Miles de guatemaltecos protestan en apoyo de la comisión anticorrupción

En todo Guatemala se produjeron manifestaciones, coincidiendo con el informe anual del presidente Jimmy Morales al Congreso, un discurso similar al del Estado de la Nación.

“Estamos preocupados por Guatemala”, dijo el jornalero Francisco Xelemango, quien participó en la marcha. “Lo que el gobierno está haciendo estos días es simplemente proteger a los funcionarios del gobierno y a los corruptos”.

Guatemala ha estado en crisis desde la semana pasada, cuando Morales expulsó abruptamente a una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas, que lo había estado investigando a él y a varios miembros de su familia.

Morales ignoró un fallo del más alto tribunal de la nación que revirtió esa decisión, y parece apoyar un esfuerzo de sus aliados en el Congreso para impugnar a los jueces del Tribunal Constitucional que se han opuesto a sus esfuerzos para expulsar a la comisión.

Morales solo aludió brevemente a la crisis en su discurso, que se centró principalmente en el trabajo de su administración en infraestructura, programas sociales y otros temas.

“Con respecto a la lucha contra la corrupción, mi gobierno continúa tomando medidas para garantizar la transparencia”, dijo.

Los legisladores de la oposición que boicotearon el discurso del presidente acusaron a Morales de llevar al país a la crisis para cubrir el caso de corrupción.

“Las acciones del presidente han provocado una crisis constitucional, una crisis del Estado”, señaló Sandra Morán, una de las legisladoras que no asistió al discurso del presidente.

En la ciudad de Guatemala, la capital, más de 20 cuadras en el centro de la ciudad estaban cerradas al tráfico de vehículos y una fuerte presencia policial vigilaba el área tras la presencia de una marcha de protesta convocada por más de 60 organizaciones de movimientos sociales que buscaba llegar a la plaza central.

Miguel de León, una de las autoridades indígenas que lideraban la marcha, dijo que apoya a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG.

De León, representante de un organismo de gobierno tradicional en la región Maya Ixil, a 130 millas al noroeste de la capital, sostiene que las recientes acciones del presidente son un peligroso retroceso hacia los regímenes autoritarios que dominaron Guatemala en el siglo XX.

Una guerra civil de 36 años entre el ejército y los guerrilleros de izquierda, dejó más de 200,000 muertos, muchos de ellos civiles indígenas mayas asesinados por el ejército.

“Hemos sufrido masacres y genocidio y sentimos pena ante la posibilidad de que la historia se repita”, dijo De León.

Desde 2007, los investigadores independientes de la comisión internacional han expuesto a 60 organizaciones criminales y han ayudado a enviar a 300 personas a la cárcel, afirmó Iván Velásquez, el jurista colombiano que encabeza la comisión.

Entre los encarcelados se encontraba el ex presidente Otto Pérez Molina, quien fue condenado por su papel en un esquema de corrupción aduanera.

Luego de la renuncia de Pérez en 2015, Morales fue elegido en una plataforma anticorrupción. Pero se opuso a la comisión después de que él y su partido fueron investigados por financiar campañas ilegales. Su hermano y su hijo fueron arrestados en un caso separado de corrupción. Todos ellos han negado las acusaciones.

Los esfuerzos del presidente para expulsar a la comisión incluyeron nombrar a Velásquez persona non grata en 2017, una decisión anulada por el Tribunal Constitucional.

En agosto, Morales anunció que no renovaría el mandato de la comisión, que finalizará en septiembre. Días más tarde, su gobierno prohibió la estancia de Velásquez en el país, alegando que es una amenaza para la seguridad nacional.

La Corte Constitucional volvió a revertir la medida, pero el gobierno respondió con un desafío abierto, y Velásquez se mantuvo al frente de la comisión desde fuera del país. Después de la expulsión de la comisión el 7 de enero, todo su personal internacional se fue de Guatemala.

La respuesta del gobierno de los Estados Unidos a las acciones de Morales en los últimos meses se ha limitado en gran medida a declaraciones públicas en apoyo de los esfuerzos contra la corrupción, pero no al apoyo explícito a la CICIG.

Los manifestantes y los legisladores de la oposición dicen que el orden constitucional y la democracia están bajo ataque. Dicen que lo que está en juego es más alto que nunca con las elecciones generales a solo cinco meses.

La comisión tenía un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral para garantizar elecciones justas y transparentes.

En una declaración el lunes 14, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó la importancia de garantizar el estado de derecho y el respeto de los tribunales, los fiscales, los funcionarios de derechos humanos y el tribunal electoral.

“El ejercicio adecuado de sus funciones es fundamental en el contexto actual y para las elecciones generales que se celebrarán en los próximos meses. El respeto de su seguridad y su integridad física, así como la de sus familias, debe ser garantizado por el estado de Guatemala”, recalcó.

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