelly, primer secretario de Seguridad Interna de Trump y ex jefe de personal, defendió a la administración y las acciones de Nielsen sobre la separación familiar, y sostuvo que Sessions sorprendió a todos con su anuncio de tolerancia cero.

“El presidente, ahora, puede haber decidido hacerlo de igual manera”, dijo Kelly en una entrevista justo antes de salir de la Casa Blanca. “Pero te puedo decir que esto no fue notificado”.

Un funcionario de la administración, hablando bajo condición de anonimato, negó esto, y dijo que Sessions se tomó su caída por una política que había sido discutida internamente durante meses.

El funcionario pronosticó que la controversia sobre la separación de la familia, “aún es un tema escandaloso de primera plana”, y que continuaría acosando a la Casa Blanca. “El interes está casi al mismo nivel que se le ha dado al informe de Mueller”, dijo el funcionario, refiriéndose al fiscal especial Robert S. Mueller III y su investigación de la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.

Por ahora, Jesús y su hijo están con un patrocinador estadounidense, y su familia está solicitando asilo juntos. Pero el trauma permanece.

“Llora por casi todo”, dijo Jesús. “Mi hijo no es el mismo de antes”.

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