Corte Suprema decidirá si en el censo 2020 podrán formularse preguntas de estatus de ciudadanía

En las presentaciones judiciales, el gobierno de Trump ha defendido la cuestión como algo normal e inofensivo, parte de una “tradición inquebrantable” cuya “ascendencia se remonta a casi 200 años”.

Pero si usted mira con mayor detalle, como lo hicimos nosotros, la historia cuenta un relato diferente. Durante el último año, estudiamos detenidamente material de archivo que incluía instrucciones para el censo del siglo XIX y décadas de documentos sobre estadísticas del gobierno. Descubrimos que la historia de la Administración Trump es engañosa, y quizás totalmente falsa.

Nunca en la historia del censo de 230 años, el cuestionario decenal solicitó el estado de ciudadanía. En realidad, cuando se hizo una pregunta de ciudadanía, se dirigió a pequeños segmentos de la población, como hombres nacidos en el extranjero de 21 años o más (1890-1910) o personas nacidas en el extranjero (1930-1950), principalmente para evaluar que tan bien se estaban asimilando.

De hecho, estas preguntas, dentro del censo, tienen un mal historial. Formaban parte de un enfoque que la Oficina del Censo rechazó en última instancia como incompatible con su deber constitucional de contabilizar a cada persona.

La historia realmente no está del lado de Ross, pero un tribunal federal ya tomó por verdadera la historia del gobierno de “esto ya se ha hecho antes”, por lo que es vital aclarar el historial antes de que el tribunal más alto de la nación sea engañado y el censo esté en peligro.

Antes de 1960, la Oficina del Censo trató de perseguir dos objetivos al mismo tiempo con el censo decenal: contar a todos y recopilar otra información que el gobierno necesita, como estadísticas de mortalidad o de empleo.

Esto provocó grandes problemas. Estos censos eran tremendamente largos, enormemente costosos, a menudo tardaban años en completarse y, lo más importante, estaban plagados de imprecisiones. Los encuestadores del censo se quedaron varados buscando respuestas a preguntas, por ejemplo, como si alguien en el hogar es “un preso, un convicto, un niño sin hogar o un indigente”.

En la década de 1950, la Oficina del Censo pudo aplicar la tecnología emergente y los nuevos métodos estadísticos para evaluar la precisión del recuento de la población, resultando que había sido profundamente defectuoso.

Los análisis posteriores estiman que el recuento incompleto del censo de 1950 es de 5 millones a 5.5 millones de personas, incluido un recuento inferior del 12% al 13% de personas que la oficina calificó como “no blancos”.

La dependencia también se dio cuenta de que podría recopilar mejores datos de forma más económica si se piden. Preguntas hechas sólo a porciones de la población y calcular las variables con esos datos.

Así que la Oficina del Censo redujo su formulario a unas cuantas preguntas. Todo lo demás se puso en una encuesta más detallada que se envió a pequeños grupos de muestra, ese modelo se ha usado desde entonces.

Las preguntas relacionadas con la ciudadanía estuvieron entre las primeras en eliminarse. La oficina las retiró completamente del censo en 1960 (excepto en Nueva York y Puerto Rico, que tenían necesidades inusuales de redistribución de distritos). Y, desde 1970 en adelante, las preguntas relacionadas con la ciudadanía sólo aparecían en las encuestas hechas a sectores más pequeños, tal como la forma detallada (hasta el 2000) o la Encuesta de la Comunidad Americana (desde 2005 en adelante).

Pero los funcionarios del censo nunca dejaron preguntas similares en el formulario de recuento, porque sabían que eso lo perjudicaría.

La oficina ha reconocido desde hace mucho tiempo que los entornos anti-inmigrantes hacen que las cuestiones de ciudadanía sean problemáticas.

En la década de 1970, cuando llegaron aquí oleadas de inmigrantes de América Latina y Asia, los legisladores y activistas comenzaron a buscar formas de limitar su poder político.

En el período previo a los censos de 1980 y 1990, los grupos antiinmigrantes y sus aliados obligaron a la oficina a excluir a los inmigrantes ilegales de este país del conteo. Para hacerlo, la oficina tendría que tratar de recopilar el estado de ciudadanía de todos.

El buró resistió repetidamente esta presión. El director de la Oficina del Censo, John Keane, advirtió al Senado en 1985 que las cuestiones de ciudadanía representaban un gran riesgo porque “la Oficina del Censo podría ser percibida como una agencia de aplicación de la ley”. Los esfuerzos para recopilar esta información, dijo, llevaría a las personas a negarse a participar en el censo por temor a que sus respuestas pudieran ser utilizadas contra ellos.

En el período previo al censo de 2020, la retórica y las políticas del presidente Trump ya han creado reacciones en contra para lograr un recuento preciso.

La investigación de la Oficina en 2018 encontró que el 35% de los encuestados asiáticos, el 34% de los encuestados afroamericanos y el 32% de los encuestados latinos temían que su información fuera compartida ilegalmente con otras agencias gubernamentales (en comparación con el 24% de los encuestados en general). Agregar una pregunta de ciudadanía no ayudaría en nada.

Cuando el tema llegue a la Corte Suprema el próximo 23 de abril, el historial del censo será fundamental para los argumentos. Su historial debería dejarlo claro: no hay justificación para agregar preguntas sobre ciudadanía en 2020.

Brianna Cea es asistente de investigación en el programa de democracia en el Brennan Center for Justice at the New York University School of Law, y es abogada en el mismo programa.

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