¿Hay manera de identificar a los pandilleros sin caer en el racismo?

Brian Allen conducía a casa desde el trabajo, en julio de 2017, cuando vio a un conocido de sus días en la preparatoria Crenshaw High School. Se detuvo, hablaron y accedió a llevar a su amigo -un aspirante a rapero, con antecedentes penales- hacia su destino.

Un patrullero del LAPD que pasaba por allí giró en U y detuvo el Nissan de Allen. Los oficiales interrogaron a ambos hombres, y los dejaron ir.

Sin embargo, más de un año después, la policía notificó a Allen que había sido agregado a CalGang, una polémica base de datos donde constan miles de pandilleros y personas relacionadas con esa actividad. La policía alegó que estaba relacionado con pandillas porque, según sospecha Allen, fue visto en áreas donde operan esos grupos -el vecindario del sur de L.A donde vive-, y en compañía de un presunto pandillero, su viejo compañero de escuela.

“Me sorprendió mucho”, afirmó el instructor de baile, de 31 años de edad. “De inmediato eres catalogado como un miembro de una pandilla, a menudo sólo por tu apariencia y por la zona en donde estás”.

Este mes, se espera que el Departamento de Justicia de California publique las nuevas normativas propuestas sobre el uso que la policía puede hacer de CalGang, resultado de una legislación aprobada en 2017, cuando una auditoría estatal determinó que la base de datos estaba llena de errores y nadie rendía cuentas.

Los agentes del orden afirman que CalGang es una herramienta importante, que funciona bien y que estar en ella no daña porque es una información bastante secreta. La policía asegura tener cuidado con quién agrega al listado, además de que la base de datos sólo puede usarse para investigaciones, no para evaluar personas según su estatus laboral o migratorio, o para buscar actividades delictivas.

“Ello no significa que puedas salir y apresar a alguien simplemente porque está en CalGang”, indicó Wes McBride, un ex agente de pandillas del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, que creó el precursor de CalGang en la década de 1980. “Es una herramienta de investigación, una pista”.

Pero gran parte de las críticas acerca de CalGang es que sigue siendo un vehículo para la discriminación racial, y que es demasiado fácil agregar a alguien pero demasiado complejo eliminarlo. Según el dato del Departamento de Justicia de California, más del 90% de las casi 90.000 personas en la base de datos en 2018 eran hombres de color, predominantemente latinos y negros.

Para abordar esos y otros problemas, la Legislatura otorgó la supervisión de CalGang al procurador general del estado, con el mandato de convocar a un comité asesor de funcionarios del orden y defensores de la justicia social, para que elaboren colectivamente nuevas reglas de identificación de pandilleros y sujetos vinculados, que justifiquen el escrutinio.

Ese comité se estancó el año pasado, explicó Sam Núñez, un activista de la comunidad de Stockton que se desempeñaba como presidente. El proceso dejó al descubierto el abismo de décadas entre la policía y las comunidades de color cuando se trata de descifrar quién es peligroso. La elaboración de las nuevas pautas ahora está únicamente en manos del procurador general, Xavier Becerra; su oficina se negó a comentar sobre estas antes de su lanzamiento, pero realizará reuniones para recabar comentarios del público en los próximos meses.

El Departamento de Justicia del estado ya ha tomado medidas para reparar CalGang, incluida la revisión de una parte de los registros para verificar su exactitud. Pero algunos temen que Becerra -quien no ha participado activamente en las últimas conversaciones sobre la reforma de la justicia penal- no ajustará las normas tanto como podría, especialmente sobre qué criterios deberían determinar el estatus de ‘pandillero’ y si los menores deberían estar en el listado. Ambas son áreas donde las autoridades han argumentado a favor de una amplia discreción.

Las publicaciones en redes sociales, los tatuajes, los colores de ropa, los logotipos deportivos, las señas con las manos y otras observaciones de los oficiales se han utilizado durante mucho tiempo -a menudo con éxito-, para registrar pandilleros y resolver crímenes.

Pero Sean García-Leys, un abogado del Urban Peace Institute, que posee varios clientes que luchan por salir de CalGang, dijo que esas razones están abiertas a la interpretación y a los abusos. Al abogado le gustaría ver más criterios basados en la evidencia para CalGang.

A Melanie Ochoa, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU), le preocupa especialmente cómo se definirá a un “integrante” de pandillas. A veces ese concepto ha sido lo suficientemente vago como para incluir a “un entrenador de fútbol, una novia o una abuela” de un pandillero conocido, alegó. Y, como en el caso de Allen, no es necesario tener antecedentes penales. “Una definición más amplia es increíblemente arriesgada y perjudicial”, consideró Ochoa. “Casi todo lo que hace una persona de color, que vive en una comunidad de color en particular, a menudo es señalado como asociación con una pandilla”

Otros están preocupados por los menores en CalGang. La base de datos contiene 1.022 menores de entre 10 y 17 años, según un informe del Departamento de Justicia realizado en 2018.

Michael Scafiddi, un ex policía especializado en pandillas que ahora es defensor penalista en San Bernardino y que también formó parte del comité asesor, consideró que los chicos a veces afirman ser pandilleros para moverse en vecindarios peligrosos, sin darse cuenta de las consecuencias que ello tendría si alguna vez son arrestados. “Los menores dicen cosas para no verse mal delante de sus amigos”, consideró.

Aunque el acceso a CalGang está restringido a ciertas agencias del orden, todavía hay temores de que los datos puedan filtrarse en los procedimientos de inmigración, consideró Christopher Sánchez, un defensor de políticas para la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Varios organismos en otros estados y dos agencias federales, incluida la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, tienen acceso a ella.

A Ochoa le preocupa que el Departamento de Justicia estatal ignore esos temores y “le dé mucha credibilidad a las declaraciones de los policías sobre cómo funcionan las cosas”.

McBride, quien también participaba en el comité asesor, cree que la base de datos funciona en gran medida como se esperaba. Sin embargo, la supervisión adicional podría llevar a algunas agencias a dejar de usar CalGang y mantener listas internas de pandilleros, no reguladas. Los datos del Departamento de Justicia muestran que algunas agencias del orden -como El Monte, Long Beach y Rialto- redujeron significativamente la cantidad de individuos ingresados en el banco de datos. “He hablado con tantos policías especialistas en pandillas; ya ni siquiera lo usan”, expuso McBride. “Dicen: ‘diablos, ya ni siquiera me molesto en hacerlo... es demasiado problemático”.

Aunque es probable que seguir en la base de datos sea más fácil de lo que a algunos les gustaría, salir de ella es un proceso turbio e impredecible. Antes de las reformas de 2017, no existía un procedimiento para solicitar la remoción y sólo los menores debían ser notificados de su ingreso.

Brian Allen: “todos los caminos correctos que tomé, simplemente no importan”. (Luis Sinco / Los Angeles Times)

Desde entonces, la Legislatura de California ordenó un proceso de dos pasos para solicitar el retiro: primero pedirlo a la policía, y luego apelar a los tribunales ante una negativa.

Pero no hay uniformidad y existe poca claridad sobre cómo los departamentos deben manejar tales solicitudes. Algunos proporcionan evidencia que respalda el por qué una persona está en CalGang; otros no. De las 53 solicitudes de remoción presentadas en California el año pasado, 11 fueron concedidas. Los tribunales negaron dos de las tres apelaciones, según los datos del Departamento de Justicia. García-Leys tiene cerca de 10 casos pendientes este año.

Benjamín Abaroa, de 40 años, fue uno de los primeros en California en obtener la aprobación para ser eliminado del banco de datos en 2017, con la ayuda de García-Leys. A pesar de haber sido un miembro conocido de la pandilla Boyle Heights White Fence en su juventud, Abaroa se recuperó de la adicción, dejó el vecindario y trabaja hace seis años en Homeboy Industries, un programa de intervención de pandillas. Él convenció al Departamento de Policía de Los Ángeles y otras agencias para que lo removieran de CalGang, aunque el proceso demoró unos seis meses. “Me siento bien, muy bien, es como una bendición para mí, mi familia y mis hijos”, aseguró.

Rubén Lona, de 27 años, no tuvo tanta suerte. El ex pandillero fue ingresado en la base de datos por la policía de Fullerton. Salió de prisión por última vez en 2015 y trabaja en la construcción desde entonces, relató.

El fiscal de distrito del condado de Orange lo liberó de una medida cautelar sobre pandillas, y él completó su período de libertad condicional, que incluyó mantenerse alejado de esos grupos. Pero la policía y los tribunales se negaron a retirarlo de CalGang. Seguir siendo etiquetado como pandillero le generó hostigamiento, afirmó Lona, a quien además le preocupa cómo el tema está afectando a sus hijos. “No importa qué, no importa a dónde vaya, van a seguir mencionándolo y usándolo en mi contra”, dijo.

Para Allen, la incertidumbre sobre su remoción del listado es a la vez frustrante y aterradora. No sabe cuál será el resultado, o cómo estar en CalGang podría afectar su vida. Con la ayuda de la ACLU, actualmente prepara una apelación en la corte.

Allen considera que etiquetarlo como pandillero es “injusto”. Él se involucró en la música y el baile cuando era adolescente, como una forma de evitar las pandillas; ahora, de adulto, aconseja a los niños que hagan lo mismo.

“Por la forma en que crecí, yo podría haber sido pandillero”, afirmó Allen, quien se hacía llamar Hurricane y ayudó a inventar el krumping, un estilo de baile hip-hop. “Estar en L.A y poder bailar en lugar de estar en las calles me ponía en una situación de poder prosperar”.

Ahora, siente que “todos los caminos correctos que tomé, simplemente no importan”, expresó, “todo lo que he hecho por mi comunidad simplemente me fue escupido en la cara”.

James Queally, reportero de planta del Times, contribuyó con este artículo.

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