Pese a los controles, las tiendas ilegales de cannabis prosperan

Desde la calle, parecía una clásica redada de drogas. Una media docena de policías y patrullas de la ciudad podían observarse en la entrada del dispensario de cannabis White Castle, cerca del puerto de Los Ángeles, donde un letrero con una cruz verde gigante miraba a la autopista Pacific Coast Highway.

Pero los policías no incautaron marihuana de la tienda ilegal. No se arrestó a nadie, sólo hubo detenciones breves mientras los trabajadores de servicios públicos cortaban la electricidad. Los oficiales habían estado allí antes, y probablemente volverán. Un detective supuso que la tienda reabriría sus puertas nuevamente en una semana.

En medio de las crecientes quejas de los legisladores y los grupos de presión del cannabis sobre el abarrotado mercado de la marihuana no regulada en la ciudad, Los Ángeles en los últimos meses incrementó los controles contra los dispensarios ilegales.

Con tanto dinero en juego, muchos infractores optan por mantener abiertas sus puertas, incluso después de que la ciudad les corta la electricidad o los amenaza con arrestos o multas.

El mercado de marihuana del estado tuvo un comienzo lento en 2018; los ingresos del primer año de ventas legales estuvieron $160 millones por debajo de lo proyectado en el presupuesto final del ex gobernador Jerry Brown. Muchos culparon a los altos impuestos y la negativa de varias ciudades a permitir la venta legal de cannabis, al tiempo que esas restricciones permitieron que prosperara un resistente mercado negro.

En ninguna parte ese problema es más evidente que en Los Ángeles, donde el número de tiendas ilegales compite con los dispensarios autorizados. En lo que debería ser el mercado más lucrativo del estado, muchos operadores legítimos aseguran que no pueden competir con los cientos de tiendas que venden a un precio más bajo al esquivar impuestos.

Más de 200 dispensarios ilegales de marihuana funcionan en L.A, según estimaciones de la policía y una revisión de The Times de los registros y listados de la ciudad en Weedmaps, un popular directorio en línea para empresas de marihuana.

Para identificar posibles infractores, The Times comparó todas las tiendas en Weedmaps con una lista de empresas a las que se les otorgó una aprobación temporal para funcionar, por parte del Departamento de Regulación de Cannabis de Los Ángeles. Los registros muestran que sólo 182 dispensarios de marihuana tienen permiso para venderla en la ciudad.

La revisión, realizada a principios de este mes, encontró 365 dispensarios anunciados en Weedmaps dentro de los límites de la ciudad. De ellos, más de 220 (60% del total) operaban en direcciones que no están en la lista de minoristas legales. Los números proporcionan sólo una estimación del problema.

Los listados en Weedmaps cambian con frecuencia. Es posible que algunas tiendas que han sido objeto de controles de la ciudad hayan cerrado desde la última vez que The Times revisó las listas del sitio web. Pero aquellas que cierran a menudo reinauguran con nuevos nombres, y no todos los dispensarios ilegales de la ciudad se anuncian en internet.

Los comercios no registrados funcionan en casi todos los rincones de Los Ángeles; las concentraciones más altas se ubican en el centro y sur de la Autopista 10, según el análisis de este periódico. Doce se encuentran en un tramo de Florence Avenue, entre los bulevares Crenshaw y Avalon.

Al trazar un mapa de las tiendas legales y sin autorización de la ciudad, The Times descubrió que grandes franjas del centro y el sur de L.A están dominadas por dispensarios no registrados. Los legítimos, que sólo pueden vender cannabis en sitios que cumplen con requisitos específicos -como estar a cierta distancia de una escuela- son más frecuentes en el Valle de San Fernando.

Es complejo encontrar estadísticas exactas sobre el tema. Un representante de la Oficina de Control de Cannabis del estado remarcó que la agencia no tiene datos fácilmente disponibles sobre los operadores ilegales en California, y que los funcionarios de Los Ángeles nunca han hecho pública la cantidad exacta de tiendas sin autorización. El Departamento de Policía de L.A, sin embargo, considera que el número es “menor a 300”.

Para los defensores de la marihuana, la lucha de Los Ángeles para reducir la actividad ilegal es más severa que en otras ciudades de California, como resultado de los años en que las empresas del rubro funcionaron de manera pseudo legal, en el marco de una cierta inmunidad.

“Esto es realmente un fenómeno de Los Ángeles... No puedo decir si hay un dispensario sin licencia que opere en Oakland o San Francisco”, expuso Dale Gieringer, director de la sucursal de California de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Marihuana.

De hecho, las autoridades que supervisan la industria de la marihuana en San Francisco y Long Beach dijeron que el número de dispensarios no regulados en esas ciudades no excede la cantidad de operadores con licencia.

Según los propietarios de tiendas legales en Los Ángeles, los comerciantes no autorizados tienen una ventaja competitiva importante, ya que ofrecen precios más bajos al evadir el impuesto a las ventas de cannabis (15%) del estado, así como la tasa (10%) de la ciudad.

“La frustración para nosotros es doble”, remarcó Carlos de la Torre, quien fundó Cornerstone Research Collective, en Eagle Rock. “Nuestras empresas sufren enormemente ahora porque debemos competir en un campo de juego injusto. Hemos gastado mucho tiempo, energía y recursos en la creación de algo que debía estar preestablecido, y parece que [la ciudad] en realidad no cumple con su parte del trato”.

La proliferación de tiendas ilegales afecta a los clientes de marihuana, propietarios legales y hasta las arcas del gobierno. Más allá de vender más barato que los operadores legales y colaborar con la reducción de los ingresos fiscales, a los funcionarios de la ciudad les preocupan los riesgos para la salud que plantean los comercios cuyas mercancías no están aprobadas por los reguladores estatales.

Algunos propietarios sostienen que muchos clientes no reconocen la diferencia entre los negocios legales y los no autorizados, y temen estar perdiendo ventas al cumplir con los códigos y los impuestos estatales y municipales.

“Las únicas críticas negativas que recibo son ‘están intentando estafarnos; estos precios son demasiado caros’”, relató Jerrod Kiloh, propietario del dispensario Higher Path, en Sherman Oaks, y presidente de la Asociación de Empresas de Cannabis de Estados Unidos. “Creo que muchos de los clientes no entienden que el costo de hacer negocios ha subido bastante”.

Para muchos propietarios con permiso el problema se ve agravado por Weedmaps, un servicio similar a Yelp, pero para empresas de marihuana. “Sin la publicidad que les hace Weedmaps, el 80% de ellos desaparecería”, consideró De La Torre.

Weedmaps no respondió a una solicitud de comentarios.

A pesar de las frustraciones de los dueños de negocios, el sitio web es una especie de arma de doble filo: los funcionarios, tanto de LAPD como de la oficina del fiscal de la ciudad, usan la plataforma en línea para identificar objetivos.

Aún así, concejales y operadores legales han criticado a esas agencias en los últimos meses, argumentando que la falta de control estricto permitió la propagación de las tiendas irregulares.

Cuando se legalizó la venta de marihuana para uso recreativo, en enero de 2018, la obtención de fondos y recursos para verificar el cumplimiento del orden se ha vuelto más difícil dentro de LAPD, expuso el detective Lou Turriaga, director de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles. Hasta hace poco, explicó, la unidad de apoyo al cannabis del departamento funcionaba con un “presupuesto básico”. Es poco probable que los investigadores locales de narcóticos prioricen la aplicación de la ley contra los dispensarios ilícitos sobre otro tipo de delitos de drogas o violencia en sus divisiones, consideró.

La ciudad ha señalado que tomará más en serio los controles sobre el cannabis este año. Se destinaron fondos para la regulación y para una campaña de concientización pública que ayude a los clientes a descubrir vendedores ilegales. El presupuesto para 2019 del alcalde Eric Garcetti deriva $10 millones hacia LAPD, para controlar el tema. Una ordenanza presentada por la concejal Mónica Rodríguez también podría hacer que los dueños de dispensarios irregulares, y aquellos que les rentan propiedades, cubran los costos de cualquier iniciativa del orden realizada en su negocio.

A pesar de la gran cantidad de tiendas ilegales que aún operan en la ciudad, los funcionarios sostienen que se han ocupado del problema agresivamente. El procurador de la ciudad, Mike Feuer, dijo que desde principios de 2018 su oficina presentó cargos contra más de 850 acusados, cerró 114 comercios, y habrá “muchas más en camino”.

Feuer reconoció la dificultad de clausurar permanentemente a los vendedores ilegales. Muchas de las tiendas que su oficina persiguió habían reabierto sus puertas con nombres diferentes, a veces en el mismo lugar. Recientemente, la agencia comenzó a atacar a los dueños de las propiedades y a imponer penas financieras de manera más agresiva, con la esperanza de que las multas masivas actúen como disuasorio.

El mes pasado, Feuer demandó a un dispensario del sur de L.A por vender cannabis que había sido tratado con un fungicida, algo que podría ocasionar millones en daños contra el negocio.

“Esto no es sólo una cuestión de oferta, también es una cuestión de demanda”, indicó. “Quiero que el mensaje sea mucho más claro para los posibles compradores de marihuana recreativa; simplemente no vale la pena correr el riesgo de ir a un lugar no autorizado, porque nadie hace pruebas a su producto, y sabrá Dios qué hay en él”.

En marzo, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que permite al Departamento de Agua y Energía clausurar los servicios públicos en los dispensarios no autorizados. Hubo bajas en aproximadamente 90 tiendas en los últimos dos meses, según el detective Vito Ceccia, de la División de Pandillas y Narcóticos de LAPD. La mayoría de los procedimientos iniciales se concentraron en el Valle, aunque recientemente el departamento comenzó a enfocarse en tiendas ilegales del sur de L.A.

Los investigadores creen que cortar los servicios públicos es más eficiente que emitir órdenes de allanamiento para procesos penales, que probablemente sólo resultarán en cargos por delitos menores. En una tarde reciente, trabajadores de los servicios públicos y detectives de la División del Puerto de LAPD cortaron la electricidad en cuatro tiendas no autorizadas, en menos de tres horas. Según Ceccia, habrían podido ejecutar sólo una orden de cateo en ese marco de tiempo.

“Vemos un aumento en la apertura de estos negocios porque son muy rentables, especialmente si no pagan los impuestos que deben”, indicó. “La mayoría de ellos ha vuelto a abrir sus puertas, y es por eso que estamos buscando a nuestros socios, como DWP, para encontrar otros recursos -más allá de la aplicación de la ley y los métodos tradicionales- para cerrar estos lugares”.

La policía aún puede confiscar la marihuana y el efectivo de un negocio irregular si ejecuta una orden de allanamiento por una investigación criminal. Pero como todas las sanciones penales por la venta o el cultivo ilegal de marihuana fueron reducidas a delitos menores en virtud de la Proposición 64, los funcionarios piensan que las multas civiles y los cierres de los servicios públicos son más efectivos, y requieren menos trabajo.

En Los Ángeles, según Feur, su oficina puede presionar por una multa de competencia desleal de $2.500 al día contra los vendedores ilegales. Mediante la iniciativa de los votantes que estableció el mercado de marihuana de Los Ángeles, la ciudad también puede sancionar diariamente por $20.000 a los operadores fuera de la ley, aunque Feuer rara vez ha usado esta táctica, “que aún no se ha probado en la corte”, indicó.

Muchos de los involucrados en la industria del cannabis también expresaron su frustración de que los reguladores hayan demorado en aprobar los permisos de los dispensarios, especialmente de aquellos que caerían en un programa de equidad social destinado a que personas de las comunidades más afectadas por los controles sobre la marihuana criminal ingresen al mercado legal.

Se espera que la ciudad emita otras 250 licencias para comercios, lo cual duplicaría con creces el número de dispensarios legales en la ciudad, pero ese proceso comenzaría hasta septiembre como muy pronto, advirtió Sylvia Robledo, directora de información pública del Departamento de Regulación de Cannabis. La agencia espera poder expedir aproximadamente 400 licencias antes de enfrentarse a las restricciones de la ciudad en contra de tener demasiados dispensarios concentrados en un vecindario en particular.

El efecto a largo plazo de las estrategias de controles de la ciudad no está claro.

Aunque los cortes de los servicios públicos han interrumpido el funcionamiento de algunas tiendas, muchas empresas simplemente reabrieron apenas obtuvieron un generador externo. El detective que aseguraba que el dispensario de White Castle, cerca de Wilmington, volvería a operar en una semana, estuvo casi en lo cierto. Un empleado confirmó que la tienda estaba abierta cuando un reportero de este periódico llamó al lugar, 10 días después.

La redactora de planta Emily Alpert Reyes contribuyó con este informe.

El código de computadora que generó este análisis está disponible como software de código abierto.

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