Empresas y trabajadores de California, asustados por las visitas de agentes federales de inmigración

Cuando, en las últimas semanas, agentes federales de inmigración visitaron tiendas 7-Eleven de Los Ángeles y compañías de transporte por carretera cerca de los puertos, para realizar auditorías de los registros de empleados, el tema causó escalofríos tanto en esas empresas como en otras de la región.

Defensores de los inmigrantes expresaron que algunos empleados de las firmas auditadas dejaron de asistir al trabajo. Los operarios de otras compañías están preocupados y temen ser los siguientes. Sus empleadores también están preocupados -o confundidos-, lo suficiente como para que grupos comerciales y abogados distribuyeran consejos e información a las empresas acerca de qué exige la ley federal y estatal, mientras la administración Trump y California se enfrentan por la política inmigratoria.

“Hay un nivel elevado de estrés y ansiedad”, expresó Alexandra Suh, directora ejecutiva de Koreatown Immigrant Workers Alliance, que ayuda a los trabajadores inmigrantes con bajos salarios en ese vecindario de Los Ángeles. “Solo el pedido de documentación provocó que varios trabajadores renunciaran en el acto”.

A continuación, qué ocurre con la actividad federal y cómo afectará a las empresas:

¿Qué busca ICE?

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el marco de la administración de Trump, prometió reforzar los controles en los sitios de trabajo, así como aumentar su presencia en las llamadas jurisdicciones santuario, como California.

En el reciente operativo de cinco días, los agentes de ICE entregaron 122 avisos a empresas del área de Los Ángeles para auditar sus formularios I-9. Varias semanas antes, se avisó a 77 compañías en el norte de California.

Los I-9 son formularios en los cuales los empleados dan fe de su estado laboral y presentan documentos para respaldar su identidad y que tienen autorización para trabajar.

Después de recibir esa notificación, los empleadores deben presentar la documentación en tan solo tres días hábiles.

Si ICE determina que, según los documentos, un empleado no está autorizado a trabajar, se le notifica al empleador que podría enfrentar sanciones civiles y penales si continúa dando trabajo a esa persona.

Los empleadores pueden hablar en privado con trabajadores específicos para tratar de corregir las discrepancias de documentos. La mayoría de las veces, a pesar de que las autoridades de inmigración no asisten a esas reuniones, los operaros simplemente desaparecen, según documentos de asesoramiento que abogados laborales distribuyeron a los productores de frutas el año pasado.

Qué requiere la ley federal

Es ilegal que los empleadores contraten deliberadamente trabajadores que se encuentran en el país sin autorización, y deben tomar algunas medidas para verificar que estos tienen permiso de estar aquí.

Para el formulario I-9, un empleado presenta pruebas tales como un pasaporte estadounidense, una tarjeta verde de residencia o un número de seguro social, junto con una identificación con fotografía otorgada por el gobierno o una escuela.

Los empleadores que no mantienen la documentación adecuada pueden enfrentar multas. Las sanciones financieras más grandes se aplican contra aquellos que contratan indocumentados a sabiendas.

Quienes participan en un “patrón o práctica” de contratar a trabajadores no autorizados pueden enfrentar cargos penales y multas monetarias más sustanciales.

Algunos expertos sostienen que las sanciones son demasiado débiles y están diluidas para apaciguar los intereses comerciales, a fin de permitir que las empresas miren para otro lado. Bryan Little, director de política de empleo del California Farm Bureau Federation, expresó que la mayoría de los empleadores no buscan contratar trabajadores indocumentados, sino que los documentos de estos a menudo son falsos.

Sin embargo, si los empleadores no aceptan un documento que “razonablemente parezca ser genuino y se relacione” con el trabajador”, pueden enfrentar cargos por discriminación. “No se puede exigir que sean un experto en examinar documentos”, afirmó Danielle H. Gotcher, socio administrativo de Global Immigration Partners, en Calabasas Hills.

¿Son nuevas las auditorías de ICE?

No. Las visitas de ICE a los empleadores alcanzaron un máximo de 3,127 durante el mandato del expresidente Obama, en 2013, antes de que su administración cambiara el enfoque para concentrarse especialmente en la deportación de personas condenadas por delitos graves. En el año fiscal 2017, ICE realizó 1,360 auditorías.

Pero bajo la autoridad de Trump, quien criticó la inmigración -tanto permitida como indocumentada- durante su campaña de 2016 y en su presidencia, los agentes de ICE están más dispuestos durante sus operativos a arrestar a cualquier individuo que se encuentre en el país sin permiso, incluso si esas personas no tienen condenas penales.

En el año fiscal 2017, que incluyó los últimos meses de la administración Obama y la mayor parte del primer año de Trump en el cargo, los arrestos inmigratorios de personas con condenas penales aumentaron un 12%. Las detenciones de individuos sin condenas criminales aumentaron a más del doble, superando las 37,000.

Las deportaciones reales bajaron un 6%, en parte debido a una fuerte caída en las detenciones de personas que intentaban cruzar la frontera. ICE ha prometido ser más enérgico en su accionar, y el subdirector Thomas Homan quiere aumentar los controles en sitios de trabajo en un 400%.

¿Cuál es la lógica de la ofensiva de Trump?

Dani Bennett, portavoz de ICE, destacó que las auditorías en las empresas son necesarias para proteger los empleos de quienes están aquí con autorización y “eliminar las ventajas competitivas injustas para las empresas que contratan mano de obra irregular”.

Algunos economistas sostienen que los inmigrantes, en particular los trabajadores indocumentados, han deprimido los salarios de los estadounidenses en empleos básicos porque amplían la base de mano de obra y están dispuestos a trabajar por menos.

Sin embargo, no hay consenso entre los expertos sobre el alcance de este efecto, y algunos incluso dudan que sea cierto.

Dave Smith, economista de Graziadio School of Business and Management, de la Universidad Pepperdine, destacó que los trabajadores indocumentados tienen un ligero impacto negativo en los salarios de los empleados poco calificados, pero la automatización y el alejamiento de la industria manufacturera han sido factores mucho más importantes en ello.

Giovanni Peri, director del Migration Research Cluster, en UC Davis, no cree que los inmigrantes hayan reducido los salarios. En cambio, consideró que, independientemente de su estatus legal, proporcionan un impulso a la economía puesto que representan más personas que compran bienes y servicios.

Los estudios muestran que los inmigrantes inician negocios a un ritmo mayor que los estadounidenses nativos. Según Peri, los trabajadores indocumentados toman trabajos manuales que muchas personas con estatus legal no quieren realizar. “Sin ellos, sería una economía mucho más pequeña”, consideró.

¿Qué industrias son las más afectadas por el endurecimiento de los controles?

Se estima que 11 millones de personas viven irregularmente en los Estados Unidos. Alrededor del 10% de la fuerza de trabajo de California se encuentra en el país sin autorización, según las estimaciones del Center for the Study of Immigrant Integration, de la USC.

Algunas industrias, como la agricultura y la construcción, tienen una concentración mucho mayor de trabajadores indocumentados.

Según investigadores de esa universidad, las personas indocumentadas representan el 45% del empleo agrícola en este estado. En la construcción, la cifra es del 21%. Los trabajadores sin autorización representan el 17% de los empleados en un sector amplio que incluye servicios de alojamiento y alimentación. Otras industrias con un número significativo de ellos son la fabricación, y el comercio al por mayor.

Tanto la agricultura como la construcción se enfrentan a una escasez de mano de obra, lo cual hace que esas empresas se preocupen por la pérdida de trabajadores inmigrantes. Una de las razones de ello es la disminución de la inmigración desde México.

Si la administración Trump incrementa las deportaciones y logra persuadir al Congreso para que limite la inmigración autorizada, la escasez de trabajadores empeorará, consideró Smith. Los proyectos de construcción tardarían más tiempo en finalizarse, y algunos cultivos quedarían sin cosechar.

“La mano dura contra la inmigración (...) podría tener un efecto de retroceso en la economía de California, que creo se ha beneficiado enormemente de una infusión de mano de obra a lo largo del tiempo”, explicó.

Hace varios años, auditorías similares de documentos I-9 realizadas en la costa central provocaron despidos. Los productores comenzaron a reclutar a empleados extranjeros invitados a través del programa de visa H-2A.

A principios de febrero, la California Fresh Fruit Association alertó a los productores de que las autoridades federales estaban revisando las plantas de embalaje que habían sido auditadas en los últimos cinco años, algo que en el pasado había hecho huir a los empleados.

“Su sola presencia en una oficina hace que la gente se vaya”, aseguró el presidente de la asociación, George Radanovich. “Estamos muy preocupados y deseamos que el gobierno federal ponga en orden su ley de inmigración”.

Durante una visita de dos días al Valle Central, el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, aseguró a los productores que había hablado en privado con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (HSD), la agencia que aloja a ICE, para advertirles que los operativos públicos pueden causar estragos en la industria.

“La gente no va a trabajar porque tiene miedo”, le dijo a Purdue Hortencia Solario, una trabajadora de Harris Woolf California Almonds, durante una visita a las instalaciones de procesamiento de la compañía, en Coalinga.

“La buena noticia es que el presidente Trump entiende lo que usted dice”, le respondió Perdue. “Las personas que trabajan y pagan impuestos aquí, en esta planta o en otros lugares, no son los individuos a los que él busca”.

¿Qué protección brinda la ley de California?

Una nueva ley estatal, AB 450, limita la cooperación que las empresas de California deben mostrar con las autoridades federales de inmigración.

Ahora, los empleadores pueden negarle a los agentes de inmigración ingresar en áreas “no públicas” de una empresa sin una orden judicial, por ejemplo. También pueden negarles acceso a los registros de los empleados sin una debida citación judicial, una orden de un magistrado o un aviso de inspección de I-9. Además, se requiere que los empleadores notifiquen a todos los trabajadores respecto de una auditoría I-9 dentro de los tres días de recibido el aviso de auditoría.

Otra nueva ley estatal también limita la cooperación entre la policía local y los agentes de ICE.

Homan, de ICE, afirmó que está aumentando la presencia de la agencia en California porque las nuevas limitaciones los obligan a realizar operativos a gran escala. En una operación separada en Los Ángeles, realizada al mismo tiempo que las auditorías I-9, agentes de la organización arrestaron a 212 personas indocumentadas.

Sue M. Bendavid, abogada laboral de Lewitt Hackman, en Encino, consideró que algunos de sus clientes comerciales están confundidos sobre su responsabilidad en el marco de la norma AB 450, y cómo ello podría entrar en conflicto con las exigencias de los agentes federales. Un cliente se puso en contacto con ella después de que agentes de ICE visitaran un negocio cercano. “[La ley] AB 450 realmente pone a los empleadores en una situación dura y difícil”, aseveró.

En un comunicado de prensa que anuncia las operaciones recientes en el área de L.A., ICE destacó que la nueva normativa laboral de California pretende “interferir con las autoridades federales de inmigración”, y “espera que los empleadores y los funcionarios estatales cumplan con la ley federal”. Sin embargo, Bennett, portavoz de la agencia, se negó a precisar si, para ICE, alguna parte de la norma AB 450 viola la ley federal.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, y la comisionada del Trabajo, Julie Su, emitieron un aviso y preguntas frecuentes este mes, e insistieron en que no hay conflictos entre la ley estatal y los requisitos federales.

“La Ley de Protección al Trabajador Inmigrante busca ante todo proteger la privacidad de los californianos en el lugar de trabajo”, destacó Becerra en una reciente declaración.

¿Qué otros riesgos plantean las auditorías para los empleados?

Si bien ICE afirma centrarse en personas que representan una amenaza para la seguridad nacional, pública y fronteriza, también reconoce que ya no mira para otro lado si los agentes se encuentran con indocumentados sin condenas penales. Además, ha ampliado el número de personas que considera prioritarias para la deportación.

A Cinthia Flores, abogada de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés), le preocupa que las auditorías de I-9 se utilicen como pistas para encontrar y deportar a los trabajadores despedidos por documentos sospechosos.

“Esa es nuestra principal preocupación”, dijo. “Más allá de perder un empleo, se supone que no debería haber ningún tipo de consecuencias para los trabajadores”. ICE confirmó que, según las circunstancias, es posible que la agencia vaya tras una persona después de que esta sea despedida.

Traducción: Valeria Agis

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